ESPECIAL DÉCADA: El descrédito del sector empresarial

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Fue -a ojos de varios de sus protagonistas- la década más compleja para el empresariado. Los escándalos de colusión, el caso La Polar y el financiamiento irregular de la política calaron hondo, minaron las confianzas y profundizaron la sensación de abusos en la ciudadanía.




El 9 de junio de 2011, Lorenzo Constans recorrió tres locales de La Polar. Durante la tarde de ese día, el entonces titular de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) visitó las tienda de San Diego, Ahumada y Puente. "Mi preocupación era ver cómo estaba la atención a los clientes y encontré una normalidad. Vi hasta remate de televisores, funcionaba todo bien", cuenta. Esa mañana, el retailer había remecido al mercado. A primera hora, el directorio comunicó públicamente el hallazgo de prácticas irregulares en la cartera de créditos; y estalló la crisis de las llamadas repactaciones unilaterales. "La Polar fue un escándalo de marca mayor", dice Constans.

Tal hecho constituyó, concuerdan los consultados, una de las piedras angulares del descrédito del sector empresarial en los últimos diez años; instaló una fuerte sensación de abusos, redefinió normativas y profundizó los cuestionamientos al mundo privado. La década ya había partido con las esquirlas del caso Farmacias, que en 2008 dio cuenta de la colusión entre Cruz Verde, Salcobrand y FASA, para subir el valor de centenares de medicamentos. Y ahora se sumaba esto. "En la última década las empresas han sufrido un desprestigio enorme, básicamente por una serie de escándalos, donde si bien recaen en un grupo menor de compañías, han calado lo suficiente como para desprestigiar a la empresa en general como un actor social", señala la investigadora del Centro de Reputación Corporativa del ESE Business School, Francisca Lobos. "Esta es por lejos la década más difícil para la empresa en la historia reciente", sostiene.

De hecho, Constans relata que tras el escándalo de La Polar se trabajó en un manual de buenas prácticas que su sucesor -Andrés Santa Cruz- presentó un año después, la crisis no cesó. La encuesta CEP de mayo de 2017 daba cuenta que solo un 13% de la muestra confiaba mucho o bastante en las empresas privadas, siendo superada solo -con porcentajes menores- por los partidos políticos, el Congreso, el gobierno y los tribunales de justicia. Asimismo, la encuesta Plaza Pública de Cadem de octubre pasado subrayaba que apenas un 37% aprobada la gestión de los gremios empresariales; dos años antes, en tanto, el estudio Confianza e Imagen Empresarial, realizado por la misma consultora más Sofofa, hablaba que solo un 35% confiaba en la empresa privada, mientras que tal porcentaje subía a 46% cuando se incluían también las pymes y las estatales. "La Polar, las farmacias, los chanchos, el financiamiento ilegal de la política generaron el cóctel perfecto, donde todo lo bueno que se hizo desapareció y nos quedamos con lo mal que se ha portado el mundo empresarial y los malos mensajes que le dábamos a la gente que tenía mayores carencias", subraya el expresidente de Sofofa, Hermann von Mühlenbrock.

Si bien la pérdida de confianza no fue un hecho radicado solo en el sector privado, sino que en todas las instituciones -según el Latinobarómetro, si en 2009 un 54% de los encuestados creía que el país era gobernado por unos cuantos poderosos en pos de su beneficio, en 2017 ese porcentaje subió al 81%-, las compañías sí fueron foco de una ciudadanía que les exigió más, en medio de una década teñida por escándalos. "Ha sido una década de grandes luces y complejidades. Están la colusión y faltas a la ética de algunas empresas, pero de esos hechos lamentables y absolutamente condenables todos debemos aprender y ver la oportunidad de consolidar una nueva manera de hacer las cosas, verlo como un punto de inflexión para poner fin a las malas prácticas e iniciar un camino -sin vuelta atrás- de mayor integridad", subraya el actual timonel de la CPC, Alfonso Swett.

Una veintena de delitos

Solo días antes de que quien hubiese sido uno de los ejecutivos más destacados de la década anterior -el exgerente general de La Polar, Pablo Alcalde-, terminara en prisión preventiva, la Fiscalía Nacional Económica denunció la primera colusión de la década. El 1 de diciembre de 2011, acusó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo de coordinarse para distribuirse cuotas de mercado. Catorce días después, el organismo allanaba las cadenas de supermercados buscando otros posibles atentados a la competencia. Es que a raíz del caso Farmacias se había introducido la figura de la delación compensada -mecanismo que exime de multas a quien se delate- y si bien, el caso Pollos no se generó por una autodenuncia, tal herramienta sí dinamizó los casos. Entre 2010 y 2019 la autoridad denunció cerca de 20 colusiones, que se tradujeron en unos US$ 80 millones en multas. En 2012, estuvo el caso Navieras; en 2015, ocurrió el escándalo del papel confort, donde se acusó a CMPC y a SCA de coordinarse en el negocio del tissue; mientras que el último caso de alta repercusión -sin perjuicio de que se presentó recientemente uno en el mercado de alimentos para salmón- fue en 2016: la coordinación de los supermercados en el mercado del pollo.

"'La gallá' tuvo una sensación de letra chica, de que por alguna parte me estaban jodiendo, y eso fue muy malo", rememora Von Mühlenbrock.

