Hacienda acusó esta semana errores del gobierno anterior por subestimar las proyecciones de deuda al 2030. ¿Se trata de un error o no hay nada que reprochar, como lo dicen autoridades la anterior administración?

-Cuando entre un Informe de Finanzas Públicas (IFP) y otro se cambia la proyección de déficit fiscal en US$ 13.000 millones, no parece fiscalmente prudente que, en el mismo lapso de tiempo, se hayan encontrado US$ 10.500 millones como fuente de financiamiento. Me quedan dudas sobre como un ítem llamado “otorgamiento de préstamos” haya bajado a US$ 4.000 millones entre un IFP y otro dado que habría más recuperaciones de préstamos que antes. Adicionalmente, la línea llamada “flujos de consolidación” disminuyó también en un monto relevante, algo más de US$ 6.000 millones.

Entonces, les pregunto a los mismos que dicen que el proyecto de Reconstrucción es tan riesgoso y que hay que ser cautos fiscalmente: ¿les parece prudente que en el lapso de tres meses hayan aparecido US$ 10.000 millones para financiar un déficit mayor? ¿Les parece prudente considerarlo eso como una fuente de financiamiento del déficit? A mí no me parece prudente. Por lo tanto, más allá de juzgar intencionalidades, me parece que la corrección que hizo el actual director de Presupuestos en este IFP va en la dirección correcta y apunta a ser prudentes a la hora de financiar las nuevas necesidades producto del mayor déficit que se genera por un nuevo error de proyección en los ingresos fiscales presentados durante la discusión del Presupuestos 2026.

Si se miran los IFP hacia atrás, en general todo o gran parte del déficit se financia con un aumento de deuda, incluso sin considerar las necesidades bajo la línea que existen, el que también impacta la deuda. Es lo más natural. Si la diferencia hubiera sido US$1.000 millones o US$2.000 millones habría sido más plausible. Sin embargo, acá aparecieron US$ 10.000 millones que hace tres meses no los tenías en tu radar como una fuente de financiamiento para financiar el déficit.

¿Esta discusión podría estar dañando la institucionalidad fiscal como dicen algunos economistas y también en la oposición?

-Uno se puede quedar con las consecuencias que está generando todo esto o se puede ir a los datos técnicos. Yo soy más amigo de los datos técnicos que de las consecuencias políticas, las que no son mi área de especialización. Acá claramente no es prudente financiar el 70% u 80% de un mayor déficit con fuentes de financiamiento que hace tres meses no se tenía idea que existían.

Más allá de esta polémica, ¿cuál es la lectura que hace de un IFP presentado por este gobierno que aparece como más complejo en términos fiscales? Adicionalmente, las proyecciones fiscales al año 2030 de este IFP no incorporan el efecto deficitario que tiene el proyecto de Reconstrucción en el corto plazo…

-Quedé muy preocupado. Se sinceró algo que todos sabíamos y que es que el déficit efectivo que se estaba proyectando en el Presupuesto 2026 estaba totalmente subestimado. Preocupa que en un plazo tan corto de tiempo tengamos un nuevo error de proyección de gran magnitud. A modo de ejemplo, los ingresos tributarios no mineros entre el IFP que se presentó en la Ley Presupuestos y este último IFP cayeron en US$ 4.800 millones. Ese orden magnitud, al cual nos empezamos a acostumbrar, también se dio en años anteriores. Entonces, lo que estamos viendo es una secuencia de errores que nos han llevado a una situación fiscal con un punto de partida mucho más frágil que el que deberíamos tener a esta altura del año.

Estamos en un escenario que es más frágil y no podemos no hacer nada. Hoy el proyecto de Reconstrucción quedó corto porque para crecer al 4% esta reforma no nos alcanza. Necesitamos más; tenemos que ser mucho más ambiciosos. No solo porque tenemos que generar más empleo, crecimiento, empleo e inversión, sino también porque parte de ese mayor crecimiento se traduce en una mayor recaudación.

¿Qué tan ambiciosos hay que ser?

