Fiscalía formalizará a Larrain Vial S.A. y dos ejecutivos por “negligencia inexcusable” en un caso de lavado de activos

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La Fiscalía Santiago Centro imputará responsabilidad penal a la gestora de inversiones y a un broker en un caso de apropiación indebida por $ 1.710 millones, ocurrido en 2018, por parte de un abogado y un comerciante contra Clínica Sierra Bella, una sociedad de médicos. “En este caso se cumplieron todos los protocolos internos, junto con los procedimientos que exige la ley”, se defendió LarrainVial.


Un caso de estafa y lavado de activos que afectó a una sociedad de médicos en 2018 terminó cuatro años después contaminando las oficinas de una de los principales agentes financieros del mercado local: Larrain Vial.

El séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó para el 26 de diciembre una audiencia para formalizar a Larrain Vial S.A. como persona jurídica y dos de sus ejecutivos, por el delito de “lavado de activos por negligencia inexcusable”, a solicitud de la Fiscalía Local Santiago Centro. La causa, que involucra además a la sociedad Asesorías e Inversiones Santa Bárbara, es investigada por la fiscal adjunto Alicia Ascencio.

El querellante en la causa es la Sociedad Médica y de Maternidad Sierra Bella, antes representada por el estudio Ferrada Nehme y que hoy trabaja en la causa con el exfiscal Carlos Gajardo. Todo comenzó en 2013, cuando Sierra Bella adquirió una serie de inmuebles a la Corporación Unión Evangelista, en un precio de 118 mil UF (unos $ 4.130 millones actuales). La compra sería cancelada en varias partes y la última cuota, por 63.332 UF, debería pagarse en 2018. La empresa emitió un vale vista por $ 1.710 millones para cancelar el saldo. Pero según acusó Sierra Bella más tarde, su abogado, Isaías Gómez, junto a otra persona, José Miguel Patuelli, “tramaron un ardid para hacerse del vale vista endosable” por esa suma.

“Una vez que los imputados estuvieron en poder del vale vista, tomaron contacto con Larrain Vial con el objeto de abrir una cuenta en dicha empresa”, relata la querella de abril de este año en que Sierra Bella apuntó a la responsabilidad penal de la empresa de asesorías financieras.

Gómez y Patuelli fueron formalizados por estafa y lavado de activos en abril de 2021: la Fiscalía pidió su prisión preventiva, pero el tribunal denegó la medida cautelar.

Antes de llegar a Larrain Vial, Patuelli se dirigió a la empresa Asesorías Santa Bárbara, un broker de Larrain Vial que, finalmente, gestionó la apertura de la cuenta. Santa Bárbara es representada por Luis Carlos Valdés Edwards y a esta intermediaria Patuelli llegó a través de otro sub broker, Patricio Vial Videla, quien ya está fallecido.

Los querellantes acusan que Larrain Vial no verificó la licitud del dinero a invertir y que su actuación negligente posibilitó que Patuelli pudiese depositar un vale vista que estaba a nombre de Sierra Bella, girar gran parte del dinero, invertir otro monto y finalmente liquidarlo. Todo ello en un lapso de 13 días. Los querellantes apuntaron a la negligencia de dos ejecutivos de Larrain Vial: Luis Francisco Skinner, oficial de cumplimiento, y Juan Cárcamo, analista de cumplimiento. Ambos serán formalizados el 26 de diciembre junto a LarrainVial y Santa Bárbara. En total, Patuelli realizó 26 retiros de dinero a través de cheques que depositó en diversos bancos.

Los representantes de Sierra Bella acusan que la corredora incumplió su propio manual de prevención delitos y que no reportó las operaciones de Patuelli como operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, UAF. “El blanqueo de capitales efectuado por los señores Isaías Gómez y José Miguel Patuelli fue posible por el actuar negligente y la actitud pasiva tanto de los ejecutivos de Santa Bárbara, que requirieron los documentos presentados por Patuelli, como de Larraín Vial y su área de riesgos y cumplimiento”, dice la querella de abril pasado.

Interrogado por la policía en abril de 2021, Patuelli declaró ser comerciante de toda la vida. “Desde hace 4 o 5 años tengo una sanguchería en calle Balmaceda n° 404, comuna de Buin, tengo dos trabajadores”, dijo. El local, contó, le generaba un ingreso mensual de $ 1,5 millón.

“Estamos muy satisfechos por el trabajo que ha hecho la fiscalía en un caso que evidencia la falta de cumplimiento por parte de Larrain Vial de sus deberes de dirección y supervisión, al haber permitido que se invirtieran más de $ 1.700 millones en la corredora sin haber cumplido sus deberes para acreditar el origen de los fondos, que provenían de una estafa a una sociedad de médicos”, analiza Carlos Gajardo tras conocer la citación a la audiencia de formalización.

La defensa de LarrainVial

LarrainVial es asesorada por el penalista Juan Domingo Acosta, quien no quiso hacer comentarios sobre el caso. Sí lo hizo LarrainVial en una declaración en la que afirmó contar “con un modelo de prevención de delitos y de prevención de lavado de activos debidamente certificado. En este caso, se cumplieron todos los protocolos internos, junto con los procedimientos que exige la ley, lo que fue validado por diversos informes independientes realizados por expertos”.

En la investigación declararon Luis Francisco Skinner, oficial de cumplimiento de LarrainVial registrado en la UAF desde 2016, y el gerente general de la corredora de Larrain Vial, Andrés Trivelli.

Skinner aseguró que la empresa actuó diligentemente y que los poderes y la documentación presentada por Patuelli cumplían las formalidades. “El poder estaba firmado ante notario y los firmantes del mismo eran los apoderados de la sociedad Clínica Médica y Maternidad Sierra Bella S.A., los mismos que endosaron el vale vista que se invirtió en nuestra corredora”, declaró. Por lo mismo, agregó, no ameritaba corroborar con la clínica la legalidad de los poderes, ya que eran formalmente válidos y Patuelli, incluso, estaba acompañado del abogado de Sierra Bella. Skinner agregó que Sierra Bella “solo reparó en el fraude cometido por su abogado de confianza meses después de realizada la operación en nuestra corredora”.

Trivelli, en enero de 2021, declaró también que se cumplieron las formalidades requeridas y recordó que en mayo de 2019 fueron fiscalizados por la UAF y no existieron reparos a su operación. “Al analizar ex post esta operación puedo señalar que los clientes que actúan para terceros, como en este caso, es frecuente este tipo de operaciones de corto plazo (money market). Por ejemplo, los fondos de caja en las empresas muchas veces los prefieren invertir a corto plazo para obtener mayor rentabilidad, por lo tanto no me parece sospechosa”, testificó.

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