Es quizá el informe más duro y crítico que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha hecho sobre la gestión fiscal del gobierno y que generó debate entre los parlamentarios de oposición y el oficialismo.

Es que han sido varias las advertencias que ha entregado el CFA sobre la la estrechez fiscal que atraviesa el país, no solo pensando en el corto plazo, sino que también en el largo plazo.

“La situación de estrés fiscal prolongada se refleja tanto en el acercamiento de la deuda a su nivel prudente, en las holguras negativas para el mediano plazo y en el hecho de que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se encuentre en un nivel muy inferior al que nos permitió enfrentar crisis en el pasado”, comenzó señalando el presidente del CFA, Jorge Rodríguez.

Y agregó que “es por esto por lo que el CFA reitera su recomendación al gobierno y al Congreso de diseñar y consensuar una agenda concreta, no solo para cumplir con las metas fiscales de 2025 y 2026, sino que también para fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo”.

En su presentación, Rodríguez estuvo acompañado del vicepresidente de la entidad, Hermann González y los consejeros, Jeannette von Wolfersdorff, Marcela Guzmán y Sebastián Izquierdo.

En sus principales mensajes que entregó el organismo ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se enfatiza en los errores en las proyecciones de los ingresos fiscales. “El incumplimiento de la meta estructural de 2024 refleja una falta de ajuste oportuno del gasto y de corrección de las proyecciones de ingresos fiscales, que también incidió en la Ley de Presupuestos de 2025″.

A juicio del CFA, esto “ha implicado que en el presente año se requieran recortes de gasto significativos para cumplir con la meta de Balance Estructural, con la dificultad adicional de tener que realizarlos sobre un gasto ya aprobado”.

En ese contexto, enfatizan que “de persistir el desequilibrio fiscal en las magnitudes de años recientes, se superará el nivel prudente de deuda en el corto plazo y el país podría enfrentar condiciones de financiamiento menos favorables, reduciendo aún más el espacio disponible para gastos prioritarios”, afirman.

En ese sentido, añaden que “la situación de estrés fiscal prolongada se refleja tanto en el acercamiento de la deuda a su nivel prudente, en las holguras negativas para el mediano plazo y en el hecho de que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se encuentre en un nivel muy inferior al que nos permitió enfrentar crisis en el pasado”.

En su presentación ante los parlamentarios, sostienen que “aunque Chile mantiene un nivel de deuda pública menor que el de otras economías emergentes, su trayectoria ascendente por varios años refleja un desequilibrio fiscal persistente que debiese ser revertido, dado el escaso margen remanente para alcanzar el nivel prudente de 45% del PIB de deuda bruta”.

Dado este escenario, el Consejo puntualizó que las condiciones fiscales actuales hacen necesario marcar un cambio sustantivo en la conducción de las finanzas públicas, en el sentido de lograr una mayor capacidad de ajuste efectivo del gasto ante situaciones de menores ingresos estructurales. “Los constantes desequilibrios en el Balance Estructural evidencian que no se ha cumplido con financiar gastos permanentes con ingresos permanentes”, afirmó el CFA.

Estimaciones de ingresos

Uno de los puntos que levantó el CFA fue que las proyecciones de gastos fiscales a mediano plazo requieren de mayor explicación por parte del Ejecutivo, en particular, respecto a la marcada reducción estimada de la inversión pública hacia 2029.

Enfatizan que, pese a las advertencias del CFA sobre riesgos a la baja en las estimaciones de ingresos, estas “no fueron corregidas oportunamente durante la tramitación de la Ley de Presupuestos de 2025”. Por ello, indican que “no haber considerado a tiempo estas advertencias constituye parte del problema que se enfrenta actualmente, dado que se cuenta con un gasto aprobado que debería será ajustado en una magnitud relevante (0,97% del PIB, equivalente aUS$3.310 millones) para cumplir la meta vigente de BE de -1,1% del PIB”.

En este sentido, puntualizan que “aprobar un presupuesto con proyecciones poco realistas lleva a que se comprometa gasto público sin que se cuente con los recursos para financiarlo y dificulta su reversión una vez aprobada”. Y apuntan que “reflejo de que el estrés fiscal se ha vuelto permanente y se proyecta que continúe, es que para 2025 y 2026 se avizora un nuevo incumplimiento de las metas de Balance Estructural”.

El plan de ajuste fiscal no convence al CFA

El gobierno anunció un plan de ajuste fiscal en la Ley de Presupuestos 2025 de $544.000 millones (US$555 millones); más otros ajustes específicos, revisiones de gasto y otras materias por $552.840 millones (US$564 millones). Todo ello suma $1.096.840 millones, unos US$1.199 millones.

