Un grupo de diputados de Renovación Nacional y el Partido Republicano enviaron a la Contraloría General de la República (CGR) un oficio con el fin de esclarecer eventuales irregularidades vinculadas con la contabilización y validación de cifras de producción de 2025 de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

Según el documento, la solicitud busca esclarecer posibles irregularidades relacionadas con cifras de producción, eficiencia y gestión interna de la empresa minera, específicamente en la división Chuquicamata.

Fue en una auditoría interna de Codelco, dada a conocer por La Tercera, que se reveló que más de 6 mil trabajadores deberán devolver U$14,3 millones de bonos por un error en las cifras de producción de 2025.

La situación afecta a funcionarios de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, luego de que se detectara una sobreestimación de 26.875 toneladas reportadas como producción efectiva sin cumplir con las exigencias técnicas, administrativas y comerciales de los protocolos internos de la compañía.

De acuerdo con el documento presentado por los parlamentarios, las maniobras contables habrían permitido que Codelco informara públicamente un cierre anual con resultados considerablemente superiores a la tendencia real del año.

Es así que los diputados advierten que aquel error es de gran “gravedad”, pues la alteración de cifras habría impactado de forma directa en “sistemas de incentivos, bonos de desempeño y evaluaciones de gestión tanto de ejecutivos como de trabajadores”.

Con todo, los parlamentarios apuntaron que Contraloría tiene la facultad de fiscalizar a Codelco mediante la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) para revisar balances, procedimientos de control interno y auditorías específicas.

“El país necesita transparencia y una revisión profunda de la situación de Codelco. Estamos hablando de una empresa estratégica para Chile y los chilenos merecen conocer con claridad qué está ocurriendo”, señaló el diputado Daniel Valenzuela, quien lidera la presentación del oficio.

En documento señala, además, que en caso de comprobarse que las irregularidades constituyan delitos como fraude, administración desleal o alteración maliciosa de información, la Contraloría deberá remitir de inmediato los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para determinar las responsabilidades.