La llegada de Metro al mercado de las tarjetas de prepago -a través de MetroMuv, inicialmente MetroPago- generó diversas críticas desde un comienzo.

Durante el proceso de consulta iniciado por Metro ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), respecto a la prestación recíproca de servicios de recaudación y carga de fondos, diversas firmas de servicios financieros presentaron sus cuestionamientos. Entre ellas, Tenpo, Unired, Copec, Mercado Pago, American Express, Mastercard y Caja Los Héroes.

En términos generales, todas advirtieron que MetroPago tendría una ventaja injusta: el uso exclusivo de la infraestructura de Metro, como boleterías y máquinas de autoservicio, financiadas con recursos públicos.

“Esta iniciativa, amparada en la Ley N° 18.772, busca que los titulares de tarjetas de prepago puedan abonar dinero a sus cuentas utilizando la red de carga de Metro, compuesta por boleterías integradas en las 143 estaciones existentes en la Región Metropolitana", precisaron desde la Fiscalía Nacional Económica.

En este contexto, MetroPago presentó ante el TDLC su propuesta general de contratación, la que luego fue modificada y se presentó una nueva versión en noviembre del año pasado.

Ahora, en la audiencia pública realizada ante el Tribunal, la FNE presentó las principales conclusiones del análisis realizado sobre el nuevo documente de MetroPago.

En su exposición, el coordinador de la División Antimonopolios, Matías Edwards, destacó las mejoras incorporadas por la empresa consultante respecto de los riesgos para la competencia identificados en la versión original de la propuesta, y concluyó que la nueva propuesta presentada mitiga dichos riesgos en la prestación recíproca de servicios de recaudación y carga de fondos.

Elementos destacados

La FNE destacó ante el TDLC varias de las materias incluidas por Metro en su nueva propuesta para mitigar los posibles riesgos para la libre competencia.

En primer lugar, la “flexibilización del concepto de reciprocidad mediante el principio de equivalencia funcional, permitiendo que emisores que operan en el entorno digital y no cuentan con infraestructura física puedan acceder a la red de recaudación y carga de Metro”.

En segundo lugar, la “incorporación de un procedimiento de contratación claro, objetivo y transparente, con plazos definidos y mecanismos de publicidad”.

En tercer lugar, la “eliminación de la exclusividad de MetroPago en la certificación tecnológica, permitiendo la participación de terceros independientes que lleven a efecto dicha función”.

Y en último lugar, la “realización de ajustes en la estructura tarifaria propuesta, acompañados de auditorías externas destinadas a asegurar que los cobros correspondan a los costos reales del servicio”.