Marcel Moenne, gerente general de Pacific Blu se declara “apesadumbrado y algo enrabiado”. Responde al llamado de Pulso tras una extensa jornada de directorio, celebrada este jueves. La administración de la empresa, que acaba de anunciar el cierre de sus operaciones a partir del 1 de enero de 2026, se reunió varias horas con sus controladores. Rodrigo Sarquis es el presidente de la mesa -donde también participa Juan Ignacio Vinagre- de la filial de Blumar, donde la pesquera controla el 55% de la propiedad.

Surgida en 2017, Pacific Blu nace de la fusión de Congelados del Pacífico con la operación de Pesca Blanca de Blumar. La firma está enfocada en la producción de merluza congelada, fresca y apanada. La compañía controla, a su vez, el 100% de El Golfo Comercial, que comercializa productos congelados. Hasta ahora, emplea a 800 personas en forma directa, y a 2.700 indirectamente. Pero el cambio en la distribución de la merluza, aprobada este miércoles por el Congreso, que dejó en 48% la cuota industrial haría insostenible la operación, señalan. Una operación donde, según datos de Sernapesca, tenía una cuota efectiva de 26.896 mil toneladas, y capturó 25.090 durante 2024, consumiendo un 93,29% de su cuota. La pesquera, una de las dos firmas industriales que explota la merluza, afirma que no puede seguir operando. Aquí explica las razones.

¿No había ninguna manera que la operación fuera sustentable con alguna reducción de cuota?

-Nosotros somos la única empresa en Chile que pesca merluzas, y que además tiene plantas en tierra. Las plantas en tierra son muy intensivas en mano de obra. Las merluzas se filetean a mano. Por lo tanto, para que la actividad sea viable, se requiere un abastecimiento continuo. Para tener un abastecimiento continuo, solamente se puede lograr con barcos industriales con buena tecnología y con un tamaño suficiente que puedan pescar con casi cualquier condición de clima. Y, por supuesto, tener al menos dos barcos para que mientras uno descarga, el otro sale, y van secuencialmente abasteciendo la planta. Esta pesquería, además, opera casi todo el año, 11 meses al año. Por lo tanto, hay un nivel de cuota mínimo, que no se puede bajar, que es la cuota necesaria para que al menos dos barcos operen los 11 meses completos. Eso, con la actual cuota y con el fraccionamiento de 60%, que es el que teníamos por ley hasta el año 2032, teníamos la cuota justa para operar durante todo el año. Bajar a 57%, que fue la propuesta inicial del Ejecutivo, era estar parado medio mes, lo cual es complicado, pero, como he dicho antes, nos duele, pero no nos mata.

¿Cuál es la información falsa que entregó el subsecretario Salas y que ustedes acusan?

-Yo lo encuentro realmente muy grave. En la discusión de este proyecto, el propio Ejecutivo ha planteado la premisa de pesca para quien la pesca, y en la merluza común, nosotros estábamos relativamente tranquilos que se iban a respetar nuestras cuotas históricas, porque en la pesca industrial pescamos el 93%, y las empresas como Pacific Blu, que pescamos la merluza como especie objetivo, pescamos el 99% los últimos cuatro o cinco años. En cambio, el sector artesanal pesca solo el 51% en todas las regiones los últimos cuatro años en esta pesquería. Nunca hubo una razón para quitarle cuota a quien la necesita, para entregársela a quien no la va a poder pescar.

El problema es cuando el subsecretario presenta la situación de esta pesquería, muestra cifras de captura que no corresponden a la realidad, indicando que el sector industrial solo pesca el 61%, lo cual hace pensar a los parlamentarios que ese 39% restante permite quitarnos fraccionamientos sin que nos falte cuota, que es el argumento que utilizaron a coro los diputados que apoyan al Ejecutivo.

Los diputados y senadores de la comisión mixta legislaron en base a información errónea. Eso es muy grave.

¿Han tenido contacto con el subsecretario para hacerle ver esto?

-No, la última reunión por Ley del lobby fue la semana anterior a la comisión, en que fui yo junto con Macarena Cepeda, (presidenta de Pescadores Industriales del Biobío) y Felipe Sandoval (presidente de Sonapesca) para dejarle claro que ya nos dolía aceptar el 57%, pero que estábamos dispuestos a seguir pedaleando, como se dice en chileno, y no tener que cerrar la compañía. Pero menos de eso nos dejaba en la posición que no podíamos seguir. Esa fue la última conversación que tuve con él.

¿Qué respuesta obtuvieron en ese momento del subsecretario?

-Una actitud indolente, por decirlo de alguna forma, que él creía que no estaban los votos y que el Ejecutivo iba a proponer lo que finalmente propuso, que era algo entre 50% y 60% a artesanales, o sea, bajarnos nuestro 60% a algo entre 50% y 40%, y que finalmente terminó en 48%.

Pero los parlamentarios en un comienzo tenían claramente la información, pues yo fui a exponer a todas las comisiones, les dije que efectivamente el sector, nosotros, necesitábamos la cuota. Cuando el subsecretario les muestra cifras distintas, siendo la autoridad, evidentemente los parlamentarios no tienen por qué dudar que la información básica que se está utilizando para legislar sea incorrecta.

Ustedes informaron que el cierre de las operaciones lo van a realizar a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Por qué esa fecha?

-La ley que se está terminando de tramitar establece que el nuevo fraccionamiento entra en vigencia cuando corresponda fijar cuotas globales anuales de captura. Y eso es en diciembre de este año, cuando se fija la cuota para el próximo año. Por lo tanto, el fraccionamiento, yo entiendo y los abogados así lo ratifican, recién cambia a contar del 2026.

En la tramitación se mencionó que la entrada en vigencia de la ley sería en 90 días a partir de la publicación de la misma…

-No sé bien a qué obedece ese plazo. Eso es como una cláusula adicional. La cláusula principal respecto a la entrada en vigencia es cuando corresponda fijar una cuota global anual de captura. Y las cuotas se fijan una vez al año, en diciembre, para el año calendario siguiente. Por lo tanto, nosotros y muchos de los abogados expertos en pesca entienden que esto entra en vigencia el próximo año.