El eslabón perdido del nuevo pacto social

Me impresionó escuchar en los primeros 3 días de las protestas y vandalismo que se inició el 18 de octubre una voz valiente y racional en diversas entrevistas televisivas y radiales. La voz del rector Carlos Peña. Nos recordaba que la democracia es un pacto social, un conjunto de reglas que todos debemos acatar, que incluye delegar en el Estado el monopolio de la fuerza, para cautelas el orden público en favor de todos. Habló de la violencia legítima del Estado para someter la violencia ilegítima de los privados. Un Estado que no es capaz de cumplir esa función básica, de la cual se derivan todas las demás, se desmorona. También hizo referencia a la generación nacida en democracia, esa que entró a la vida pública a cambiarlo todo, que definitivamente no tiene cultura cívica democrática, que entiende la democracia como la manifestación de su propia voluntad, que está dispuesta a subvertir nuestro pacto social democrático y desconoce, por ignorancia cívica, lo que la democracia es, un pacto social civilizado que dirime pacíficamente sus diferencias mediante el apoyo de las mayorías en una democracia representativa, sustentada en la paz que el Estado provee a todos mediante el monopolio de la fuerza legítima. Así, uno de esos destacados nuevos representantes vio desobediencia civil en el destrozo de los vándalos. Bien le haría leer a Bertrand Russell y entender que el desobediente civil se entrega a la policía, no le lanza bombas molotov ni destruye bienes que son de todos. Pero también el rector Peña nos habló de un tercer tema que es el más preocupante. Por último, estos jóvenes sin cultura cívica que pretenden representarnos en el Congreso tienen tiempo para educarse y cambiar. ¿Pero dónde están los políticos republicanos más viejos del Congreso, esos que tienen cultura cívica democrática, que entienden el peligro que enfrenta nuestra convivencia y que están silentes frente a la obvia necesidad de aplicar la fuerza legítima del Estado en contra de la violencia ilegítima que vemos día a día? Se trata del Estado en su conjunto, sus tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial los que tienen la obligación de ejercer el mandato básico de mantener el orden público y someter a los vándalos y grupos organizados que están causando caos y destrucción.

El eslabón perdido del nuevo pacto social es que necesitamos que todos los poderes del Estado cumplan esta función básica de toda democracia. Las policías se han visto sobrepasadas, porque a través de los años no solo hemos ignorado legítimas demandas sociales y hemos rezagado severamente en la forma en que la riqueza creada se reparte, sino porque también le hemos quitado a las policías el derecho a utilizar esa fuerza legítima y hoy están desprovistas de autoridad frente a la provocación e incluso la agresión flagrante. ¿Qué ocurría en un país desarrollado si un joven desalmado lanza a la cabeza de un policía, afortunadamente con casco, una roca de varios kilos a un metro de distancia como vimos en la televisión? ¿o si otro desalmado lanza una bomba molotov a la cara de dos carabineras a pocos metros de distancia? ¿Qué hubieran hecho sus compañeros, además de auxiliarlas?

Nuestro Estado ha fallado en desarrollar inteligencia, guardias nacionales y capacidad de ejercer la fuerza legítima que todos le hemos encomendado para someter a los vándalos, delincuentes, y a obvios grupos de células anarquistas destructivas de nuestra democracia. Para encontrar el eslabón perdido es imprescindible que los políticos republicanos de la ex Concertación levanten su voz democrática a favor del uso legítimo de la fuerza del Estado, con tanta claridad como lo han hecho para proponer una nueva agenda social. Sin este componente -es decir, el derecho del Estado al monopolio de la fuerza legítima- no es posible configurar un nuevo pacto social.