Essal: "No se cumplen los requisitos que exige la ley para caducar la concesión de Osorno"

Oficina comercial de Essal, filial de Aguas Andinas.

La empresa afirmó que tiene la entera disposición para colaborar con la SISS en los expendientes sancionatorios y de caducidad de concesión que inició el organismo regulador.


Luego que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) anunciara este viernes que inició un expediente para revocar la concesión de la sanitaria en Osorno y otro sancionatorio, por los cortes de agua que afectaron a dicha ciudad durante 11 días tras un derrame de petróleo, la empresa manifestó que tiene un irrestricto apego y respeto a la institucionalidad vigente, así como a la Ley General de Servicios Sanitarios, pero enfatizó que no cree que se cumplan los requisitos para revocarle el contrato de operación.

Mediante una declaración la empresa afirmó que "nos encontramos a entera disposición de la autoridad sanitaria para colaborar durante el proceso administrativo que se inicia, buscando establecer con claridad que no ha existido intención de afectar a nuestros clientes y no se cumplen los requisitos que exige la ley para caducar la concesión de Osorno".

La empresa aseguró que "estamos convencidos que el lamentable hecho que afectó a la comunidad de Osorno no es representativo de la labor que a diario realizan los trabajadores de nuestra empresa".

Asimismo enfatizó que "independientemente del proceso abierto por parte de la Superintendencia,  seguimos trabajando para robustecer la empresa y mejorar su gestión. El compromiso de Essal es continuar trabajando con esmero para entregar un servicio de calidad a nuestros clientes".

Multas

Tal como lo había adelantado el presidente Sebastián Piñera en un matinal, la SISS emitió esta tarde el esperado informe sobre Essal, la filial de Aguas Andinas que dejó sin agua potable a Osorno durante 11 días tras un derrame de combustible en la planta de Caipulli.

El titular del regulador sanitario, Jorge Rivas, informó que se han formulado cargos cuyas multas podrían superar los $ 2.500 millones, monto que solo podrá ser definido una vez que termine el período de descargos al que tiene derecho la empresa.

Además indicó que abrió un expediente de caducidad a la concesión en Osorno, proceso que también le otorga derecho a la empresa para hacer sus descargos y apelaciones.

Rivas aclaró que recién tras ese proceso al que calificó como "inédito", la superintendencia estará en condiciones de emitir su resolución final en la forma de una propuesta al Presidente de la República.

En una concurrida conferencia de prensa, el regulador dijo que en la SISS "creemos" que sí amerita abrir este informe de caducidad contra Essal, pero reiteró que la última palabra la tiene el Mandatario.

Comenta