"La intervención urbana más costosa de la historia". De esa forma calificó el  Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) al recientemente aprobado subsidio al Transantiago, en un documento dado a conocer ayer, en el que crítica las transferencias aprobadas por ley hasta 2022, por un monto de US$13.000 millones.

En el lapidario informe, según el think tank ligado a la UDI, la reciente modificación a la Ley 20.378 , los recursos destinados a subsidiar al transporte público capitalino y las asignaciones espejo para regiones más que se duplicarán hasta el año 2022, aumentando en 123%, y "sin ninguna evaluación social que los justifique, sólo la conveniencia política de postergar un problema complejo e impopular, con auspicio de los contribuyentes", afirma la entidad.

En esa línea, LyD precisa que "es sorprendente que se haya impuesto semejante carga a los contribuyentes por tanto tiempo, sin ninguna evaluación previa de rentabilidad social que lo justifique".

El think tank explica que con la ley actual, "no sólo se aumentan los subsidios en órdenes de magnitud, sino que se transforman en una situación de largo plazo, sin presión para que el Estado tome un compromiso con los ciudadanos de mejorar el desastre financiero de una mala política pública.  Es decir, lo convirtieron en costo hundido de espaldas a los contribuyentes". 

LOS RESPONSABLES
El Instituto recordó que el Transantiago fue un proyecto emblemático de la Concertación, concebido en el gobierno de Ricardo Lagos e implementado por la ex presidenta Michelle Bachelet, en el cual se anunciaba una mejora radical en la vida de los santiaguinos sin que ello significara una carga para el Fisco. 

No obstante, puntualiza el think tank, la anómala situación de su puesta en marcha "legitimó, a los ojos de la ciudadanía, el no pago de la tarifa por pésimo sistema de transporte impuesto por el Estado. Una pésima señal, porque la evasión es un delito. Un deterioro difícil de reparar en capital social de los santiaguinos. La evasión sigue siendo alta, cercana a un 20%, y sin indicios de que tienda a disminuir".

Pese a esto, explica LyD,  las  autoridades justifican el subsidio al pasaje bajo la lógica de que "beneficia a familias de bajos ingresos y consideran que esta ayuda sería focalizada. Sin embargo, esta justificación es débil para una política de tan alto costo que se lleva a cabo sin una evaluación previa. Si el objetivo es aliviar la pobreza, existen formas más eficientes de enfrentar el problema".

De hecho, el centro de estudios compara el gasto fiscal anual en transportes comprometido por la Ley 20.378 con el gasto fiscal en otras instituciones, lo que da como resultados que el costo anual del subsidio es aproximadamente el mismo (90%) del presupuesto de Carabineros y casi tres veces el presupuesto de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (Conicyt).

"Es más que todos los recursos fiscales destinados a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Con los subsidios de un sólo año se podría financiar por 23 años un hospital como el Hospital Padre Alberto Hurtado" cuestiona LyD (ver tabla).

"Si la justificación es que alivia la situación de familias de menores ingresos, entonces se trata del principal instrumento de política social que existe en Chile, porque es cuatro veces el presupuesto total del Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario, y un 50% más que todo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. En materia de transporte, estos subsidios habrían podido financiar la construcción de una línea de Metro al año", indica.

Las críticas apuntan también a la valoración del sistema en sí mismo, y el hecho de que existan en el mundo subsidios de ese tipo. "El problema con esta comparación es que en esas ciudades el transporte es valorado por sus habitantes, Transantiago no. Además, Singapur tiene uno de los mejores sistemas de transporte público del mundo y funciona sin subsidios", concluye el documento.