“Nosotros estamos trabajando para llegar a juicio oral, el camino es largo y obviamente todavía hay mucho tiempo que cumplir. Por lo pronto, tenemos un plazo que está fijado para cerrar la investigación prontamente y esperamos que después de ese cierre, nosotros podamos plantear formalmente los argumentos”, aseguró Julián López, abogado de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, tras la formalización de sus defendidos por la arista de contratos forward en el llamado Caso Penta.

La instancia judicial duró una hora y se formalizó a siete de los ocho imputados, ya que el ejecutivo Mauricio Pinto -ligado al grupo Cruzat- se excusó por estar hospitalizado, tras haber sido sometido a un transplante.

La jueza dictaminó que la diligencia será el lunes 22 de junio, mismo día en que se formalizará a cuatro políticos UDI -Ivan Moreira, Pablo Zalaquett, Felipe de Mussy y Jovino Novoa- y al ex diputado RN, Alberto Cardemil, todos por delito tributario.

En la audiencia, presidida por la jueza Wilma Tapia, el fiscal Pablo Norambuena estuvo a cargo de la lectura de los cargos contra los dueños del grupo Penta, así como contra Pablo Wagner, Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal y Marcos Castro e Iván Rojas.

El fiscal solicitó, como medida cautelar, arresto domiciliario total y arraigo nacional para Rojas, ya que era el único de los imputados que no enfrentaba cargos. Esto fue concedido por la jueza. Para el resto de los involucrados, se mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario decretada en marzo.

En su exposición, Norambuena detalló que a los acusados se les imputaba un total de 120 contratos forward por más de $6 mil millones, los que significaron un perjuicio tributario por $2.400 millones.

En el caso de los controladores del grupo Penta, por su parte, la investigación es por 44 contratos a futuro realizados entre los años 2008 y 2012, con los que, según el fiscal, se configuran reiterados delitos tributarios.

Luego de la formalización, Norambuena aseguró que “tratamos de ser lo más sintéticos posibles, con imputaciones precisas (...) operaban manipulando la fecha del contrato, al momento de la liquidación se contaba con el valor del dólar y así efectivamente se generaba una pérdida ficticia para las empresas, se traspasaban los dineros a CB Consultoría de Proyectos y luego CB realizaba otras operaciones de forward para traspasar los dineros, fundamentalmente a ejecutivos del grupo Penta que finalmente se enmascaraban bonos o remuneraciones”.

La defensa de los imputados

A la salida del tribunal, Pablo Medina, abogado del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner - quien habría realizado un contrato a futuro por $100 millones-, dijo que “consideramos que la fiscalía no tiene legitimación procesal para perseguirlo dado que Pablo Wagner no ha sido ni denunciado ni querellado como persona natural por parte del Servicio de Impuestos Internos”.

En representación de Iván Rojas, el abogado Felipe Moraga afirmó que “hemos tolerado la medida cautelar y pretendemos revertirla a la brevedad (...) tenemos diferencias siderales con el Ministerio Público, que insiste que los forward se hicieron para rebajar base imponible, en circunstancia que es todo lo contrario: aumentan la base imponible”.

Catherine Lathrop, en tanto, indicó que su representado, el ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, “como persona natural ya pagó los impuestos que dicen relación con esto y respecto de los impuestos adeudas por las sociedades, también se pagaron”.

Con todo, López indicó que “éste no es el momento para hacer la defensa del caso, hoy (ayer) hemos cumplido con una formalidad que es conocer las imputaciones de la fiscalía respecto de estos hechos”.

Juicio oral

Cercanos al proceso aseguran que lo lógico sería que la fiscalía decida separar la investigación: por un lado, el caso Penta y, por otro, lo relacionado a SQM. Esto, considerando que el 7 de julio vence el plazo de 120 días establecidos para la investigación (en la primera audiencia del 7 de marzo). Ésta es la fecha límite que tiene la fiscalía para decidir si cierra la investigación o pide aumentar el plazo; en el primer caso, se llegaría al juicio oral, que es lo que está solicitando la defensa de Lavín y Délano.

Así, detallan, se podría seguir adelante con las demás aristas que, aseguran, se encuentran en fases más preliminares en cuanto a la investigación.