CLC: los conflictos de la era de Alejandro Gil

Alejandro Gil Gómez

Querellas contra exgerentes, amenazas al Estado, acusaciones de hostigamiento y una seguidilla de renuncias y desvinculaciones. Un año y medio lleva Alejandro Gil al mando de la Clínica Las Condes. Y si bien sus números han mejorado, hoy el establecimiento destaca por sus conflictos. La compañía hoy no tiene director médico y el gerente general es el cuarto en 18 meses. El ambiente es tenso; mientras sus competidores se desmarcan de una de las mayores clínicas del país, las autoridades los llaman a terreno.




EL 21 de abril, Alejandro Gil llegó al patio de ambulancias de Clínica Las Condes. Ese día, en un trayecto por la carretera San Martín, a una de sus ambulancias se le desprendió el neumático delantero derecho y el chofer debió controlar el vehículo. El presidente de la Clínica la revisó. Aludió a su experiencia en mecánica, aseguró que la causa era el bajo aire en los neumáticos y responsabilizó al conductor. Horas después, el trabajador fue despedido.

Ese episodio forma parte de la segunda demanda que presentaron algunos trabajadores de CLC en menos de un mes. La primera, el 7 de abril, impulsada por el Sindicato de Trabajadores de Clínica Las Condes -el más grande del establecimiento-, acusa el no pago del llamado bono invierno y los días de descanso; y una segunda, del 6 de mayo, interpuesta por este mismo sindicato, más el Sindicato de Enfermeros de Urgencia y Rescate, en total 1.600 trabajadores, que reclama por las deficientes condiciones mecánicas y de seguridad de las ambulancias y un coercitivo ambiente laboral.

Alejandro Gil asumió la presidencia de Clínica Las Condes el 10 de diciembre de 2019. Un mes antes, la sociedad Auguri -ligada a su pareja, Cecilia Karlezi- había tomado el control del establecimiento, tras años de desavenencias con la administración e intentos por sumar más participación. Partieron con un 10,04% en 2008. Previo a la OPA tenían un 27,3%, y tras la operación alcanzaron un 50,052%.

En sus 18 meses al mando, la seguidilla de conflictos en torno a la clínica ha ido al alza: demandas laborales, querellas contra exgerentes, denuncias contra el gobierno, amenazas... y suma y sigue. El estilo Gil es, por decir lo menos, rudo. Marino mercante, padre de tres hijas, quien fuera calificado como “un personaje muy rústico” por parte del expresidente de la entidad Andrés Navarro, hoy pasa todo su día en la clínica. Al tanto del más mínimo detalle.

Mientras en privado gran parte de los facultativos contactados critican su forma de gestionar, sus defensores miran los números: en el primer trimestre, la compañía obtuvo utilidades por $ 7.714 millones, frente a pérdidas por $ 2.602 millones en igual período de 2020 y una merma que en el año de la pandemia ascendió a $ 5.812 millones.

La “guerra fría” en el interior

Herbert Spencer lleva ligado a Clínica Las Condes desde sus orígenes. En un inicio como anestesiólogo y hoy, como accionista. El médico rememora el origen de una pelea histórica: “A comienzos de la clínica se formó una sociedad que se llamaba Lo Fontecilla, que fue dirigida por el doctor Luciano Basauri, Jaime Mañalich y Héctor Ducci, ellos se dedicaron a obstruir y criticar la labor del directorio. Al final el fundador y presidente, Mauricio Wagner, dio un pasó al lado, y llamó a empresarios para que se hicieran cargo”. El establecimiento había sido formado justamente por los doctores en 1982 y tenían más de un 50% de la propiedad. En 2014, la clínica anunció un proyecto de inversión para duplicar su capacidad, con la construcción de tres torres. En ese momento las condiciones bajo las cuales operaban los doctores comenzaron a ser puestas en entredicho por la administración, mientras la clínica se debilitaba financieramente. “Los médicos desde siempre han tenido a la clínica para sus servicios. Y esto iba a seguir mientras no hubiera un controlador que ahora está haciendo la desagradable tarea de poner orden”, dice Spencer.

El grupo Auguri abrió una pugna de poder que con los doctores desde que puso un pie en la propiedad del establecimiento. Bullada fueron las impugnaciones a directores que, a su juicio, no tenían el carácter de independientes por tener algún parentesco con algún facultativo, o las acusaciones ante la ex SVS por un presunto pacto de actuación conjunta. Por ello, a nadie le extrañó que el primer acto de Gil en la presidencia fuera limitar y reducir los beneficios.