A lo anterior adicionó medidas legislativas de recortes, que incluyen recursos por $851.813 millones, unos US$870 millones. En total, de cumplirse, se trataría de un ajuste que ascendería a $1.948.653 millones (unos US$1.990 millones).

En particular, el Consejo considera que “el ajuste de gasto administrativo adicional para 2025 de 0,13% del PIB (equivalente a US$433 millones) resulta insuficiente frente a los desafíos que enfrentan las cuentas fiscales”.

Por ello, dicen que es “necesario aplicar recortes de mayor magnitud, cuidando que no afecten la provisión de beneficios sociales prioritarios ni que se centren en la inversión pública, lo cual no implica que no puedan lograrse ganancias de eficiencia en esos ámbitos”

Por otra parte, a juicio del Consejo, las estimaciones asociadas a las medidas legislativas para 2025 presentan un alto grado de incertidumbre, dado que éstas podrían no ser aprobadas, aprobarse en un plazo posterior a este año o bien podrían sufrir modificaciones en su tramitación legislativa que cambien su efecto fiscal, lo que se ve agravado por la ausencia de un cronograma explícito por parte del Ejecutivo que permita monitorear el avance de cada iniciativa, evaluar su viabilidad política y estimar con mayor precisión su impacto temporal.

En este sentido, el Consejo advierte “con especial preocupación” que el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2025 presente una meta de Balance Estructural condicional de -1,6% del PIB para 2025, sujeta a la aprobación de las medidas legislativas propuestas, mientras que, al mismo tiempo, proyecta un déficit estructural de 2,0% del PIB si dichas medidas no se materializan.

“Esta forma de presentación pone en duda el control del Ejecutivo para el cumplimiento de la meta fiscal, introduce incertidumbre respecto del compromiso fiscal efectivo y complica la rendición de cuentas ante eventuales desvíos”, puntualizan.

Dado el escenario externo de incertidumbre, recomiendan “pausar la modificación del decreto de política fiscal en contexto de incertidumbre internacional”.

Las razones del cambio de la meta

Un punto relevante de la presentación ante el Congreso fue el referido a que por primera vez se invocó lo que la ley señala como “otras causales extraordinarias” para modificar el decreto de política fiscal, lo que deja en evidencia desafíos en esta materia, ya que dichas causales no se encuentran definidas en la recientemente reformada Ley sobre Responsabilidad Fiscal.

Al respecto, el CFA señaló que, si bien la actualización de la norma contribuye a reducir la discrecionalidad del Ejecutivo, no establece criterios específicos para la aplicación de las “otras causales extraordinarias”, a diferencia de lo que ocurre con las cláusulas de escape para las cuales se establecen mayores exigencias. En opinión del Consejo esta situación debería corregirse modificando la ley.

En cuanto a las razones específicas planteadas por la autoridad como “causales extraordinarias” para hacer menos exigentes las metas de BE, el Consejo considera que solo algunas de ellas se alinean con el carácter excepcional que hoy exige el marco de responsabilidad fiscal. Sin desmedro de ello, el CFA recomienda pausar la modificación del decreto en el actual contexto de incertidumbre de los mercados internacionales, pues los efectos de la guerra comercial no han sido incluidos aún en las proyecciones fiscales de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Se busca así evitar una sucesión de cambios a las metas.

Como mensaje final el CFA sostuvo que “el país enfrenta una situación de estrés fiscal prolongada, que nos lleva a un punto de inflexión, no sólo porque en 15 de los últimos 17 años ha registrado déficits estructurales, sino también, porque se observan dificultades para implementar medidas de ajuste del gasto público, o bien, de aumento de los ingresos estructurales, que permitan equilibrar las cuentas fiscales conforme a las metas de Balance Estructural (BE) autoimpuestas por el Ministerio de Hacienda”.

En el oficialismo y en particular los diputados del Frente Amplio, Camila Rojas y Jaime Sáez acusaron de una utilización política del informe, mientras que desde la oposición, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) valoró el análisis que hizo el CFA descartando que haya un uso político, sino más bien señaló que hubo una descripción de la situación actual.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, Ximena Rincón ( Demócratas) sostuvo que “cuando el gobierno se equivoca en más de US$4.000 millones estamos ante una situación compleja y de riesgo. El CFA ha sido claro se requiere una ajuste mayor del gasto pero lo que hizo el gobierno es un ajuste de solo el 18% de la recomendación que se hizo”.