De Gregorio, Repetto, Engel y Valdés cuestionan financiamiento de la PGU y piden aplazar su discusión

"Entendemos, también, que es urgente mostrar avances. Ello, sin embargo, no puede ser a costa de aumentar aún más los desequilibrios fiscales, por entendible que pueda ser que el gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías”, dijeron los economistas en una carta enviada a El Mercurio.


La semana pasada el proyecto de Pensión Garantizada Universal y sus mecanismos de financiamiento ingresaron al Congreso. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio su visto bueno a la iniciativa. En medio de esta tramitación, los economistas Andrea Repetto, José de Gregorio, Rodrigo Valdés y Eduardo Engel pidieron aplazar su discusión y cuestionaron las formas de financiamiento.

“El gobierno ingresó al Congreso dos proyectos de ley separados relativos a la Pensión Garantizada Universal (PGU). En uno de ellos propone la creación del beneficio. En el otro, la reducción de algunas exenciones tributarias como parte de su financiamiento. Esto es una estrategia peligrosa, ya que con alta probabilidad se aprobarán solamente los gastos. Es urgente fusionar ambos proyectos”, dice la carta que envió el grupo de economistas a El Mercurio.

Asimismo agregan que “lamentablemente, fusionarlos, tampoco garantiza que los nuevos gastos tengan financiamiento y no empeoren la ya compleja situación fiscal. El gobierno propone que se gaste un punto adicional del PIB. Pero parte de su financiamiento consiste en desahorrar del Fondo de Reserva de Pensiones, y en aprovechar un menor gasto en pensiones del sistema antiguo que ya se usó hace tiempo en financiar reformas previas. También supone usar supuestas holguras que no son otra cosa que un espacio fiscal fantasioso que depende de proyecciones poco realistas. Las holguras no existen cuando el déficit estructural está cerca del 4% del PIB”.

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Por último los expertos apuntan a que la iniciativa se discuta junto con la reforma del pilar contributivo, y concluyen que “solo de esta manera estarán los incentivos para llegar a acuerdos y aprobar una reforma que resuelva de manera integral los problemas del sistema de pensiones. Entendemos, también, que es urgente mostrar avances. Ello, sin embargo, no puede ser a costa de aumentar aún más los desequilibrios fiscales, por entendible que pueda ser que el gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías”.

El proyecto que se discute en el Parlamento, apunta a entregar un aporte de hasta $185.000 para todos los mayores de 65 años que se encuentren en el 90% de menores recursos, estén pensionados o no. El beneficio llegaría a unos 2,4 millones de personas, según cálculos del gobierno. El costo fiscal de la PGU será de un máximo de 0,95% del PIB entre 2028- 2034, alcanzando promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040.

Por otro lado, la iniciativa que entrega el financiamiento a la PGU, incluye modificación de exenciones tributarias, provisiones ya incorporadas en la Ley de Presupuestos 2022 y su Programación Financiera, y la disminución del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).

Los requisitos para poder acceder a la PGU son haber cumplido 65 años de edad, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico, ser de Chile y acreditar residencia por un lapso no inferior a 20 años continuos o discontinuos.

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