La historia es conocida: le mandó una carta a 559 doctores informando el fin de sus contratos de arriendo; 410 médicos interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para paralizar tal determinación y las partes se sentaron a negociar. Por la clínica: la vicepresidenta, Paola Bruzzone, y el gerente general, Jerónimo García, y por el Comité Ejecutivo de Médicos CLC, la doctora Viviana Herskovic, y los asesores César Barros y Juan Enrique Allard. En líneas generales y tras meses de discusión -en que incluso los abogados de la clínica publicaron los ingresos de más de 300 sociedades médicas ligadas a sus doctores-, salió humo blanco: se estableció un nuevo sistema de contratos y arriendos que empezó a regir el 1 de enero. Según informes de CLC, en promedio los doctores aportaban un 6,7% de sus honorarios médicos a la clínica, cuando la media de la industria era cercana al 20%. Con el acuerdo se acordó que este pago subiera a un promedio cercano al 10%, dicen desde el gremio. Además, se estableció que los doctores recibirían sus honorarios una vez que se liquidaran las cuentas de los pacientes y no de manera inmediata, como era originalmente.

Pese al acuerdo, en el que CLC terminó imponiendo parte de sus términos, la situación entre médicos y el directorio se agravó. “Lo que tiene que hacer la empresa es echar a andar un nuevo proyecto médico y entusiasmar a los doctores para que se unan. En este momento hay una especia de guerra fría, los médicos trabajan ahí, pero no están colaborando”, señala Spencer.

Alejandro Gil -Jano, como le dicen sus amigos, o el controlador, como se autodenomina él, según han escuchado sus interlocutores- ya ha desvinculado a más de 20 facultativos, partiendo por prácticamente todo el Comité Médico que participó del acuerdo. En diciembre sacó al jefe de la UCI y quien fuera presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva (Sochimi), Tomás Regueira. El martes, notificó de su salida a un histórico, el pediatra Alfredo Misraji, exdirector de la clínica y cercano a la gestión de Andrés Navarro. Hasta el viernes -confirman en su círculo cercano- aún no tenía una respuesta del porqué de su desvinculación.

A ello se suma que decenas de profesionales se han ido a otras clínicas del sector oriente. “El clima interno hace insostenible la permanencia”, asegura uno de los que decidió dar un paso al lado. “Cuesta trabajar en un lugar donde sientes que no operas con libertad”, añade otro. En reserva aseguran que el ambiente es de temor, puesto que cualquier crítica que llegue a oídos de Gil puede traducirse en la pérdida del empleo.

Las salidas en el área médica son, sin embargo, una fracción menor de toda la organización: CLC tiene una dotación a marzo de 3.134 personas.

Si en diciembre de 2020 CLC tenía 14 juicios laborales, a marzo subieron a 27. Además de 54 juicios civiles, dos más que a fines del año pasado.

Desde diciembre de 2019, Alejandro Gil ha tenido tres directores médicos y cuatro gerentes generales. El primer director médico, Jaime Hagel, salió en marzo de 2020, y en octubre la administración de Gil se querelló en su contra por administración desleal, a raíz de un crédito de $ 4.000 millones entre partes relacionadas.

Sobre el exgerente general hasta agosto de 2020, Fredy Jacial, recayó la misma figura. Estuvo tres meses en el cargo y lo unía una amistad de 50 años con Gil. De hecho, salió con honores. La clínica aseguraba en esa oportunidad que continuaría apoyando la gestión de la administración. Nueve meses después, la entidad se querelló, nuevamente por administración desleal, acusándolo de haber recibido más pacientes Covid que los obligados por la autoridad, sin comunicárselo al directorio, con el consiguiente perjuicio económico de $ 8.500 millones.

“Gil tiene un estilo que implica judicializarlo todo, lo que ha provoca un amedrentamiento de los ambientes de trabajo”, repite un doctor. Hoy -precisa- sólo escucha a su vicepresidenta, la ex Falabella Paola Bruzzone, y al gerente general, Jerónimo García. En el directorio además está -por el controlador- el doctor Carlos Lizana; la prima de Gil, Renata Harasic Gil, y el exasesor de Enaex, Juan Suban. A ellos se suman Jonás Gómez Pacheco, Christian Traeger -por Segundo Gómez Pacheco-, y Juan Enrique Allard. La candidatura de este último fue impugnada por Gil ante la Comisión de Mercado Financiero, aduciendo que no era independiente, ya que había asesorado a los doctores. La CMF rechazó tal petición.

