Con un total de 20 solicitudes de votaciones separadas, la sala de la Cámara de Diputados finalmente aprobó parcialmente los ajustes al proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza (las llamadas RUF) que fueron acordados por el Senado.

Sin embargo, igualmente diez puntos de la iniciativa fueron rechazados, básicamente por resistencia de la propia oposición, los cuales fueron derivados a una comisión mixta, que se constituirá entre diputados y senadores para zanjar esos nudos de la tramitación.

Esta reforma en cuestión establece un protocolo de cómo policías y efectivos de las FF.AA. -exclusivamente en misiones en territorio nacional- deben actuar en tareas de orden público o de seguridad ciudadana.

Rechazos

La votación en la sala de la Cámara -en su tercer trámite legislativo- estuvo marcada por las observaciones que de manera transversal hicieron distintos partidos políticos respecto al texto que llegó desde el Senado.

Gracias a una mayoría circunstancial lograda en la sala, la oposición rechazó una enmienda que señalaba la “prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, además de establecer que “ningún miembro del personal podrá infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

A continuación, la sala, también con votos opositores, rechazó el “deber de protección y resguardo de niños, niñas y adolescentes”. Esta norma, además, establecía que las Fuerzas de Orden y Seguridad o de las FF.AA. deberán obrar teniendo en consideración el “interés superior” del niño cuando en el ejercicio de sus funciones afecten a los menores.

También la derecha rechazó una norma que hacía referencia a “etapas” en que las policías y las FF.AA. deben actuar, como la “vigilancia pasiva”, actuación mediante técnicas de comunicación, reducción física, entre otras.

La utilización de fuerza potencialmente letal también fue otra norma que no logró pasar el filtro de la Cámara, con votos de oposición.

Otra norma que fue rechazada fue la del eximente de responsabilidad penal para el personal de FF.AA y de Seguridad Pública.

Otro artículo, que ampliaba las reglas al personal de FF.AA. y de Seguridad Pública que actuaren de franco tampoco vio la luz.

Observaciones cruzadas

Lo curioso es que en las horas previas las cerca de 50 solicitudes de votaciones separadas, que al final se resumieron en 20, mostraron sorpresivas coincidencias entre los extremos opuestos de la Cámara.

Por ejemplo, la norma relacionada con las eximentes penales que se aplicarían a los efectivos, que coincidentemente no agradó ni al diputado Johannes Kaiser (libertario) ni el comité del Partido Comunista-Acción Humanista.

Obviamente las razones para intentar corregir esta norma eran distintas, pero al menos el hecho dejaba en evidencia que las RUF tienen detractores en ambos sectores políticos.

Además, hubo otro punto impugnado por el PC, que también fue objetado por el diputado Diego Schalper (RN): “Principio de responsabilidad: el uso de la fuerza, fuera de los parámetros establecidos en la presente ley, conlleva las responsabilidades de quienes la ejercen y, cuando la ley lo determine, la responsabilidad de los mandos respectivos y de la autoridad civil”, decía la norma, cuya redacción no dejaba conforme a la bancada comunista ni al legislador de Renovación.

El problema de ello es que la redacción que resultó del Senado tampoco dejó conforme al gobierno, que, para evitar seguir profundizando una tensión al interior de su propia coalición, decidió retirarle la urgencia.

De hecho, el martes pasado, los diputados del oficialismo que integran la Comisión de Seguridad se coordinaron para hacer un reproche colectivo al ministro del ramo, Luis Cordero (independiente), a quien le criticaron una falta de diálogo para definir una estrategia sobre cómo abordar la iniciativa.

Luego de ello, el secretario de Estado protagonizó un altercado con el diputado Jaime Araya (indep. PPD), quien fue uno de los que participaron del reproche colectivo, a quien le enrostró haber sido parte de una “encerrona”.

Si bien al día siguiente Cordero se disculpó y Araya dio por superado el incidente, el hecho expuso las tensiones que provoca esta reforma al interior de la alianza gubernamental, donde tampoco hay unanimidad respecto de qué hacer con la iniciativa. Mientras algunos son partidarios de desechar toda la tramitación, otros creen que el texto aún es perfectible.

Por ello, se espera que esta tarde La Moneda al menos despeje qué aspectos desea preservar o rechazar del proyecto que despachó el Senado.

Independiente de ello, al menos con la gran cantidad de solicitudes de votaciones separadas, ya está claro que la iniciativa será derivada a comisión mixta.