Una materia que probablemente impactará en la fiscalización de los productos financieros, fue aprobada por la Comisión Mixta que busca zanjar las diferencias entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto que establece mayores obligaciones a los agentes de mercado.

Se trata de la creación de un denunciante anónimo sobre operaciones sospechosas, el cual después va a ser compensado económicamente. Esta materia fue aprobada por 7 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

Así es como el artículo 82 señala que los denunciantes se acogerán de manera voluntaria para “colaborar” con investigaciones aportando antecedentes “sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos” para detectar infracciones al mercado de capitales o que regule la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El denunciante será recompensado con un porcentaje de la multa aplicado tras la investigación definido por la CMF, “no podrá recibir un monto menor al 10% de la multa aplicada, y en ningún caso será un monto superior” a 25.000 UF ($725.000.000). Este monto no constituirá renta y las operaciones para efectuar el pago gozarán del secreto bancario.

No podrán acogerse bajo esta figura quienes hayan “incurrido en la conducta sancionada o tengan calidad de víctima”. Y quienes entreguen antecedentes falsos serán afectados con penas de cárcel y multados entre 6 a 10 UTM ($306.000 a $510.000, aproximado).

El denunciante tendrá la calificación de “secreto” es decir se resguardará su anonimato, y aquellos que hayan conocido de su existencia y no mantengan la reserva serán sancionados con multas de 10 a 30 UTM ($510.000 a $1.530.000 aproximado), y éste fuera funcionario público tendrá pena de reclusión y será destituido de su cargo.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) fue el único voto en contra de esta idea propuesta por el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones en el paso del proyecto por la Cámara de Diputados.

El parlamentario recordó que esta figura sólo existe en EEUU, Corea y un estado en Canadá y se ha rechazado implementarla en algunos países de la Unión Europea, “creo que propiciar la industria de delatores altera por completo el sentido del derecho y la moral en Chile. Creo que una situación como ésta debe ser discutida en su mérito, y no incorporarse en un segundo trámite sin consultarle a ningún penalista (…) no me gusta un país de delatores. Creo que estamos cometiendo un error desde todo punto de vista”, sostuvo.

“Más que no querer un país de delatores, no queremos uno donde la gente abuse de su posición, sobre clientes y consumidores. Si hay alguien que pueda colaborar a desenmarañar fraudes, bienvenido sea”, replicó el diputado Giorgio Jackson (RD).

Mientras tanto, el senador Ricardo Lagos (PPD) recordó que esta figura fue recomendada por una comisión transversal, “es un cambio apropiado”; y el presidente de la instancia, senador Jorge Pizarro (DC) acotó que habrá multas cuando las informaciones no sean verídicas. “Si la inquietud es dar un incentivo perverso y que haya gente que invente denuncias para afectar la competencia, se toman los resguardos con sanciones a quien haga denuncias falsas. El delator anónimo surge porque otros mecanismos más tradicionales no han dado resultado”, recalcó.