Osvaldo Macías (62 años) condujo por una década la Superintendencia de Pensiones (SP), en gobiernos de distinto signo político. Fue designado superintendente en 2016 en el segundo mandato de Michelle Bachelet y fue renovado por los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Después de diez años en el cargo, el viernes 13 de marzo, el nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, lo citó a su oficina y notificó a Macías que no continuaría como superintendente. En su reemplazo asumió Joaquín Cortez.

Macías completó casi 39 años sin parar de trabajar. “En toda mi vida laboral, jamás pedí una licencia médica, nunca falté a mi trabajo. Me ha venido muy bien esta pausa, me he sentido muy bien”, comenta Macías en su primera entrevista desde que hace dos meses y medio dejó el cargo. Cuenta que ha estado reencontrándose con amistades y ha viajado a la casa que construyó en el campo en el sur. También empezó a hacer una consultoría, tema al que piensa dedicarse ahora, con foco en seguros y pensiones.

“Mi corazón está en la Superintendencia de Pensiones. Ahí quería seguir, en el sector público, pero no me dejaron. Ahora mi vida continúa y voy a hacer otras cosas. Y aunque no descarto absolutamente nada, me gustaría continuar siendo una persona libre, como me siento ahora; y hacer trabajos part-time o full-time, pero no en condiciones de dependencia. Ya estoy haciendo nuevas cosas y seguramente habrá otras a futuro, porque no me veo sin hacer nada, pero con otro tipo de intensidad", asegura.

Sobre su sucesor, comenta: “Joaquín Cortez tiene una larga trayectoria en el sector privado y público, lo conozco desde hace muchos años y tengo la mejor opinión de él“.

¿Cree que un factor determinante de su salida fue el haber apoyado la reforma previsional del gobierno anterior?

-El ministro me comunicó que en uso de las facultades presidenciales se iba a hacer uso del cargo y me pedían la renuncia no voluntaria. Para mí no fue un escenario inesperado, sino que era altamente probable, porque se produjo un cambio de gobierno con distancias ideológicas importantes entre el gobierno que salía y el que entraba. Además, el gobierno que entraba no había apoyado la reforma a las pensiones en el tramo final y decisivo, y como fui parte importante de eso, y me siento protagonista de esa aprobación, creo que eso tiene que haber influido para que me hayan sacado.

Pregunté si había alguna razón específica, alguna objeción a mi desempeño, o de otro tipo, para que me remuevan, pero no tuve respuesta, salvo que estaban usando las facultades presidenciales. Como efectivamente esas facultades presidenciales existen, simplemente me tuve que retirar. Eso fue todo.

Me hubiera gustado seguir, indudablemente, porque quería completar la implementación de la reforma. Uno de los objetivos más importantes de mi vida profesional era sacar una reforma previsional que estableciera un sistema de pensiones más justo y mejor para las personas. Y como lo había logrado luego del tercer intento, para mí era clave seguir en la implementación. Me hubiera gustado mucho continuar. Pero no pude, y entiendo que así son las reglas del juego. Sin embargo, aquí tengo una duda y una reflexión sobre cómo funciona el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

¿En qué sentido?

-En la Superintendencia, los directivos están sujetos a ADP, son reclutados por concurso público, tienen una evaluación periódica de desempeño. Gané dos concursos públicos abiertos donde participaron más de 100 personas y por eso fui superintendente de Pensiones. Siempre cumplí todas mis metas. Nunca tuve algún tipo de objeción o acusación. Entonces, sentía que había cumplido con mi deber.

Por lo tanto, creo que acá hay un problema, porque esta herramienta que se creó por un consenso político amplio en su época lo que pretendía era profesionalizar al sector público, darle una carrera profesional estable a las personas para atraerlas; dado que el sector público no tiene cómo competir con el sector privado en remuneraciones. Y creo que es razonable. Todo ello sujeto a evaluación de desempeño. Si la persona hace bien su trabajo, ha sido bien seleccionada, en un buen proceso, debiera mantenerse. Ahí irrumpen las balas de plata como una práctica nociva para el buen desarrollo de la dirección pública. Y no solo las balas de plata, sino que la remoción sin causa de los funcionarios públicos de alto nivel, que horadan completamente eso.

