Babel

Primer acto: un grupo de 50 vecinos acude todas las mañanas con materiales de aseo al corredor de Santa Rosa. Jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con capacidades diferentes integran Cootramap, una cooperativa formada por los propios vecinos. La municipalidad les adjudicó por dos años la limpieza del corredor Santa Rosa. Los obstáculos no fueron menores, uno de ellos es que la Contraloría rechazó varias veces las bases de la licitación.

Segundo acto: un estudio revela que los municipios, con el 61% menos de recursos, podrían haber prestado en promedio los mismos servicios que entregaron entre 2008 y 2018. Mientras, el informe Final de la Comisión del Gasto Público identificó $ 2.590 millones ejecutados en 2019, relacionados con el problema “ineficiencia en la administración de los recursos del Estado”.

Tercer acto: Chile está en pleno proceso constituyente.

Garantizar los derechos de salud, educación, vivienda y pensiones se toma la agenda. Distintos grupos levantan consignas sobre el rol del mundo privado en la gestión de estos derechos, mientras en la otra vereda se clama por un modelo donde el Estado sea garante y proveedor de estos servicios.

Aunque recuerde a “Babel”, una película narrada a través de una sucesión de hechos sin relación aparente, estos tres actos se interrelacionan y evidencian uno de los grandes temas de fondo en la discusión constitucional: ¿cómo se van a proveer los derechos sociales que el nuevo Chile demanda?

En el contexto actual, ya no es posible tener respuestas absolutas. Eso sí, surgen preguntas. ¿Debiera el Estado ser el prestador “monopólico” de servicios como salud y educación?¿Es el único que debe construir viviendas? Si optamos por esa vía, ¿cómo aseguraríamos la calidad de servicio o nos protegeríamos de una eventual corrupción, cuando existe un monooperador?

Reconociendo el rol fundamental del Estado en cualquier economía desarrollada y con foco social, es importante también que en la discusión constitucional seamos capaces de buscar formas mixtas e innovadoras, donde terceros apoyan y prestan servicios que son financiados o cofinanciados por él.

Así, sería razonable pensar que las personas de ingresos medios puedan cofinanciar algunos “derechos sociales”, o que aquellas de altos ingresos puedan financiarlas en un 100% con prestadores privados. Lógicamente esto requeriría fomentar modelos de negocio que generen beneficios para todas las partes.

Soluciones hay muchas, el punto esencial será lograr incorporar en el debate constitucional miradas ponderadas, abiertas y que sean capaces de integrar propuestas no dogmáticas, algo difícil, pero espero no imposible en estos días. Desde ya, varios candidatos están hablando de garantizar derechos mínimos, a la salud, a la educación y a la vivienda. El cómo se hará -una pregunta no tan seductora como las propuestas- será la clave.

Ya hay planteamientos concretos sobre la mesa que se podrían revisar y que apuntan a redestinar recursos públicos que hoy son mal administrados.

Por ejemplo, la propuesta del centro de estudios Horizontal de establecer una cantidad mínima de recursos para la población, independiente de su condición laboral, esto es, un Ingreso Garantizado Universal (IGU) para personas cuyo sueldo no supere los $500.000 -compuesto de un monto fijo y otro variable, siendo este último un subsidio progresivo al empleo -, y que tendría un costo anual de $ 6.953.543 millones, esto es, cerca de US$ 9.300 millones. ¿Cómo se financiaría? Muy en simple, reasignando recursos provenientes de programas públicos que están mal evaluados o desfocalizados que se eliminarían y suprimiendo también programas similares al IGU, como el “bono marzo”.

Por otro lado, hay algunas necesidades sociales que pueden ser atendidas a través del aporte directo de los privados, y donde resulta esencial contar con una Ley única de Donaciones, como la que el Ministerio de Hacienda se comprometió a presentar en marzo. Porque involucrar a un privado en una causa, no es otra cosa que aliarse con él en torno a un propósito: ya sea levantar recursos para hacer frente a la pandemia o generar puestos de trabajo. Como una forma de unirse al Estado para llegar a lugares donde, por sí solos, ni actores privados ni públicos pueden acudir.

Todos estos son cuestionamientos y propuestas que, a la luz de hechos y datos, vale la pena analizar de cara al acto decisivo de redactar la nueva Constitución y que marcará el inicio del Chile que vendrá.

-El autor es gerente general del Grupo Prisma