La tensión entre el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el Ministerio de Hacienda no disminuye. Si bien en la mañana de este viernes el ministro de Hacienda, Mario Marcel, buscó bajarle el perfil a la polémica argumentando que “si se tienen diferencias, es bueno también explicitarlas”.

En esa misma instancia, recordó su paso por el Banco Central para explicar que siendo ese organismo más autónomo que el CFA se permitían opiniones divergentes en cuanto a la política monetaria. “Nadie podía considerar que el Banco Central fuera dueño de la verdad y que eran temas que perfectamente era legítimo discutir y tener opiniones distintas. Entonces, si eso es posible respecto del Banco Central, yo diría por qué no puede serlo respecto del Consejo Fiscal Autónomo”, planteó a la salida del Consejo de Gabinete en La Moneda.

Pero lejos de lograr bajar el perfil a su polémico informe que cuestionó en forma y fondo el texto del ente autónomo la pugna se mantuvo.

Esto porque el Consejo Fiscal Autónomo en su reunión habitual de los viernes analizó el oficio que presentó Hacienda y los reparos que hacia el rol del CFA siendo ese el primer tema de la tabla.

En el acta de la reunión el CFA valora la recepción del diagnóstico técnico y autónomo expresado en su informe sobre la situación actual y perspectivas futuras de las finanzas públicas.

Luego, el Consejo encomendó a la gerencia de Estudios, y a la secretaría ejecutiva, en lo que corresponda, la revisión del Oficio que fue enviado por el Ministerio de Hacienda a la Comisión de Mixta de Presupuestos.

En el siguiente punto de la tabla, el secretario ejecutivo, a solicitud del Consejo, procedió a la lectura de los incisos primero y cuarto del artículo 1 de la ley N°20.1281, sobre responsabilidad fiscal para determinar si sus recomendaciones se extralimitaron de las atribuciones legales del CFA.

En lo central, luego de leer la ley se afirmó que “existe un mandato expreso para que el CFA emita sus opiniones técnicas sobre las implicancias fiscales de los decretos de política fiscal, las metas fiscales que en ellos se fijen y los procedimientos de sustitución de decretos y su justificación, dadas las innovaciones incorporadas en la ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal, modificada por la ley N°21.683, de agosto de 2024, que promueve la responsabilidad y transparencia de la gestión financiera del Estado”.

Asimismo, el secretario ejecutivo recordó la interpretación emanada de la Contraloría General de la República (CGR), contenida en su Dictamen N°27.875, de 24 de octubre de 2019, en que el organismo Contralor interpretó en sentido amplio las atribuciones del Consejo, considerando que su mandato legal contenido en el inciso primero del artículo 2 de la ley N°21.148, relativo a “contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central”.

Al respecto, la Contraloría afirmó que “el cumplimiento de dicho mandato incluye pronunciarse, emitir observaciones o sugerencias de carácter no vinculante en cualquier materia relativa al empleo del nivel y composición de los gastos e ingresos del sector gobierno general y del sector público –y la acumulación relacionada de activos y pasivos del gobierno- para alcanzar objetivos como la estabilización de la economía, la reasignación de recursos y la redistribución de ingreso”.

La pugna

El martes el CFA fue a exponer ante la Comisión Mixta Especial de Presupuestos donde presentó su informe del primer semestre. En éste criticó que no se hayan escuchado sus advertencias en materia de proyecciones de ingresos. “El incumplimiento de la meta estructural de 2024 refleja una falta de ajuste oportuno del gasto y de corrección de las proyecciones de ingresos fiscales, que también incidió en la Ley de Presupuestos de 2025″, dice el polémico informe.

También hicieron un llamado a hacer un cambio sustantivo en la conducción de las finanzas públicas, en el sentido de lograr una mayor capacidad de ajuste efectivo del gasto ante situaciones de menores ingresos estructurales. Criticaron el cambio de la meta fiscal de Hacienda y el plan de ajuste fiscal no los convenció.

La respuesta fue igual o más critica que el informe del CFA: Lo primero que reclamó Hacienda fue el tono, que lo calificó como “inusualmente severo”. Pone énfasis en que, si bien el llamado de atención es para el Congreso y el gobierno, las recomendaciones son netamente para el Ejecutivo. Critica que el foco esté puesto solo en mayores recortes de gasto y no en cómo mejorar los ingresos.

El adiós de Jorge Rodríguez

El CFA es un órgano autónomo desde 2019, pero su creación como ente asesor fue en 2013. Es una entidad colegiada integrada por cinco economistas. Su presidente Jorge Rodríguez, el vicepresidente de la entidad, Hermann González y los consejeros, Jeannette von Wolfersdorff, Marcela Guzmán y Sebastián Izquierdo.

El nombramiento de los consejeros es entre el Ejecutivo que propone y el Senado que lo ratifica.

Este conflicto entre el CFA y Hacienda se da solo a una semana que termine el plazo de Jorge Rodríguez como presidente del organismo técnico.

Dada este situación y considerando que el gobierno todavía no define el reemplazante de Rodríguez es que se acordó renovar el período de vicepresidente de Hermann González desde el 2 de junio al menos, hasta el nombramiento de la nueva presidencia del Consejo.