Creo que hay una reflexión que tenemos que hacer como país si queremos realmente profesionalizar el sector público y que el Estado funcione mejor.

Entiendo de sus palabras que apoyar la reforma previsional con un rol protagónico le costó el cargo; pero al mismo tiempo, aprobar un proyecto de ese tipo era su principal objetivo en la Superintendencia. ¿Se siente orgulloso, o se arrepiente del rol que jugó?

-Todavía no sé si me sacaron por eso, porque no me lo dijeron. Puede ser que haya sido eso. Pero sí, claro que me siento orgulloso. Me siento orgulloso porque la vida de las personas va a ser mejor con esta reforma. Toda mi vida he luchado por esto. Desde que llegué a la Superintendencia dije que las pensiones eran bajísimas y que había que subirlas.

Diez años después, el sistema de pensiones es muy distinto. Hay una PGU que subió fuertemente los beneficios; extendió la cobertura del 60% al 90%; y subió las pensiones que hoy son de $250 mil. Además, ahora hemos logrado modificar fuertemente el pilar contributivo, estableciendo un incremento fundamental en el ahorro que va a las cuentas individuales, integrando seguridad social, que aumenta aún más las pensiones y da un piso de seguridad a las personas. Todo eso va a redundar en un sistema que va a ser más competitivo, que va a tener precios más bajos, que va a dar mejores servicios, y que va a dar mejores pensiones.

Entonces, no me queda ninguna duda que cuando esté completamente implementado, el sistema de pensiones va a ser mucho mejor de lo que teníamos y de eso me siento orgulloso.

¿Cuáles son los dos o tres hitos más importantes de su gestión como superintendente?

-La reforma previsional que aprobamos en 2025. La PGU que aprobamos en 2022, en segundo lugar. Esos son los hitos que me hacen más feliz. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de la Superintendencia.

Cuando llegué a la Superintendencia en 2016, estaba en un muy mal momento, y la gente estaba con la moral muy baja. Y cuando salí de la Superintendencia, estaba en su punto más alto. La gente está muy orgullosa de lo que ha hecho y de lo que está haciendo, y se siente valorada.

¿Y qué pendientes dejó?

-Siempre hay pendientes. Sería bueno que la jefatura de la división de atención y servicios al usuario de la Superintendencia, que hoy está bajo el paraguas de la intendencia de regulación, se escinda y se transforme en una nueva intendencia de atención a los afiliados. Habría que potenciarla y le agregaría un rol de educación previsional.

El segundo tema en que hay que seguir avanzando es tener una división de Tecnologías de la Información (TI) muy poderosa. Creo que a futuro también hay que escindirla, potenciarla y dejarla dependiendo directamente del superintendente.

Mirando en retrospectiva, si pudiera cambiar algo de cómo se diseñó la reforma previsional. ¿Qué sería?.

-Hubiera sido bueno dar más plazos de implementación, pero los tiempos políticos no conversan con los tiempos técnicos. Los tiempos políticos son mucho más cortos. Hubo una negociación, se llegó a un intermedio, pero creo que hubiera sido bueno en todas las etapas contar con un poco más de tiempo, porque la presión que hay sobre todas las entidades, tanto públicas como privadas, es enorme. Y las instituciones no se han podido reforzar como uno hubiera querido.

¿En qué temas principalmente?

-Para armar la institucionalidad del Seguro Social, por ejemplo. También todo lo que tiene que ver con la implementación del régimen de inversiones, que es un cambio gigantesco, que también tiene poco tiempo.

Las AFP han advertido que implementar los fondos generacionales de forma simultánea con la licitación del stock de afiliados tiene riesgos relevantes. ¿Comparte esa preocupación, cree que se podría dar más plazo?

