Contraloría inicia sumario a Cochilco por faltas detectadas en auditorías realizadas a Codelco

El procedimiento está en etapa indagatoria y el siguiente paso considerará la prestación de declaración por parte de funcionarios de Cochilco. El objetivo es determinar responsabilidades administrativas.


Un proceso disciplinario y un sumario, inició -a fines de noviembre- la Contraloría General de la República sobre la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Esto, solo a dos meses de que ambos organismos hayan firmado un convenio de colaboración para fortalecer la fiscalización que realizan en dos empresas del Estado: Codelco y Enami.

¿El motivo? Determinar eventuales responsabilidades administrativas por parte de funcionarios de Cochilco, relacionadas con faltas detectadas en auditorias que el ente -liderado hasta la semana pasada por Sergio Hernández- realizó sobre Codelco entre enero de 2015 y julio de 2017. Lo anterior, además, con el fin de verificar si la fiscalización ejecutada fue ejercida de acuerdo a la normativa aplicable y si sus recomendaciones se ajustaron al principio de eficacia, previstos en el decreto de Ley N° 1.349 de 1976, que creó a Cochilco.

En ese sentido, fuentes cercanas al procedimiento, señalaron que la decisión de Contraloría -que se enmarcaría en un proceso normal de análisis de las auditorías que realiza Cochilco- fue tomada hace un tiempo, pero que la Comisión levantó una solicitud para que la decisión del sumario fuera reconsiderada, cosa que finalmente fue rechazada por el ente fiscalizador.

El sumario se encontraría actualmente en etapa indagatoria y el siguiente paso sería la prestación de declaraciones por parte de funcionarios de Cochilco para definir las responsabilidades administrativas del caso.

En ese sentido, dependiendo de las explicaciones que se den frente a las faltas observadas -que incluso pueden obedecer a temas menores, como desórdenes de carpetas-, el peor de los escenarios sería la destitución de los responsables.

Desde Cochilco respondieron señalando que esto no pone en riesgo el convenio firmado entre las partes y que Contraloría “tiene la potestad de auditar las actividades de cualquier entidad fiscal”.

“Esto en nada afecta el trabajo coordinado que realizamos para mejorar las auditorías que ambas instituciones realizamos a las empresas mineras del Estado, esto es, Codelco y Enami”, dijeron desde la entidad.

LAS OBSERVACIONES

En su observaciones frente a la fiscalización de Codelco, la Contraloría habría mencionado entre sus principales resultados que en el informe realizado en 2015 sobre el plan de egreso voluntario desarrollado en la División Chuquicamata, en el cual se registraron incumplimientos que comprometieron recursos de Codelco, Cochilco no habría considerado comunicar a las autoridades competentes (que no fueran las de la misma empresa), situaciones que podrían contravenir al principio de probidad administrativa o de los que, incluso, podrían derivarse eventuales responsabilidades de otra naturaleza. Eso implicaría que Cochilco sólo se habría limitado a realizar instrucciones de investigaciones internas a la firma estatal.

Otra de las críticas que habría realizado la Contraloría tiene que ver con la revisión de eventuales desviaciones financieras y de plazo en algunos proyectos estructurales de Codelco, como Nuevo Nivel Mina El Teniente y la Explotación Mina Ministro Hales.

Desde Cochilco apuntaron que sin perjuicio de señalar que el contenido de sus auditorías y fiscalizaciones son de carácter reservado, en la auditoría materia principal del contenido del informe de la Contraloría, sí se efectuaron observaciones a Codelco, las que fueron acogidas e informadas.

Asimismo, puntualizaron que “hay que destacar que siempre hemos actuado conforme a nuestras facultades. No obstante, en Cochilco estamos permanentemente revisando, mejorando y actualizando nuestros procesos de fiscalización. Sabemos que esto es dinámico y perfectible”.

“Una muestra de nuestro propósito de mejorar es justamente el acuerdo que suscribimos con Contraloría”, agregaron.

De igual modo, al ser consultados sobre los eventuales responsables de la situación descrita, acotaron que “los procesos de investigación son secretos y reservados, razón por la cual no podemos emitir comentarios”.

“Hemos reforzado nuestro equipo de fiscalizadores, actualizado nuestros procesos e instrumentos de fiscalización, creamos una ‘Línea de Seguimiento’ de las auditorías para corroborar que las empresas estén tomando las medidas recomendadas frente a los hallazgos que han arrojado las auditorías, y también desarrollamos la “Línea de Denuncias”, ambas iniciadas a finales del año 2015. Y hemos firmado un Convenio de Colaboración con la Contraloría para justamente mejorar los procesos de fiscalización que se realizan a las empresas mineras del Estado”, plantearon. P

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