Cecilia Karlezi no se inmiscuye en nada, repiten los contactados.

“Las diferencias con la administración y sus formas de guiar la institución se hicieron irreconciliables por lo que solicité ser removido del cargo de director médico en abril de este año y tras un proceso largo de conversaciones poco amables, hoy he sido desvinculado de Clínica Las Condes”. Con esas palabras se despedía en una carta la semana pasada el último director médico, Luis Herrada. Había reemplazado en diciembre a René Tejías, quien también había dado un paso al costado.

Hoy, ese puesto está vacante.

La pugna con el Estado

Fueron fundadores de la asociación Clínicas de Chile, el gremio que agrupa a los principales prestadores de salud del país, pero en octubre decidieron dejar la entidad. En unas escuetas líneas anunciaron su partida al presidente de la asociación, Alfredo Schönherr. Personas al tanto aseguran que CLC habría estado disconforme con la forma en cómo la asociación estaba manejando la pandemia, además de sentir sus críticas soterradas por el conflicto de la dirección de CLC con sus médicos. Otras voces precisan que el hecho de que en la dirección hubiesen estado dos exgerentes generales de CLC como Alfredo Schönherr y Gonzalo Grebe -vicepresidente del gremio-, no habría sido del agrado de Gil.

Dos meses después, emprenderían en solitario disputas con el Estado. En enero, CLC anunció que demandaría al Fisco por el no pago de las prestaciones realizadas a pacientes Fonasa en el marco del sistema integrado de salud que activó el gobierno para enfrentar la pandemia del Covid-19. CLC acusa de que a raíz de la integración con la red pública contrajo pasivos extraordinarios que superan los $ 20.000 millones, además de usar $ 8.000 millones de caja. Hoy trabajan con Gabriel Bitrán para determinar los reales perjuicios e iniciar la acción judicial.

En Fonasa han dicho que los dineros están, pero para ser cancelados CLC debe firmar el contrato que autoriza al Estado a pagarles los valores bajo modalidad GRD, que establece un precio para pacientes Fonasa. Todas las clínicas firmaron ese acuerdo; menos CLC. Los valores GRD son la mitad de lo que cuesta un real día cama en clínicas privadas. Y el establecimiento de Estoril no está dispuesto a poner su rúbrica en ese documento, ya que implicaría reconocer que aceptan recibir un monto menor al que reclaman en pos de la estabilidad financiera de la firma.

Más allá de ello, estiman que no se les puede obligar a firmar para pagar por prestaciones que ya fueron entregadas. Si bien Fonasa mantiene su posición, fuentes al tanto precisan que Contraloría ya habría mandatado al Ministerio de Salud para que esos dineros sean cancelados a la clínica.

El último capítulo lo protagonizó el Minsal. En abril, el gerente general de CLC mandó una carta al ministro Enrique Paris, acusando hostigamiento por parte del coordinador de camas críticas del Minsal, Luis Castillo. “Se ha obstinado, en forma reiterada y abusiva, en comunicarse con ejecutivos y funcionarios de la Clínica para anunciar visitas de inspección (que finalmente no tienen lugar), requerir aumentos de camas para las atenciones a pacientes Covid-19 (más allá de lo exigido por la normativa), entre otras solicitudes”, señalaba la carta de CLC. Y comunicaban la decisión de vetar las visitas inspectivas de Castillo y ordenar la disposición y habilitación de camas.

Todo, en medio de una pandemia que ya lleva 1,4 millones de contagiados en el país, y más de 29 mil muertos oficiales.

La respuesta del Minsal fue concisa: “Ninguna institución está por encima de la ley ni debe exigir condiciones diferentes”. En mayo, la Asociación de Clínicas aclaró que CLC no era parte de ellos. Y la semana pasada el exministro de Salud y exgerente de la clínica, Jaime Mañalich, aseguró en radio Cooperativa que el actuar de CLC obligaba a extender el estado de excepción. “Me da vergüenza”, subrayó.

Alejandro Gil lleva 18 meses en el cargo, y le restan -si es que no hay imprevistos- a lo menos 22 meses más para completar su primer período al mando de la institución.

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