A fines de 2016, Cadem daba cuenta de que el 87% de los encuestados creía que la colusión era una práctica habitual, y un 84% estimaba que las grandes empresas abusaban mucho o bastante de los consumidores. En ese momento, la desconfianza seguía aumentándose, mientras en el intertanto aparecían los casos de financiamiento ilegal de la política, con Penta y SQM como financistas clave de campañas electorales. Los dueños de Penta -Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- estuvieron 46 días en prisión preventiva. Al final, fueron condenados a cuatro años de libertad vigilada, una multa y clases de ética; sentencia que -señalan en el sector- aumentó la sensación de abuso entre la ciudadanía. "Cárcel para los pobres, clases de ética para los poderosos", rezaba una pancarta que un grupo de estudiantes de la UAI -establecimiento que impartiría las clases- desplegó en el recinto.

Compleja relación

Cinco presidentes tuvo la CPC durante estos últimos diez años: Lorenzo Constans (2010-2012), Andrés Santa Cruz (2012-2015), Alberto Salas (2015-2017), Alfredo Moreno (2017-2018) y Alfonso Swett. La Sofofa, en tanto, tuvo tres timoneles: Andrés Concha (2009-2013), Herman von Mühlenbrock (2013-2017) y Bernardo Larraín. Y en el país, hubo solo dos mandatarios: Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Las relaciones entre los timoneles empresariales y ambos mandatarios fueron a lo menos complejas. Lejos quedaron la fluidez en el diálogo que habían mantenido las cúpulas del mundo privado con el expresidente Ricardo Lagos. Artículos de prensa daban cuenta de cómo los proyectos de mayor envergadura eran revisados por el en ese entonces secretario general de Sofofa, el fallecido Andrés Concha. Su opinión era vital. Ahora, tal cercanía no se visualizaba.

"La CPC mira y propone las que, a su juicio, son las buenas políticas públicas para el país y los chilenos; los gobiernos también persiguen ese fin, aunque no siempre concordamos en los mecanismos. Siempre hemos estado dispuestos a cooperar y apoyar... a veces nos oyen más y otras menos", subraya el ex CPC Andrés Santa Cruz. "Ha mutado la relación entre los distintos actores de la sociedad. El cambio es parte de la vida de toda sociedad y de toda empresa, y en todo cambio hay una oportunidad. Creo que muchos de los cambios de la última década han sido para bien, hacia relaciones más horizontales y equilibradas. Pero aún falta mucho en construcción de confianza", complementa Swett.

Si bien inicialmente hubo diferencias con la primera administración de Sebastián Piñera, luego de que este interviniera en la paralización del proyecto termoeléctrico Barrancones -"Al comienzo no fue tan fluida la relación con el sector empresarial, pero después se fue mejorando", recuerda Constans-, las evidencias de mayor distancia se dieron en la segunda administración de Michelle Bachelet.

En su primera Cena de la Industria -en 2014-, Von Mühlenbrock, en su rol de líder de Sofofa, fue bastante crítico de su gestión. Habló directamente de un clima antiempresa. Y en 2015, de manera inédita, la mandataria no asistió. "Siempre vamos a tener discrepancias, pero lo más importante de esa relación es que fue con respeto; salvo ese punto que la Presidenta no fue a la cena, todos los años teníamos al Presidente y 12-13 ministros", recuerda el ex Sofofa.

En medio de todo ese escenario, con una ciudadanía sumamente empoderada, las redes sociales atravesando la comunicación, y una desconfianza creciente, la palabra renovación comenzó a resonar. La necesidad de contar con personas más jóvenes que entendieran el Chile actual y con una presencia femenina más relevante, gatilló una mutación de liderazgos. "A partir de Alfredo Moreno se notó un cambio importante en el modo de liderazgo de los gremios, en el sentido de que uno de sus propósitos fue volver a legitimar a la empresa ante la opinión pública, y desde un comienzo percibió que la reputación era un tema importante y promovió varias iniciativas como el 3xi que iban en la dirección correcta", indica Francisca Lobos del ESE Business School. "El poder hoy está mucho más en manos de la ciudadanía que de las élites y eso es positivo. Nos desafía como gremios y empresarios a contactarnos con esa ciudadanía, la cual es más diversa, con mayores demandas y expectativas", apunta Santa Cruz.

En 2017, asumió el dirigente más joven de Sofofa, Bernardo Larraín (el primero sub 55); y así el promedio del Comité Ejecutivo bajó de 59 años, bajo la administración anterior, a 53 años. A nivel empresarial, también emergió con fuerza la generación sub 40; mientras en paralelo, los emprendedores hacían lo suyo. En medio de una nube negra permeada por los escándalos, la década vio florecer startup locales como NotCo, que atrajo la inversión del fundador de Amazon, Jeff Bezos; o Cornershop, plataforma por la cual pujó Walmart, Cencosud, y que finalmente quedó en manos de Uber, que pagó US$ 459 millones por su control.

Ahora -concuerdan las fuentes- viene la definición de las compañías para el tiempo futuro. "Estamos en un momento bisagra. Los próximos meses se juega bastante de no solamente la imagen empresarial, sino de todos los actores que algo tienen que decir en este nuevo pacto social", dicen en el ESE. La ética en el centro de su quehacer, empresas que van más allá de los resultados financieros y nuevos vínculos laborales, nutrirán la nueva década, el transitar del sector privado hacia el 2030.

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