Columna de Miguel Lorca: Reforma de pensiones: ¿Y si ganamos todos?

El sistema de pensiones suplica una reforma estructural hace más de una década, siendo una prioridad ciudadana en los últimos 5 años según la encuesta CEP. La reforma del 2008 fue el primer paso “no para reemplazar el sistema de capitalización individual, sino para mejorarlo” como dijo el entonces presidente del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, Mario Marcel (El Mercurio, 19 de marzo del 2006). Desde entonces, existe conciencia de que el desafío continuaba, más aún dada la evolución demográfica, social y política de Chile.

En el último semestre de su segundo gobierno, Michelle Bachelet envió un proyecto de ley aumentando en 5% la cotización previsional con cargo (legal) al empleador: 3% iba a cuentas individuales y 2% a ahorro colectivo. Sebastián Piñera hizo lo propio en su segundo mandato y propuso una reforma que aumentaba en 6% la cotización con cargo (legal) al empleador: 3% iba a cuentas individuales y 3% a ahorro colectivo. A pesar de las grandes similitudes estructurales de ambos proyectos, y la existencia de un diagnóstico y recomendaciones entregadas por la Comisión Bravo, la polarización de la discusión y la búsqueda de beneficios políticos impidió la materialización de acuerdos y avances.

Las negociaciones son difíciles y más en política, donde a las conocidas tácticas de comenzar siempre “con el tejo pasado” y presionar mediáticamente se agrega la búsqueda de réditos electorales de corto plazo que muchas veces lleva a priorizar derrotas del adversario más que avances de la ciudadanía. Desde el año 2014, la fragmentación del sistema político y el debilitamiento de los partidos han exacerbado el personalismo y la polarización, con políticos en campaña permanente buscando diferenciación y figuración mediática.

Esa mirada egoísta, miope y cortoplacista ha privado a la clase política y al país de acuerdos que académicos y expertos ya tienen respecto al sistema de pensiones en Chile y sus requeridas mejoras: una administración centralizada de cuentas bien hecha podría generar importantes economías de escala, separar la administración de fondos permitiría una mayor competencia en rentabilidad, y la incorporación de solidaridad es clave para otorgar sustentabilidad y legitimidad social al sistema.

En el Congreso la discusión estará centrada en dos aspectos principales: la distribución de la cotización adicional del 6% y la separación de la administración de cuentas respecto a la de los fondos. Si gran parte de la clase política coincidió que al menos la mitad de la cotización adicional debía ir a cuentas individuales para los proyectos de Bachelet II y Piñera II, luego de la pandemia y los retiros del 10% parece difícil que parte de dicho aumento no vaya a subsanar las alicaídas cuentas individuales, más aún si parte de este porcentaje puede destinarse a la inclusión de solidaridad intrageneracional.

Un avance en dicha dirección con un aumento de la PGU focalizado en el 90% más vulnerable de la población sería un triunfo para Chile Vamos y la ex Nueva Mayoría. Por su parte, la creación de un administrador centralizado de cuentas similar a la AFC y la permanencia de las AFP, ahora exclusivamente como gestoras de fondos, junto a la creación de una alternativa pública con autonomía constitucional y gobernanza similar al Banco Central, sería el triunfo que requiere Apruebo Dignidad para mostrar el cumplimiento de su gran promesa de campaña de “terminar con las AFP” como se les conoce actualmente.

Después de más de una década de espera, es hora de priorizar los triunfos de la ciudadanía sobre las derrotas del adversario. Que el voluntarismo y cálculo político no nos prive nuevamente de un gran acuerdo transversal en que ganemos todos.

- El autor es doctor en Economía, University of New South Wales (UNSW)