-El plazo que hay para implementar los fondos generacionales es el 1 de abril de 2027. Ese día nacen los fondos generacionales y se van los multifondos. Para la licitación también hay plazos. Lo que dice la ley es que la Superintendencia de Pensiones tiene como plazo máximo para llamar a la licitación el mes de agosto de 2027, y se tiene que adjudicar en diciembre de 2027. En ese momento, los fondos generacionales ya van a llevar nueve meses de funcionamiento. Y en junio de 2028 los afiliados van a ser traspasados junto con sus fondos a la AFP que ganó la licitación, es decir, seis meses adicionales.

En total, hay quince meses (desde la implementación de los fondos generacionales) para que la licitación finalmente surja sus efectos. Creo que no es demasiado apresurado, se puede hacer. Siempre uno quiere contar con más tiempo, evidentemente.

Respecto del cambio en el régimen de inversión, AFP han propuesto que cada una pueda diseñar su propio benchmark. ¿Qué opinión tiene respecto de esa idea en particular?

-Lo primero que hay que pensar es cuál es el objetivo de todo esto. Y el objetivo del régimen de inversión, sus fondos generacionales y sus carteras de referencia, es un objetivo de pensión. No es un objetivo de maximizar rentabilidad de corto plazo. Lo que buscamos es que las tasas de reemplazo de las personas se alcancen al final de su vida laboral con el menor riesgo posible. Y así tienen que ser construidos los portafolios.

¿Pero qué rol deben jugar las AFP y el regulador al definir el benchmark? Es la Superintendencia y el Consejo Técnico de Inversiones (CTI) los que tienen que definir esto, pero creo que la ley está abierta y admite interpretaciones, permite tanto que el benchmark lo defina solamente el regulador, como que lo defina cada AFP con la venia del regulador. Aquí hay ventajas y desventajas en ambas alternativas, pero perfectamente podrían convivir las dos.

Una, que el regulador defina un benchmark, que sea el benchmark por defecto. Y que al mismo tiempo, la AFP tenga la oportunidad de definir su propio benchmark, y que el afiliado elija, pero creo que el default debería ser el benchmark del regulador.

Además, el benchmark de las AFP debe tener ciertos resguardos, porque debe cumplirse el objetivo de pensión, esta lógica de lograr buenas tasas de reemplazo y maximizar pensiones. Pero creo que es perfectamente posible que estén ambas alternativas.

Estuvo 10 años en la Superintendencia. ¿Con qué imagen se quedó de las AFP?

-Las AFP tienen muchas virtudes. Son entidades que en buena hora son de giro único. Eso fue un acierto que se hizo en la ley de pensiones, en el DL 3.500, puesto que eso las aísla, no completamente, pero bastante, de los conflictos de intereses. El único objetivo de las AFP es administrar y gestionar fondos de pensiones.

Y las AFP han construido gerencias de operaciones muy buenas, muy potentes, que funcionan muy bien y que gestionan sistemas complejos. Eso fue puesto a prueba en la pandemia y con las tres leyes de retiros. Y lo hicieron muy bien. Las AFP también tienen un área de inversión muy potente.

La parte donde la AFP fallaron fue en la calidad de servicio a los afiliados. Demoraron mucho en evolucionar a una buena calidad de servicio. Y en comunicar bien a las personas lo que significaba ahorrar para obtener una pensión, o sea, el ciclo de vida. Les faltó asesorar a sus afiliados correctamente.

Respecto a su rol en la reforma de pensiones, creo que en general las AFP fueron muy extremas en abrirse a soluciones que eran buenas para sus afiliados, aunque no eran perfectas. Nadie puede tener una reforma perfecta. Además, nadie es el dueño de la verdad. La reforma perfecta para mí es distinta a la reforma perfecta para usted, de la reforma perfecta para el señor que está afuera en la calle. Y todos tienen razón, probablemente.

