No hay una decisión tomada, pero el gobierno analiza ajustes a la licitación del stock de afiliados de las AFP que mandató la reforma previsional, ya sea en los plazos de implementación o en aspectos más específicos sobre el diseño.

Si bien hoy existe una licitación de nuevos afiliados, donde la AFP que oferte la menor comisión se queda con los nuevos cotizantes que ingresen al sistema, eso hacia adelante ya no tendrá lugar. En cambio, ahora se crea una licitación del stock de afiliados, la medida más resentida por la industria de AFP dentro de la reforma.

La nueva ley establece que cada dos años se licitarán grupos de afiliados que ya estén dentro de las AFP, los que son seleccionados de manera aleatoria, y que equivalen al 10% de los afiliados no pensionados del sistema. El objetivo es reducir comisiones y aumentar la competencia en la industria, dado que la administradora que oferte el menor cobro se adjudica la subasta.

Desde hace tiempo, la Asociación de AFP ha dicho que miran con preocupación el plazo para implementar la licitación del stock, considerando que podría implicar el traspaso de más de 1 millón de afiliados, y que ocurrirá al mismo tiempo en que se esté transitando desde los actuales multifondos a fondos generacionales, el mayor cambio en las inversiones de los fondos de pensiones en más de dos décadas.

La ley fijó el paso a fondos generacionales en abril de 2027 y el primer llamado a licitación en agosto de 2027, su adjudicación en diciembre de ese año, y el traspaso de afiliados en junio de 2018. La Asociación de AFP ha dicho que esto puede terminar afectando la rentabilidad de los fondos generacionales, y que tiene una serie de complicaciones respecto de la inversión en activos alternativos.

El economista y académico de la FEN de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, cree que el “tamaño de la licitación es demasiado grande y demasiado frecuente para un normal desenvolvimiento del sistema previsional”. Larraín sí haría ajustes, por ejemplo, preferiría hacer una licitación más pequeña, con más espacio entre una y otra, y postergando su puesta en marcha hasta que los fondos generacionales estén estabilizados. “Y todo eso son reformas legales, desgraciadamente”, puntualiza.

Es que la ley no dejó mucho espacio para hacer ajustes vía normativa. Bajo este escenario de alertas que han levantado las AFP y algunos expertos, es que el Ejecutivo está analizando si es necesario ampliar los plazos, o incluso hacer ajustes más de fondo, como reducir la cantidad de afiliados licitados, o extender el periodo entre una subasta y otra. También están analizando si por la vía normativa se puede matizar algo, pero ven que no hay mucho margen de acción en ese ámbito.

En todo caso, se trata de un análisis todavía muy preliminar: la propuesta no ha sido sometida al filtro político al interior del mismo gobierno. Por ahora, son más bien los ministerios de Hacienda y Trabajo, por separado, los que han estado analizando la situación. En ambos equipos saben que la iniciativa enfrentará resistencia política, y por eso tampoco hay una decisión tomada.

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, reconoció esta semana que varios actores, incluso distintos de las AFP, les han dicho que “hay un riesgo” al implementar ambas medidas de forma simultánea, lo que podría “generar impactos en el mercado de capitales” y “en los fondos de pensiones”. Dijo que están evaluando y escuchando a más actores, y que si encuentran “fundamentos fuertes” de que hay daño a la rentabilidad, su responsabilidad sería “levantar el tema y ver la opción de (presentar) una ley corta que amplíe los plazos”.

Sobre modificaciones más de fondo, sostuvo que evalúan si la licitación del 10% del stock cada dos años puede dificultar la inversión en activos alternativos, que son poco líquidos y costosos de traspasar entre AFP, aunque aclaró que, por ahora, “no tenemos la intención de realizar ningún cambio”.

Dentro de Chile Vamos hay parlamentarios que estiman que volver a dar un debate de este tipo es abrir una caja de pandora, porque aseguran que implicará debatir nuevamente sobre la existencia de las AFP como se conocen hoy, tal como era el diseño original de la reforma previsional del gobierno anterior. Por eso, consideran que los costos políticos de reabrir este debate son altos, y que lo mejor sería intentar llegar a los plazos definidos.

Además, apuntan a que la mayoría que tienen en el Senado es frágil. Además, recuerdan la situación en la que está el senador aliado del gobierno, Miguel Ángel Calisto (Ind. hoy asociado a Evópoli), quien podría quedar desaforado, perder el cargo, y ser reemplazado por otro dirigente de la Frevs, ya que compitió en un cupo de esa colectividad. Esto derivaría en un Senado empatado exactamente a 25 votos.

“Creo que reabrir el debate es una mala idea. Quizás se podría hacer un proyecto muy acotado que solo ajuste los plazos”, estima la economista y directora de Evidencia de Pivotes, Soledad Hormazábal. Por su parte, el exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, dijo hace un mes que, si bien siempre es bueno contar con más tiempo, “en total, hay quince meses (desde la implementación de los fondos generacionales) para que la licitación finalmente surja sus efectos. Creo que no es demasiado apresurado, se puede hacer”.

Consultado respecto de si estaría dispuesto a reabrir el debate sobre este tema o no, el senador Sergio Gahona (UDI), explica que “siempre estaremos disponibles para analizar cualquier proyecto que el Ejecutivo presente al Congreso, pero no creemos que sea conveniente reabrir un debate sin conocer una propuesta concreta y su fundamento técnico. La licitación del stock de afiliados fue parte de una reforma ampliamente discutida y cualquier modificación debe estar debidamente justificada, demostrar que mejora la competencia, protege a los afiliados y entrega mayor certeza al sistema. Lo responsable es esperar el contenido de la iniciativa antes de emitir un juicio definitivo”.