Aguas Andinas ha estado en el ojo del huracán los últimos días, esto a raíz del episodio protagonizado por su filial Essal en la ciudad de Osorno. Pero su acción ha caído relativamente poco en la Bolsa de Comercio de Santiago: durante el mes de julio acumula una baja de algo más de un 2,0%, en tanto el IPSA ha descendido un 0,5%.

Un castigo suave que insinúa que el mercado asume por el momento un impacto más bien moderado en la valorización de la empresa. Una extensión de lo anterior pareciera ser que el mercado sigue pensando que la compañía cuenta con una buena gobernanza, que el EBITDA de Essal pesa relativamente poco en el total del negocio, o que la empresa sabe cómo moderar los efectos de la crisis.

Esa lectura puede ser equivocada. El episodio sin duda tiene una serie de consecuencias políticas pues ha puesto al Gobierno en la necesidad de ser ejemplarmente estricto con la empresa. Se avecina el despliegue de la artillería legal disponible, junto con una potencial caducidad de la concesión de servicio público en Osorno (que abre la interrogante acerca de la inversión realizada en activos de infraestructura por el concesionario en el territorio de la misma).

Seguirán otras tantas acciones colectivas de parte de los consumidores, así como acciones civiles de indemnización de perjuicios por los clientes directamente afectados y con mejor capacidad de organización. Puede que el Gobierno pida la cabeza del Directorio de la compañía como parte de las sanciones políticas que pretenda imponer y del mensaje que quiera instalar en la opinión pública.

Cuesta pensar que en un escenario así, el valor de la empresa no se vea afectado, entre cuyos dueños se cuentan varios accionistas extranjeros e incluso la CORFO todavía dueña de un 5%. Y lo paradojal de la situación es que Aguas Andinas, al igual que muchos otros emisores locales, declara al mercado a través de la conocida Norma Nº 385 de la CMF, que ha implementado un proceso formal de gestión y control de riesgos pero que no cuenta con una unidad a cargo de ello, ni de otra que audite internamente su cumplimiento y que reporten directamente a su Directorio.

Ex – post resulta difícil entender porque una empresa que suministra un servicio tan esencial, como el agua potable, no las ha implementado siendo la continuidad operacional una variable absolutamente crítica. Y esto desafía también la creencia de que aquellas empresas con un dueño que la controla efectivamente, cuentan con estructuras de gobernanza más robustas que permiten que los demás accionistas puedan apoyarse en el gobierno del controlador.

La experiencia de Aguas Andinas puede hacer que los accionistas comiencen a realizar un escrutinio más estricto de las prácticas efectivas de gobierno en las empresas. Ello va a depender de cuanto se resienta su valorización a causa del episodio Osorno. Y si los efectos finales fueren más bien leves, creo que tendremos que esperar una inflexión de la mano de inversionistas más activos y si no de que aparezcan accionistas de corte definitivamente activista.