Creo que ahí a las AFP les faltó visión para haber aceptado y apoyado reformas que claramente beneficiaban a sus afiliados, aunque para ellos no fueran las reformas perfectas. Esa fue una visión miope de las administradoras y ahí quedaron al debe. Hasta el día de hoy están al debe en eso.

Reformas pendientes

¿Quedan reformas pendientes al sistema?

-Por supuesto. Un importante tema pendiente es estudiar si es factible aumentar la edad de jubilación. La expectativa de vida en Chile y en el mundo ha aumentado. Sin embargo, la edad de jubilación quedó fija en 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Eso implica, automáticamente, que las pensiones autofinanciadas bajan mucho.

Urge analizar si es factible aumentar la edad de jubilación. Sin embargo, ahí nos encontramos con problemas muy importantes. Uno es que el mercado laboral chileno es muy complejo para los adultos mayores. Ahí tenemos un desafío. Un segundo punto que creo importante es lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial. Está cambiando completamente el mercado laboral. Hay que ver qué impacto tiene. Y tercero, la impopularidad. Hoy es imposible aprobar una reforma de ese tipo en el sistema político chileno.

Aquí lo que sería bueno es, sin prejuicios, estudiar abiertamente si es factible y en qué condiciones se debe aumentar la edad de jubilación, porque es imperioso encarar ese tema que nadie quiere encarar. Lo ideal sería formar una comisión de expertos, multidisciplinaria y transversal, que incorpore distintas miradas, de historiadores, sociólogos, porque esto tiene un componente humanista muy importante; de actuarios, economistas, ingenieros, abogados; y que esa comisión haga un diagnóstico acabado de la edad de jubilación y proponga alternativas para aumentarla, si es factible hacerlo. Eso sería muy valioso y tiene que ser encabezado necesariamente desde el gobierno, desde el más alto nivel. No lo podemos seguir postergando.

¿Alguna otra reforma pendiente?

-Un segundo aspecto que creo que es importante, es que hay que reforzar el gobierno corporativo de la Superintendencia. Hoy tiene una dirección unipersonal que toma decisiones que impactan en millones de personas y en una industria que maneja miles y miles de millones de dólares. Una forma de minimizar el riesgo de equivocarse es tener un organismo colegiado.

Eso mejora y mitiga riesgos. Pero creo que hay que ir más allá: sería bueno unir la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) con la Superintendencia de Pensiones y crear una gran Superintendencia de Seguridad Social en el país, que tenga un organismo colegiado que lo dirija.

También queda pendiente hacer un estudio profundo del funcionamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

¿Cree que el punto más débil para la sostenibilidad del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) es el SIS?

-El mayor riesgo del FAPP es el SIS, porque es una compañía de seguros de vida con un enorme riesgo de descalce. Sus pasivos, que son rentas vitalicias, son el Beneficio por Años Cotizados (BAC) y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV) de las mujeres. Son actuarialmente estimables.

Y sus ingresos están claros en la ley: es el 1,5% de la cotización con rentabilidad protegida que está destinado al BAC, y el 2,5% que va para el SIS y la CEV. Son los 4% que recauda. Pero lo más complejo por lejos es el SIS, porque tiene enormes riesgos al recaudar un activo fijo y tener un pasivo variable.

Por eso, lo mínimo que hay que hacer es rápidamente traspasar la licitación al FAPP, para que el FAPP tome las medidas y mitigue sus riesgos, y que tenga todo lo que sea necesario para los estudios actuariales.

Pero mientras tanto, veo que se está enfrascando la discusión en cuestiones laterales. Las AFP quieren traspasar la administración a un tercero; las compañías de seguro dicen que hay un tema aquí de fondo de esta cobertura que hay que estudiar; y veo al FAPP que está desesperadamente tratando de que le pasen a ellos esta licitación del seguro y las facultades para tener más información para hacer el estudio. Hay que avanzar rápidamente en esto último, pasarle al FAPP la licitación, las facultades para pedir información, y para hacer los estudios. Y en paralelo, estudiar los otros temas.