Este domingo dos organismos abrieron sus procesos de selección para definir a sus máximos funcionarios. Las postulaciones se encuentran abiertas hasta el 27 de abril.

La Dirección General de Aguas (DGA) abrió el proceso para determinar a su próximo director/a general de aguas. Anteriormente, el cargo lo ocupó Rodrigo Sanhueza, el ingeniero civil y quien fue seleccionado por el expresidente Gabriel Boric a través de un concurso de la Alta Dirección Pública (ADP).

Para este cargo, fuentes de gobierno han dado el nombre anteriormente de Hipólito Zañartu, abogado de la Universidad Gabriela Mistral, institución en la que es secretario general, decano de Derecho, rector e integrante del consejo directivo. Zañartu también estuvo vinculado al grupo Luksic, siendo abogado de Antofagasta Minerals, Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y Aguas de Antofagasta.

“Le corresponde liderar la gestión, administración y protección de los recursos hídricos continentales del país bajo un contexto de interés público, asignación eficiente y sustentabilidad”, explica el documento de perfil del cargo.

Son nueve las personas que dependen directamente del director de la DGA, y 750 de forma indirecta. El presupuesto que administra es de $52 millones. La renta líquida promedio mensual del cargo alcanzó los $7.947.000.

CNE

Para la Comisión Nacional de Energía (CNE) también se abrió un proceso de selección para designar al próximo secretario ejecutivo de la institución eléctrica.

Actualmente, el organismo lo dirige Mauricio Funes, quien asumió el puesto tras la salida de Marco Mancilla. Luego del error metodológico de la institución y la posterior llegada de Álvaro García como jefe de la cartera energética, la autoridad le pidió la renuncia a Mancilla, asumiendo de forma subrogante Funes.

La institución ahora emprende la búsqueda de la nueva autoridad que liderará el organismo. Tendrá a cargo a doce personas de forma directa, y 86 funcionarios indirectos con un presupuesto $9.173 millones. La renta líquida mensual para el cargo llega a los $9.511.000

La futura autoridad deberá “cumplir con las funciones establecidas en la legislación vigente, mediante el análisis de precios, tarifas, comercialización y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía”.