El sector pesquero industrial se apresta a presentar una serie de acciones legales en contra del Estado luego que el proyecto de fraccionamiento pesquero, que genera nuevas distribuciones de pesquerías, esté próximo a concluir su tramitación legal. A ello se suman decisiones como el cierre de operaciones anunciado por Pacific Blu, filial de Blumar, y que supone la pérdida de 800 empleos en forma directa, y de otros 2.400 en forma indirecta. Determinaciones que podrían sumar nuevos casos en los próximos días.

Además de Pacific Blu, al menos otras cuatro firmas han comunicado acciones en estos ámbitos. Blumar, la pesquera ligada a la familia Sarquis, y que controla el 55% de la propiedad de Pacific Blu, confirmó recientemente que mantiene paralizado un proyecto para construir una planta de congelados en Coronel, pese a que contaba con sus permisos aprobados. Dicha iniciativa contemplaba una inversión por US$30 millones.

“Este proyecto estaba previsto para pasarlo por directorio y aprobarlo durante el año 2025 para comenzar su construcción hacia fin de este año, pero se postergó”, dijo el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, hace una semana.

A ello se suma Camanchaca, firma ligada a la familia Fernández García, que hace dos semanas designó al abogado Jorge Bofill, socio de Bofill, Escobar, Silva Abogados, como líder del equipo legal para las acciones que prepara la firma. Ricardo García, gerente general de Camanchaca, insistió entonces que “de aprobarse esta iniciativa legislativa en los términos actualmente conocidos se afectarán gravemente los derechos adquiridos por nuestra compañía y por toda la industria, al alterar el régimen de licencias vigente, sin siquiera establecer una legítima compensación”.

Landes, pesquera ligada a las familias Fosk y Bohorodzaner, activó este miércoles la primera de las acciones legales, tras presentar un recurso ante el 26º Juzgado Civil de Santiago, en que acusa de “expropiación encubierta” al proyecto de fraccionamiento pesquero, y califica la legislación como “ilegítima e ilegal”.

En el escrito, dirigido contra tres órganos del Estado -el Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia y el Congreso Nacional-, la empresa cuestiona la legalidad del proceso legislativo, argumentando que se habría omitido de forma deliberada la elaboración de informes técnicos, financieros y de impacto regulatorio, documentos exigidos por la normativa vigente para asegurar la legalidad y constitucionalidad de todo proyecto de ley.

Andrés Fosk Belan, gerente general de Landes, sostiene que “la nueva legislación pesquera que impulsa el Ejecutivo es una lápida para una empresa como la nuestra, que emplea en Talcahuano, Región del Biobío, a más de 600 personas en un rubro clave para el desarrollo del país. Más grave aún, golpea el bienestar de cientos de familias empujando iniciativas que violan la Constitución y afectan derechos patrimoniales desarrollados en más de 70 años de inversiones y trabajo empresarial”.

Finalmente, Foodcorp -firma de capitales noruegos-, ha explicitado que evalúa ir directamente a tribunales internacionales. Su gerente general, Andrés Daroch, señaló a El Mercurio que “la primera visión es que no da el negocio, tendremos que cerrar, asociarnos con alguien, es decir, una nueva escalada de fusiones que ya ocurrieron en las crisis anteriores”.

Gremio apunta al gobierno

Tras conocerse la decisión de Pacific Blu, desde la asociación gremial Pescadores Industriales del Biobío, emitieron una declaración señalando que la medidas “es el resultado de una negativa e ideologizada visión del quehacer y aporte del sector empresarial e industrial en una buena parte de la coalición gobernante y de un compromiso inserto en programa de Gobierno del presidente Boric”, remarcando que “se trata de un gravísimo problema social para Talcahuano creado e impulsado por las autoridades políticas de turno”.

El gremio afirmó que “esta política pública errada y sesgada es un contrasentido para la Región del Biobío, pues apunta hacia la desindustrialización, a la pérdida de competitividad y destrucción de valor”.

En su declaración, además, respaldó la denuncia de Pacific Blu, “en cuanto a que la subsecretaría de Pesca, dependiente del Ministerio de Economía, presentó información falsa e incompleta en el Congreso con el objetivo de sub representar el rol de esta empresa en la pesquería de la merluza común y aumentar artificialmente el aporte del sector artesanal”.

“Talcahuano y la Región del Biobío hoy es más pobre y atrasada que ayer. Se pierde una empresa de vanguardia, tecnologizada y que alimenta a miles de chilenos con recursos del mar con alto valor agregado, pero por, sobre todo, se les ha infligido un profundo daño a miles de familias trabajadoras de la pesca industrial solo y exclusivamente por razones políticas, identitarias e ideológicas”, concluyeron desde la entidad gremial.