Como un “supremazo” es calificado por abogados de libre competencia el último fallo de la tercera sala de la Corte Suprema que revocó una multa de US$ 5,1 millones a CorreosChile por posición dominante y competencia desleal. En la sentencia, el máximo tribunal del país lanzó una dura crítica al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

“Se llama la atención a los jueces del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, atendido el excesivo tiempo empleado en la tramitación de estos autos, y la consiguiente demora que ello ha provocado, unido a la falta de pulcritud respecto de la redacción de la sentencia en estudio, lo cual se anotará en su hoja de vida funcionaria”, consignó el fallo.

El caso surge por la demanda que interpuso Envía Limitada en 2018, y desde los alegatos de la causa hasta la resolución del 2 de noviembre de 2021 transcurrieron 337 días. En aquella ocasión, el TDLC era presido por el abogado Enrique Vergara, y los ministros: María de la Luz Domper, Daniela Gorab, Jaime Bahona y Ricardo Paredes. Hoy, sólo estos dos últimos siguen en sus cargos.

En conversación con Pulso La Tercera, 14 de abogados comentan la reprimenda al TDLC. Eso sí, todos coinciden en la complejidad de este tipo de litigios y valoran los esfuerzos por acelerar sus plazos.

Claudio Lizana, socio de Estudio Lizana sostuvo que “es una dura crítica, en mi opinión”. “No es la primera vez que la Corte Suprema ha cuestionado al TDLC. Hay una cierta tensión en esa relación. Pero hay que entender que es parte de la estructura de ‘checks and balances’ que es sano que exista en nuestra institucionalidad de libre competencia”.

Benjamín Grebe, socio de Prieto Abogados añadió que “parece bastante inédito que la Corte Suprema cuestione no solo los tiempos, sino que además lo que la corte entiende como una falta de pulcritud del fallo y ordene anotarlo en la hoja de vida de los ministros. Si bien históricamente ha existido cierta tensión entre ambos tribunales, esto reafirma que es difícil encontrar una sola línea entre las sentencias de la Corte Suprema como máximo tribunal y las del TDLC como tribunal especializado’”.

En una línea similar, Nader Mufdi, socio de FHM Abogados sostuvo que “las sentencias y resoluciones dictadas en los últimos dos años por el TDLC muestran que este ha hecho un importante esfuerzo por disminuir los tiempos de tramitación. En lo que aún, a mi juicio, la institucionalidad de libre competencia está en deuda es en los plazos que se toma la FNE para llevar a cabo alguna de sus investigaciones”.

Mario Bravo, socio de Estudio Bravo destacó que “es notorio el aumento de las causas sobre libre competencia; sin embargo, ello no puede ser justificación para el retraso en fallar y menos, por cierto, de la falta de pulcritud en la redacción de los fallos”.

Francisco Agüero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile agregó que “este era un tema que ya estaba vinculado a las cuentas públicas del expresidente Enrique Vergara, que los plazos se estaban alargando al momento de dictar sentencia. Creo que la gestión del actual tribunal, con los cambios realizados de ministros y presidente, ha estado orientada a acelerar los tiempos de dictar sentencia”.

Mientras, Óscar Gárate, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central agregó que “la observación de la Corte pareciera desproporcionada considerando que la tramitación de esta causa se vio afectada por el estallido social y la pandemia, lo que da cuenta de la solidez de la institucionalidad en materia de competencia.”

De igual manera, Mario Ybar, counsel de Garrigues añadió que “el hecho de que un juicio demore casi 6 años en contar con una decisión final obviamente indica que el sistema no está funcionando bien. Dicho eso, la crítica parece más bien injusta si consideramos que la tramitación ante la Corte Suprema solo demoró unos meses menos que ante el TDLC, a pesar de que este último tramitó el juicio en su totalidad.”

Vanessa Facusse, socia de Bofill, Escobar, Silva Abogados explicó que “los asuntos de competencia han aumentado en volumen y complejidad, exigiendo un entendimiento del mercado en el que inciden. Por lo tanto, junto con resolver el caso concreto, la sentencia genera lineamientos para todos los agentes económicos, y ello puede demorar la decisión. Pero esta situación debe garantizar que la justicia llegue de manera oportuna, y para ello, el tribunal podría instar a utilizar con mayor intensidad instancias de acuerdos o salidas alternativas.”

Carolina Veas, socia en CMS Carey & Allende sostuvo que “emitir juicios —tanto para un tribunal como para un académico o un litigante— acerca de casos de alta complejidad técnica y en tiempos acotados no es tarea fácil. Sin embargo, hay que intentar hacerlo sin afectar en lo posible ninguno de los factores de esa ecuación. La Corte Suprema le pide al TDLC un ajuste en ese sentido, considerando la experiencia que dicha institución tiene y enfrentando una carga importante de casos, que ha intentado resolver con la profundidad que ha considerado suficiente atendiendo los recursos que tiene a su disposición”.

Por su parte, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Catalina Medel señaló que “el TDLC está sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, por lo cual revisar los plazos en los cuales se dicta una sentencia, por ejemplo, se encuentra dentro de sus facultades. La pregunta es si el plazo establecido en la ley para que el TDLC dicte una sentencia es suficiente dada la carga que tiene el Tribunal, los recursos y el personal que maneja”.

Carla Bordoli, socia de Bordoli & Doren comentó que “el TDLC ha tomado más tiempo del que tomaba antes en la tramitación, pero eso se debe a un aumento importante de causas que experimentó, manteniendo los mismos recursos y personal. Pero actualmente se ve que el TDLC está tratando de disminuir los tiempos de tramitación.”

En la misma línea, María José Henríquez, socia en Morales & Besa señaló que “es una muestra más de que las autoridades de libre competencia (tanto el TDLC como la FNE) necesitan recursos adicionales dada la carga que están teniendo y la importancia que tiene su intervención oportuna.”

Cristián Reyes, senior counsel de Aninat Abogados sostuvo que “si bien algunos ponen en duda el rol de la Corte Suprema en el sistema de libre competencia chileno, este es un ejemplo de la supervisión que dicho organismo realiza, lo que ratifica la importancia de aplicar también criterios de sentido común y eficiencia para que tanto el fondo de los asuntos como su duración sean acordes a lo que el sistema y los mercados requieren”.

Matías Mori, socio de MOMAG Abogados sostuvo que “la pronta administración de justicia es necesaria para proteger el estado de derecho y los derechos de las partes involucradas en un pleito. El retraso en la administración de justicia puede, en el extremo, suponer una denegación de la misma”.