El miércoles 7 de octubre el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, hizo una jugada que no pasó desapercibida para los agentes del mercado laboral. En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados anunció un conjunto de indicaciones al proyecto que moderniza el sistema de Alta Dirección Pública y fortalece el Servicio Civil,  sumando a ese mecanismo de selección de altos directivos públicos al primer y segundo nivel jerárquico (director y subdirector) de la Dirección del Trabajo (DT).

La propuesta de Valdés al Congreso cobró relevancia justo cuando la Reforma Laboral, que se discute en el Senado, introduce una serie de nuevas obligaciones que deberán ser asumidas por la DT. Entre ellas cabe destacar aquel grupo de normas que incorpora mediaciones voluntarias, obligatorias y forzadas, las que deberán ser conducidas por la DT. También el organismo fiscalizador actuará como árbitro en caso de que sindicato y empleador no logren acuerdo en la definición de servicios mínimos.

En el sector privado interpretaron que el traspaso de la DT al sistema de ADP fue una maniobra de Valdés con el objetivo de dar una señal de despolitización del servicio, en medio del debate laboral que ha estado marcado por acusaciones de ideologismo y atrincheramiento de los actores.

El año 2003, cuando se discutió la creación del sistema de ADP, se acordó dejar a la Dirección del Trabajo fuera del sistema por considerarla estratégica desde el punto de vista político. En la primera administración de Michelle Bachelet, el entonces titular de Hacienda, Andrés Velasco, trató de incluir al servicio en el sistema de selección de directivos públicos, sin embargo encontró resistencia de su colega de la cartera del Trabajo, Osvaldo Andrade. En tanto, durante los tiempos de Alberto Arenas al mando de Teatinos 120 no se generó el espacio para incluir a la DT en la Alta Dirección Pública.

Cabe indicar que el proyecto de ADP genera el espacio para que el actual director del Trabajo, Christian Melis, postule al proceso de selección del nuevo directivo del servicio.

Visión de los expertos

A juicio del ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, “los servicios públicos, especialmente los organismos reguladores y fiscalizadores, tienen que ser concursados por la Alta Dirección Pública. No veo ningún argumento sólido de que por una razón equis se mantenga al titular de un regulador como funcionario de confianza del Presidente de la República”.

No obstante esa apreciación, Albornoz va más allá y señala que “la Dirección del Trabajo tendría que seguir una línea similar a la que se está intentando avanzar en nuestra legislación de organismos fiscalizadores, que es establecer la figura de un consejo directivo con un director ejecutivo”. Añade que “no podemos tener organismos fiscalizadores donde la potestad de interpretación de ley, que en Chile es muy relevante desde el punto de vista de la jurisprudencia, esté entregada a una sola persona. Las políticas de fiscalización tienen que ser discutidas por más de un personero”.

En la misma línea, el abogado y miembro de la Comisión Laboral de la CPC, Héctor Humeres, plantea que para el caso de la DT, “más que la Alta Dirección Pública, me gusta una designación similar a la del Consejo del Banco Central”. Precisa que el jefe del servicio “es un cargo que requiere muchas condiciones especiales, entre ellas la independencia de criterios, y que tenga la confianza general. La Alta Dirección Pública si bien es un proceso de selección, creo que en la práctica ha mostrado que tiene ciertos sesgos relevantes y eso conspiraría contra las facultades que tiene el director del Trabajo”.

Ambos juristas coinciden que además se debe avanzar en un plan de fortalecimiento institucional que mejore los procesos de fiscalización, interpretación y cumplimiento de la normativa laboral.

En tanto, el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Dirección del Trabajo, Raúl Campusano, si bien apoya la idea de despolitizar la designación del titular  de la Dirección del Trabajo, dice que el proceso de ADP “no es completamente correcto y tiene muchos bemoles. Creemos que hay otros mecanismos de tecnificación que no necesariamente tienen que ver con la ADP”.

Desde el mundo político, el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, considera que el ingreso de la DT a la Alta Dirección Pública “es un paso positivo, pero todavía insuficiente” para despolitizar el sistema, porque “al final el que nombra al director del Trabajo lo hace de la terna que le propone la Alta Dirección Pública, y si no le gusta ninguno de los tres nombres, se fuerza a realizar una nueva terna. Eso hace que el proceso que hoy existe sea un poco burlesco”.

Por su lado, la vicepresidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), recibió con cautela la indicación sobre la DT.

“Habrá que mirar esa indicación. Si eso otorga niveles de transparencia bienvenido sea, pero desde una visión más de fondo, yo tengo un cuestionamiento al sistema de ADP. No veo que hoy sea una institución que nos garantice transparencia y ecuanimidad”, señala.

Proyecto de modernización

En paralelo, por un carril propio avanzará el proyecto de ley de modernización de la DT.

Inicialmente la autoridad había planificado su envío en julio al Congreso, pero el retraso en el despacho de la Reforma Laboral hizo que que su presentación se postergara más hacia fin de año, plazo en el que el Gobierno espera tener aprobada la iniciativa de fortalecimiento de la sindicalización y la negociación colectiva.

Para el diseño del proyecto de la DT el Ministerio del Trabajo pidió en el 2014 asesoría a la OIT y el BID en materias de fiscalización y gestión interna. En agosto pasado la jefatura de la DT firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la OIT, que incluye asesoría en temas específicos como el Convenio 81 de la OIT (que regula la fiscalización en la industria y el comercio) y su vinculación con la Reforma Laboral, libertad sindical, salud y seguridad en el trabajo.