-Ya sea en este proyecto o como parte de un acuerdo en el Senado, es necesario incluir más reformas procrecimiento. En particular, echo mucho de menos una reforma importante al mercado del trabajo; necesitamos un mercado laboral mucho más flexible, con más oportunidades para los jóvenes y las mujeres de acceder a ese mercado laboral. Echo de menos también una segunda generación más proactiva de tratados comerciales, tan agresiva como la que hicimos en la época del Presidente Eduardo Frei y del Presidente Ricardo Lagos. Necesitamos, adicionalmente, seguir avanzando en todo lo que sea la facilitación de inversiones y la modernización del Estado. Si el gobierno de verdad tiene los votos para aprobar una reforma así, seguramente va a tener los votos para aprobar esto. Es una necesidad, no es una opción.

Adicionalmente, en un escenario que incluye el proyecto actual y dado el punto de partida fiscal que tenemos, es altamente probable que nos podamos pasar incluso del 50% del PIB de deuda. Y si la deuda se estabiliza, ésta se va a estabilizar entre el año 2033 y 2034. Eso es prácticamente una década. Uno de los objetivos de la sostenibilidad fiscal es estabilizar la deuda, que la deuda no siga creciendo. Para llegar a ese punto, hace tres meses atrás, teníamos un punto de partida de un déficit más bajo… hoy tenemos un punto de partida de déficit más alto, más frágil, con presiones de gasto que hemos conocido.

El IFP nos dice que en el año 2026 al gobierno todavía le faltan US$ 4.000 millones para financiar el gasto y una parte de eso va a ser mayor deuda. Van a tener que pedir autorización de endeudamiento. Entonces, fácilmente a esa proyección que está haciendo el gobierno, hay que sumar al menos un punto del PIB de deuda. Con eso se llega a una deuda que supera el 47% del PIB de aquí al 2030 en un escenario sin proyecto de ley.

Es por eso que, durante la discusión en el Senado, el gobierno tiene que abrirse a hacer ajustes que nos permitan asegurar que la deuda se va a estabilizar. Probablemente no en 45%, pero si en un nivel bajo el 50% en un horizonte de tiempo razonable.

En los últimos 10 años hemos tenido una crisis social, una pandemia, dos procesos constituyentes… guerra externa en el Medio Oriente. Una economía chilena abierta al mundo está sujeta a shocks externos y también a presiones internas como las que hemos vivido en la última década. No podemos esperar 10 años a que la deuda se consolide; es un periodo en el cual vamos a asumir muchos más riesgos. Hoy día estamos en un nivel de deuda en que no podemos tomar ese riesgo. Tenemos que ser mucho más cautos.

Tenemos un punto de partida que es mucho más frágil que el que conocíamos hace un par de semanas atrás. El proyecto de Reconstrucción quedó corto para crecer al 4% y se debe ajustar a una realidad fiscal más frágil. Es por eso que el proyecto tiene que apuntar por más crecimiento e incorporar otras medidas que alleguen más ingresos.

Un escenario más frágil pone a prueba la institucionalidad fiscal…

-Quiero decir algo en forma muy responsable y que puede ser polémico. Los últimos gobiernos han tenido una escucha selectiva con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En las cosas importantes no lo han escuchado. A uno le podría gustar más o menos sus consejeros, a veces podría estar cargado para la derecha y otras veces para la izquierda, pero el al final del día han tenido razón en promedio. Tuvieron razón cuando dijeron que el proyecto de Cumplimiento Tributario no iba a recaudar 1,5% del PIB; pero el gobierno no lo escuchó. Tuvieron razón cuando dijeron que los ingresos estaban sobrestimados y que había que hacer ajustes y el gobierno de nuevo no lo escuchó. En la administración anterior muchas veces lo escuchamos selectivamente también.

Entonces, más allá del entusiasmo y la ambición que se pueda tener con los proyectos de ley, como autoridad tenemos que saber escuchar al CFA.

