El detalle de las medidas del plan de emergencia que sellaron el gobierno y la oposición

A las 3.55 AM de este domingo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tuiteó “hace pocas horas logramos, en un esfuerzo transversal, el Acuerdo Covid, por la protección, reactivación y responsabilidad fiscal”.

Tras dos semanas exactas de negociaciones entre el oficialismo y algunos sectores de la oposición, se llegó a un acuerdo o “marco de entendimiento” para implementar un nuevo plan de emergencia integral económico para enfrentar la crisis actual, que tras oficializarlo cerca de las 11 AM de este domingo, Briones lo reiteró como “histórico”.

1- Se implementará un programa fiscal adicional de hasta US$ 12 mil millones en los próximos 24 meses -de los cuales se ejecutarán unos US$ 3.500 millones este año-, creando un fondo extrapresupuestario -también llamado “Fondo Covid”- desde el cual el gobierno ejecutará las medidas, tales como mayores gastos corrientes, inversión pública adicional, y nuevos impulsos pro-reactivación y reconversión.

El financiamiento del Fondo Covid tendrá su origen en la transferencia del tesoro público, como fondos soberanos y/o mayor endeudamiento público. En caso de que el fondo aún tuviera recursos al momento de caducar, éstos se transferirán al Fondo de Estabilización Económica y Social.

El ministro de Hacienda dará cuenta del uso del fondo en forma mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso, sin perjuicio de la debida fiscalización que debe efectuar la Contraloría General de la República.

2- Se aumentará el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, desde los actuales $60 mil a $100 mil por persona -con un tope de cuatro pesonas por familia-, llegando a cubrir el 80% más vulnerable de la población. Será compatible con los beneficios de ley de protección del empleo, seguro de cesantía, apoyo a los honorarios, las pensiones contributivas y no contributivas; se computará considerando un criterio de complemento a los ingresos actuales del grupo familiar. Esto beneficiará a trabajadores a honorarios, trabajadoras de casas particulares, feriantes, etcétera.

En los primeros dos meses de aplicación (que coinciden con los dos aportes pendientes del actual Ingreso Familiar de Emergencia o IFE) se otorgará con 100% del beneficio, y para el tercer mes (agosto) se considerará el equivalente al 80%, el que se podrá incrementar al 100% si las condiciones sanitarias así lo ameritan. La idea es que el beneficio pueda ser entregado a una cuenta bancaria, como la RUT.

3- Recursos adicionales para las municipalidades. Según criterios de vulnerabilidad se distribuirán US$120 millones a los municipios, para que durante la emergencia estos puedan dirigir esos recursos en apoyo de sus vecinos más vulnerables.

4- Aporte a organizaciones sociales de la sociedad civil. Se dispondrá un fondo de US$20 millones para apoyar organizaciones sociales en distintas áreas como Cultura y Salud Mental, entre otras.

5- Creación de Fondo para reforzar la atención sanitaria. El Fondo contará con recursos por $400.000 millones con foco en el testeo y la trazabilidad.

6- Mejoras a la Ley de Protección del Empleo y al Seguro de Cesantía. Se fija una tasa mínima de reemplazo mientras dure el IFE, equivalente a un 55% para todos los trabajadores, sean estos de contratos indefinidos o de plazo fijo.

7-Apoyo a trabajadores independientes con boleta. El mecanismo de subsidio fiscal a los trabajadores independientes y préstamo será plenamente compatible con este nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, de acuerdo al Proyecto de Ley que se tramita en el Congreso. El resto de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios tendrá acceso a un crédito del Fisco en condiciones preferentes (con períodos de gracia y tasa de interés real de 0%). Dicho préstamo no se considerará como ingreso para efectos del cálculo en el IFE 2.0.

8- Protección para padres, madres y cuidadores que son trabajadores dependientes formales de niños y niñas en edad preescolar. Si no pueden realizar su trabajo habitual a distancia o a través de medios telemáticos, podrán optar por acogerse a la ley de protección al empleo perfeccionada.

9- Impulso de un Plan de Reactivación 2020 y 2021 con cargo al Fondo Fiscal. El plan tendrá foco en la inversión pública en Obras Públicas (infraestructura hídrica) y Vivienda, con énfasis verde y en mitigación de cambio climático.

10- Incentivos a la contratación de trabajadores. Se incrementa temporalmente la cobertura de los subsidios a la contratación vigentes para jóvenes y mujeres desde el 40% al 60% más vulnerable y se crea un subsidio mensual temporal equivalente a un porcentaje del sueldo mínimo, con un tope de remuneración bruta mensual de 20 UTM.

11- Reforzamiento del financiamiento para pymes. Se introducen mejoras a los créditos con garantía estatal FOGAPE-COVID, con la modificación del deducible y la ampliación de las coberturas de garantías para las pequeñas empresas.

12- Se mejorará la ley de insolvencia, buscando reducir tiempos y costos en las reorganizaciones de las Pymes. Se incentivarán nuevos vehículos legales y administrativos que permitan comprar deuda de las Pymes más afectadas por la crisis con opción de conversión en capital y manteniendo a los socios originales en la propiedad.

13- Fomento a la inversión privada. Se reducirán los plazos y procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo, así como disminuir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía, asegurando estricto cumplimiento de normativas ambientales. También se busca acelerar los trámites administrativos de los procesos de concesiones en carpeta.

14- Incentivos tributarios. Se implementarán medidas tributarias, como la rebaja del 50% del impuesto de primera categoría del Régimen Pro Pyme (para 2020-2021-2022), la ampliación del esquema de depreciación instantánea hasta el 31 de diciembre de 2022, una simplificación regulatoria y varias medidas en pos de la liquidez, entre otras.

15- Creación de fondo de reconversión y capacitación con especial énfasis en los sectores más afectados por la crisis y se reforzará la red de intermediación laboral y los programas de capacitación digital a través de SENCE y SERCOTEC.

16- Cumplimiento de condiciones sanitarias para el empleo. Introducir de forma transitoria adecuaciones horarias y de funciones para que los trabajadores puedan adaptarse al trabajo cumpliendo con las nuevas normas sanitarias, para proteger su salud, darles seguridad y respetar criterios de distanciamiento físico mínimos, en el marco de las recomendaciones de la autoridad sanitaria al respecto.

17- Teletrabajo en el sector público. Avanzar en una ley que regule el teletrabajo para el sector público en diálogo con la ANEF y la mesa del Sector Público.

18- Facilitación de acceso al crédito. Se le otorgará garantía estatal parcial (60%) en la emisión de bonos u obtención de créditos de grandes empresas actualmente no cubiertas por el actual FOGAPE-Covid. Mientras en el Fogape regular orientado a empresas de menor tamaño no hay remuneración por la garantía estatal y la tasa de interés es de 3,5%, en este caso la tasa de interés se determina en el mercado y el beneficiario paga al Estado una comisión consistente con el riesgo incurrido.

19-A las empresas consideradas estratégicas solventes, se les dará un apoyo con transparencia y criterios preestablecidos que se adoptará caso a caso. El Estado obtendrá una remuneración coherente con los riesgos financieros en que incurra. La forma específica del apoyo financiero debe adoptarse caso a caso pudiendo considerar una combinación de tres alternativas: una garantía estatal para alentar financiamiento de terceros, deuda directa con opción de conversión en acciones y participación en el capital por un periodo preestablecido.