Durante la madrugada del domingo, desconocidos realizaron un ataque incendiario en contra de la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en Quilaco, Región del Biobío.

Desde la empresa valoraron que no hubo lesionados de gravedad durante el atentado, sin embargo, señalaron que los daños materiales “son significativos” y que se está haciendo una evaluación completa de las pérdidas.

En este contexto, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, declaró que “desde la CPC condenamos firmemente el brutal ataque terrorista ocurrido durante la madrugada de este domingo en la central Rucalhue”.

“Tal como señaló el ministro de Seguridad, Luis Codero, este es un atentado que tiene las características de una acción terrorista, y por lo mismo, anunció que el gobierno se querellará por la Ley Antiterrorista”, agregó la timonel del gremio a través de un comunicado.

Jiménez también solidarizó con los guardias de seguridad heridos y señaló que “la violencia y cobardía de quienes son responsables de estos actos reviste la máxima gravedad”.

Además, precisó que “más allá de los considerables daños materiales a la infraestructura, este es un ataque terrorista que afecta directamente a los trabajadores, las comunidades vecinas y el Estado de derecho, sembrando el miedo entre las personas y socavando la confianza de los inversionistas”.

“Hechos de este tipo no pueden tener cabida en nuestra sociedad, pues atentan contra valores y derechos fundamentales como son la libertad, la seguridad, la democracia y el emprendimiento, todos indispensables para proteger la vida y dignidad de las personas, la paz y estabilidad de nuestro país, y su desarrollo social y económico”, declaró la presidenta de la CPC.

En el final del comunicado, Jiménez nuevamente valoró “los dichos del ministro Cordero en cuanto a investigar el caso y perseguir a los responsables como miembros de asociaciones terroristas, haciendo efectivas todas las herramientas del Estado de derecho”.

Otro gremio que se pronunció al respecto fue la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). En esta oportunidad, el presidente de la entidad, Alfredo Echavarría, declaró haber recibido “con profundo pesar” la noticia del atentado.

Asimismo, señaló que “lamentamos profundamente el inmenso daño provocado, especialmente a las personas que fueron amenazadas y agredidas por los autores de este acto terrorista, así como las importantes pérdidas sufridas por contratistas que prestan servicios a la central con camiones y maquinaria especializada”.

De la misma manera que lo hizo el gremio del empresariado chileno, desde la CChC valoraron el anuncio del gobierno de aplicar la Ley Antiterrorista en este caso.

“Hechos de violencia como este afectan gravemente el desarrollo del país. Para que Chile vuelva a crecer, es imprescindible contar con condiciones mínimas de seguridad. Como Cámara Chilena de la Construcción, condenamos enérgicamente este acto, instamos a las autoridades a identificar, detener a los responsables tanto intelectuales como materiales para que respondan ante la ley y expresamos nuestra solidaridad con todos quienes han resultado afectados por este acto criminal, que carece de toda justificación.”, concluyó Echavarría en un comunicado.