El Consejo Fiscal nos ha dicho algunas cosas que se tienen que recoger durante la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción. Estoy seguro que si hay un buen ambiente en la tramitación en el Senado, eso va a ocurrir. Ya ocurrió en la reforma de pensiones, donde el Consejo Fiscal hizo una serie de sugerencias que se atendieron en una parte importante. Esa conversación es muy valiosa y que nos puede dejar tranquilos a todos, en el sentido de que no estamos hipotecando todo y no estamos haciendo una apuesta; porque al final nosotros no vamos a pagar los errores sino más bien las generaciones futuras. Tenemos que hacer un ejercicio de humildad todos los que estamos entusiasmados con este proyecto, los que queremos que el país vuelva a crecer; tenemos que escuchar al Consejo Fiscal. Tenemos que entender que hay riesgos y que hoy tenemos mucho menos espacio de lo que teníamos hace una década.

Entonces, ¿hay que atenuar los riesgos fiscales de la megarreforma?

-Hoy no es una opción no atenuar los riesgos fiscales. Tenemos que hacer un ejercicio de humildad. El entusiasmo nos puede llevar a tomar malas decisiones. Puedo entender que los gobiernos tienen promesas, pero hagamos un buen ejercicio de escuchar y de ver cómo mitigamos los riesgos. Estoy seguro que ninguno de los que están hoy liderando el proyecto de ley quiere entregar una situación fiscal más frágil de la que lo recibió. Para eso tenemos que hacernos cargo de los riesgos fiscales, no minimizarlos, no ningunearlos. Estoy seguro que el senador Javier Macaya, quien preside la Comisión de Hacienda, lo entiende perfectamente; a él le tocó ser parte de la tramitación de la reforma de pensiones. Entiende perfectamente que la Comisión Hacienda del Senado siempre ha sido y será una muy buena instancia para hacerse cargo de las aprensiones que ha planteado el Consejo Fiscal y otros analistas durante la tramitación.

Bajo ese contexto, el llamado crédito al empleo ha concentrado las críticas por ser una medida cara. ¿En qué medida se debe ajustar?

-Más allá de hablar de una medida en particular, lo que me importa es que los riesgos fiscales se atiendan y se atiendan bien. Mi llamado es mucho más general, porque cuando uno entra en una medida en específico empiezan los gustos personales. Seamos pragmáticos, no nos quedemos pegados en una medida en particular. Evidentemente a uno le gustaría empezar con las medidas que son menos costo efectivas, pero mi llamado a hacer sostenible fiscalmente el proyecto.

Por otro lado, el gobierno ha estado recortando el gasto público. ¿Hasta dónde se puede llegar con ese ajuste fiscal?

-Entiendo que el gobierno está trabajando para incorporar otros 0,5 puntos del PIB de ajuste de gasto; no sé si será ahora o lo va a presentar en el Presupuesto 2027…eso también ayuda. De todas formas, todos sabemos que el recorte de gasto tiene rendimiento decreciente por decirlo en forma elegante y, lamentablemente, la principal traba es política, no es técnica… ya hemos visto cómo reacciona la política en gobiernos de derecha y de izquierda… siempre van a haber grupos de interés para defender su nicho.

La historia reciente ha mostrado que los proyectos de ley de distintos gobiernos, especialmente los de índole tributario, han sobrestimado ingresos y han actuado con el “tejo pasado”. ¿Cuál es la lección que se puede sacar de esta realidad de la última década?

-Mi principal reflexión de todo lo que ha pasado en el último tiempo es que no cumplir las metas tiene costo cero para las autoridades. Antes pensábamos que podía haber un costo reputacional para un ministro que no cumplía metas, pero nos hemos dado cuenta por la experiencia reciente que da lo mismo. Una Ley de Responsabilidad Fiscal que tiene costo cero, al final termina siendo letra muerta. Un avance importante, y ojalá se materialice durante este gobierno, sería que la responsabilidad fiscal tenga rango constitucional. Tenemos que ponerle más seriedad a la responsabilidad fiscal, no puede tener costo cero incumplir la regla. Eso podría generar que los gobiernos, más allá de las buenas intenciones, sean mucho más cuidadosos y más responsables fiscalmente.