El gobierno quiere acelerar el proyecto de ley de migraciones, el cual se encuentra hoy en primer trámite constitucional en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara y con ello empezar a actualizar la institucionalidad.

Uno de los focos que en esa instancia el Ejecutivo detalló fue el gasto social que el fisco desembolsa para atender a los ciudadanos foráneos. De acuerdo al Informe Financiero del proyecto de ley, se estimó que ese gasto llega a los US$256,1 millones.

Ese desembolso se distribuye en US$21,38 millones para gasto en institucionalidad, en US$114,42 millones en salud y US$120,6 millones en educación.

Para el fisco los inmigrantes no son solo gastos, ya que si se considera el aporte fiscal que realizan los inmigrantes por el pago de derechos como las visas, permisos de residencia y multas, éste ascenderá a casi $36 mil millones en 2018 (US$56 millones). En un plazo de más largo tiempo -entre 2010 y 2018- la recaudación por este concepto totalizará unos $162 mil millones, lo equivale a unos US$240 millones.

A ello se debe incluir el aporte que hacen por el pago del impuesto a la renta que en 2017 llegó a unos US$500 millones anuales.

En suma, la recaudación por pago de derechos como por impuesto a la renta supera con creces el presupuesto que se destina para el funcionamiento del departamento de extranjería de $3.500 millones para 2018, mientras que para el 2019 se aumentará en 17% llegando a $4.170 millones, como también el gasto en los derechos sociales.