Ex Superintendente de Servicios Sanitarios afirma que hay que evaluar qué es mejor: si terminar concesión o aplicar otras sanciones

En medio de una creciente presión política, para que el gobierno ponga fin a la concesión de Essal en Osorno, el ex Superintendente de Servicios Sanitarios, Juan Eduardo Saldivia, indicó que hay que evaluar qué es mejor para la zona ya que a su juicio caducar la concesión genera incertidumbre.

"El Estado está para gobernar y para resolver los problemas, lo importante es que se tiene que hacer la evaluación y ver qué es mejor: caducar la concesión y tener a Osorno con bastante incertidumbre respecto, y el Estado se eche encima la responsabilidad de administrar algo que no conoce, o aplicar otras sanciones y hacer muchas otras exigencias a la empresa", indicó Saldivia en Radio Pauta.

Indicó además que el trabajo que tiene la Superintendencia previo a la entrega del informe que se espera para los primeros días de agosto, debe hacerse con la máxima rigurosidad.

• Superintendencia de Servicios Sanitarios sabía desde octubre del año pasado las precariedades de Essal

"El trabajo que tiene que hacer la Superintendencia es delicado, porque puede ser un caso ejemplar no solo para la industria sanitaria, sino que para la industria de provisión de servicios públicos, porque si aquí queda la sensación de que no se sancionó con la debida rigurosidad vamos a retroceder mucho", sostuvo.

Asimismo dijo que el manejo comunicacional que tuvo la empresa durante la crisis en Osorno fue deficiente y eso genera un daño importante a toda la industria sanitaria.

"Hubo errores iniciales de comunicación, se informó que se iba a resolver en 24 horas cuando era evidente para cualquiera que conociera un poquito este sistema que no era así. Después no se tomaron las precauciones para dar cuenta a la población que reponer un servicio de casi 600 kilómetros de redes era algo que iba a demorar más que unas horas. Le hace daño a una industria muy exitosa", dijo el ex Superintendente.

Además agregó que "tenemos la duda legítima de si el fiscalizador o los fiscalizadores han estado presentes. No hay una explicación más allá de decir que al parecer alguien se ha quedado dormido en los laureles y hay que retomar con fuerza la capacidad del Estado para fiscalizar".