Jaqueado por la crisis económica y amenazado electoralmente -si no hay anomalías el chavismo perdería las legislativas de diciembre, según advierten las encuestas más sólidas-, el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha jugado por el antiguo recurso del nacionalismo que a menudo se contamina de xenofobia. El mandatario ordenó deportar a centenares de colombianos que vivían del lado de Venezuela en el poroso límite entre los dos países y cerró los pasos fronterizos. La acusación de Maduro contra los migrantes colombianos es débil y genérica, no distingue entre quienes cometen delitos o irregularidades -que sin duda los hay- y las personas honestas, y enmascara que son las distorsiones de la política y la economía de su país las que estimulan los flujos de contrabando. La actitud de Maduro ha causado una virtual crisis humanitaria a pequeña escala, pero además ha puesto de relieve la peor cara de las instancias de integración y diálogo regionales: su incapacidad de reaccionar. Si bien respecto de Unasur no se puede ser optimistas, debido al influjo de Venezuela y sus aliados de la izquierda populista en ella, es más decepcionante que la OEA no haya logrado acuerdo para una reunión urgente de cancilleres que abordara el problema entre dos de sus miembros. “¿Dónde está la región?”, se ha preguntado -con razón- el Presidente Juan Manuel Santos. En el impasse Colombia-Venezuela se ha confirmado la esterilidad de ciertos organismos multilaterales.