Una reunión entre la directiva de la Democracia Cristiana y la ministra del Interior, Izkia Siches, se concretó esta mañana en el Palacio de La Moneda.

¿El motivo? Hacer entrega de una “propuesta integral de seguridad” al gobierno, elaborada por el partido falangista y aprobada por su consejo nacional.

“Le hemos venido a decir a la ministra que estamos absolutamente dispuestos a colaborar”, expresó tras la cita el presidente nacional de la DC y alcalde de La Granja, Felipe Delpin.

En concreto, son nueve las medidas descritas en el documento.

• Acuerdo Nacional para un plan de reformas y la vigencia del derecho a la seguridad. Se propone que el gobierno convoque a un proceso de diálogo con representantes del Parlamento, partidos políticos, instituciones del ámbito de seguridad y justicia y expertos, para abordar una agenda de cambios profundos en la institucionalidad ligada a la persecución penal y el trabajo policial.
• Creación de brigada especializada contra el crimen organizado. Se propone radicar en la Policía de Investigaciones de Chile una fuerza de tarea que reúna a funcionarios de la PDI y Carabineros de Chile que tengan una trayectoria de especialización en la investigación criminal, así como también la creación de una ley especial debe definir y regular las funciones y el ámbito de actuación de esta brigada.
• Reforma al Ministerio Público y disminución de la impunidad delictual. Se propone una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, orientada a regular la supervisión administrativa por parte de la Contraloría, a precisar las necesarias coordinaciones que debe sostener con otros órganos del estado; principalmente, Poder Judicial y Ministerio de Interior y Seguridad Pública.
• Un país que protege a sus niños y jóvenes. Se propone la extensión del programa “Lazos” en todas las comunas del país de más de 40 mil habitantes y no sólo en las 50 comunas incorporadas hasta el 2021.
• Descentralización y gobernanza de la seguridad. Se propone que, en el marco de un Acuerdo Nacional, se avance hacia un aumento sustantivo de recursos, los que deben ir destinados prioritariamente hacia nuevas funciones policiales y dotar a los gobiernos regionales y municipios de estructuras básicas de prevención del delito y la violencia.
• Castigo efectivo a los delitos de “cuello y corbata”. Se requiere una actuación decidida del Estado que debe, al menos contemplar: a) el fortalecimiento del Servicio Nacional de Consumidor para una fiscalización y defensa efectiva de la población; b) Revisión de la legislación vigente, para garantizar penas efectivas de cárcel a los involucrados en estos delitos y procesos judiciales ágiles para la compensación oportuna a los consumidores.
• Violencia, delito y justicia en la Macrozona Sur. El Acuerdo Nacional en Seguridad debe ser capaz de definir una política para la Macrozona Sur que diferencie entre delitos, terrorismo y la necesidad de justicia para nuestros pueblos originarios.
• Control de armas. Aumentar los requisitos para la adquisición de armas y realizar un sistema de etiquetado de municiones y su registro nacional. Aumentar, también, penas por contrabando de armas y detectar las organizaciones y mercados criminales relacionados, por ejemplo, con corrupción de instituciones del Estado.
• Fuerte inversión en tecnología con propósitos disuasivos e investigativos. Es necesario invertir en dispositivos como cámaras, drones o sistemas de información cruzados, para un trabajo más efectivo de las policías y la labor preventiva de municipios.

El timonel falangista también apuntó a la necesidad y urgencia de avanzar en un acuerdo nacional por la seguridad, y precisó que también fue uno de los temas que estuvieron sobre la mesa durante la reunión con la jefa de gabinete.

“En esto no hay que pensar en lo pequeño, no hay que andar con cálculos mezquinos, con la calculadora viendo qué es lo que me conviene a mí como partido, aquí hay un problema que es real y que es la seguridad y la violencia que se vive en el territorio”, señaló, agregando que “por lo tanto, aquí todas las fuerzas políticas, el Parlamento, la organización civil y los partidos políticos estamos llamados a lograr un gran acuerdo”.

Asimismo, detalló que desde el Ejecutivo “nos han invitado a participar de algunas conversaciones, en comisiones cuando se estén discutiendo estos temas”, y reiteró que “como DC estamos absolutamente dispuestos a colaborar y apoyar en todo aquello que vaya en beneficio de nuestro país”.

Tras la reunión con la ministra del Interior, el presidente de la DC fue consultado sobre el proyecto de infraestructura crítica que es discutido en la Comisión Mixta. Una instancia conformada para aclarar las diferencias entre el Senado y la Cámara sobre dicha iniciativa.

“No es solo desde nuestra mirada proteger la infraestructura. Es importante que podamos proteger a través de las Fuerzas Armadas los caminos, dar la tranquilidad, dar normalidad -entre comillas-, para que la zona de La Araucanía y la Macrozona Sur pueda seguir funcionando”, explicó Delpin.

Sin embargo, también apuntó a que “el Estado tiene que estar para proteger no solo la infraestructura, no solo a los empresarios, sino que obviamente lo principal es a las personas. Y el trabajo para resolver este gran problema no pasa solo por militarizar esa zona, sino que por hacer un gran diálogo”.

“Tiene que ser un diálogo que hay que hacerlo con todas las comunidades mapuche, las que están por el diálogo y las que han mostrado una actitud mas radicalizada”, complementó, agregando que “esperamos que en algún momento todas las comunidades radicalizadas y que Héctor Llaitul entienda que la solución al conflicto es parlamentar, así lo hicieron sus ancestros, llegaron acuerdo con la corona española y eso hay que retomarlo”.

En ese escenario, el timonel de la DC también fue consultado sobre el anuncio que realizó el miércoles el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartando una querella al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Una acción penal que había sido previamente confirmada por la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega.

Al respecto, indicó que “si alguien llama la insurrección a la vía armada a lo menos tiene que dar una explicación en los tribunales. Hasta este momento han sido solo declaraciones que no han pasado más allá, y esperamos a que eso no suceda”.

Así, hizo un llamado al líder de la CAM a “que reflexione, piense lo que está haciendo, porque no es el camino, nunca la violencia ha sido la vía para resolver los problemas”.