La comisión del Senado de Brasil que estudia el juicio político a la suspendida presidenta de ese país, Dilma Rousseff, votó ayer a favor de someter el caso al pleno de la cámara, lo que abre el camino para que la mandataria sea removida definitivamente del cargo.

El grupo de 21 senadores votó 14 a 5 para que se juzgue a Rousseff por acusaciones de que manipuló las cuentas fiscales para permitir un mayor gasto del Gobierno antes de su reelección en 2014. Ella niega los cargos, y sostiene que es víctima de una conspiración de la derecha.

“La votación del comité confirma no sólo que Rousseff rompió normas fiscales a sabiendas, sino que además fue una administradora deshonesta”, dijo a medios el senador Ricardo Ferraço.

El Senado votará el martes si acepta los cargos y comienza un juicio que debería alcanzar un veredicto a fines de mes.

Una vez aceptados los cargos, los autores de la acusación tendrán 48 horas para presentar la acusación y la lista de testigos, aunque señalaron que lo harían en menos tiempo. A continuación,  se abre un nuevo plazo de 48 horas para que la defensa presente sus argumentos y sus correspondientes testigos.

Luego sigue un período de 10 días para el inicio del juicio en sí, dirigido por el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski.

Este último señaló el fin de semana que la primera fecha “posible” para iniciar el juicio de Dilma en el pleno del Senado es el 26 de agosto, pero que el 29 era la fecha “acordada”. Sin embargo, durante la semana el presidente del Senado, Renan Calheiros, dijo que el juicio podría comenzar entre el 25 y el 26 de agosto, anticipándose a la cumbre del G20 a principios de septiembre en china. De ser así, Temer podría llegar como el presidente de Brasil con todas las credenciales.

En tanto, sondeos realizados por medios brasileños indican que más de dos terceras partes del Senado votaría por la remoción de la líder socialista, lo que confirmaría en el cargo al presidente interino Michel Temer hasta culminar el mandato original de Rousseff en 2018.

Desde el 12 de mayo, cuando el Senado suspendió a Rousseff, la bolsa de Sao Paulo y el real se han fortalecido ya que los inversores apuestan a que se concrete su destitución y que se confirme a Temer, quien ha propuesta políticas que favorecen a la empresa privada.

El proceso en contra de la suspendida presidenta ya ha disparado la peor crisis política en Brasil en décadas, junto con una serie de escándalos de corrupción, justo cuando el país recibe a los Juegos Olímpicos.

La incertidumbre política ha hecho que la mayoría de los líderes políticos se mantengan al margen del evento deportivo, cuya ceremonia inaugural se realizará el viernes en Río de Janeiro. Fuentes del Gobierno dijeron a Reuters que apenas 28 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su visita, contra los 50 que se esperaban.

Rousseff no estará en los Juegos Olímpicos. En una reciente entrevista con El Mundo, la presidenta suspendida aseguró que “es ilegítimo que el Congreso interrumpa el mandato de un presidente sin ninguna ilegalidad” y defendió su inocencia: “Le han dado la vuelta a mi vida del mundo y del revés y no han encontrado nada que me relacione a corrupción y tampoco cuentas en Suiza”. Rousseff, que calificó a Temer de “traidor”, de “usurpador” y de haber “conspirado por el golpe”, defendió la inocencia de Lula, recientemente imputado por obstrucción a la Justicia.

La mandataria tampoco estará hoy en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Rio, que será presidida por Míchel Temer. “Imagina que montas una fiesta y luego viene otro a ocupar tu lugar, no iba a estar en el evento para ser la Cenicienta”, argumentó Rousseff.