El próximo jueves se presentarán los resultados de la mesa de trabajo sobre "Gestión de personas en el Estado", instancia formada por un grupo transversal de centros de estudios, que tiene como foco mejorar la gestión de personas en el Estado y atraer y retener talentos.

El grupo, conformado por Libertad y Desarrollo (Bettina Horst y Andrés Sotomayor), el Centro de Estudios Públicos (Isabel Aninat y Lucas Sierra), Chile 21 (Verónica Pinilla y Pablo Velozo) y Espacio Público (Luis Cordero y Daniel García) darán a conocer dos documentos con propuestas trabajadas por cuatro meses, y que tienen como objetivo promover la agenda de modernización del aparato público.

Entre las medidas que se presentarán está un cambio al sistema de los asesores de las autoridades políticas. El informe afirma que "si bien no se cuestiona que las autoridades cuenten con un equipo de confianza, preocupa el aumento en el número de contrataciones, la discrecionalidad de sus funciones y responsabilidades, y las distorsiones que generan en un Estado que busca más profesionalismo en sus trabajadores".

En este sentido, el grupo propone la creación de una categoría especial para los asesores, para distinguirlos de los funcionarios de carrera. De esta forma, se busca transparentar quiénes son asesores y quiénes no. Asimismo, indica que "se debe fijar un límite en el número de asesores", lo que es aplicable tanto a servicios como a ministerios. Este límite se establecería por vía presupuestaria.

Además, el documento indica que todos quienes ingresen como asesores cesarán automáticamente sus funciones cuando la autoridad que los nombró finalice su cargo. Estos asesores estarán además sujetos a la Ley de Lobby y, se señala, que el Servicio Civil deberá dictar un Código de Conducta para Asesores.

Funcionario Público

El grupo de think tanks también hace varias recomendaciones sobre los funcionarios públicos.

En primer lugar, plantea fijar a un año el plazo máximo del contrato a honorarios, el que podría ser renovable sólo por una vez. Y, tal como ocurre en la Ley de Presupuestos, proponen mantener un límite máximo de personas y de gasto en honorarios.

Respecto del ingreso de nuevos funcionarios a la administración pública, la mesa de trabajo afirma que hay que realizar acciones para evitar la posibilidad de que estos trabajadores se vean expuestos "a la arbitrariedad del gobierno o del jefe de turno, derivadas de motivos diferentes a la capacidad y el mérito". Así, se propone un sistema único de ingreso consistente en un concurso público que contenga los principios de orientación al mérito, búsqueda de competencias adecuadas, transparencia y publicidad, y sea un procedimiento de carácter técnico.

El comité de selección de candidatos tendrá preparar una terna, donde deberán incluirse "a lo menos dos funcionarios públicos".

El documento también indica que deben existir programas para atraer talento joven, profesionales y técnicos recién egresados que cuenten con buenas credenciales.

De esta forma, cada vez que se genere una vacante en el servicio público, debiera aplicarse por regla general el concurso establecido en materia de ingresos. Pero, excepcionalmente, el jefe de servicios tiene la facultad de aplicar una única promoción dentro del servicio, la debe hacerse atendiendo principalmente al mérito.

También se propone un cambio al sistema de evaluaciones, que alivie la carga administrativa que genera hoy en los jefes de servicios, pero que, a la vez, potencie este sistema. Se plantea diseñar un sistema de autoevaluación de desempeño, el que deberá ser posteriormente ratificado por el jefe directo. De esta forma, la junta calificadora sólo intervendrá en discrepancias relevantes entre ambas evaluaciones.

El documento indica que las remuneraciones de los funcionarios públicos dependerán siempre del grado y no de la persona, y -afirman- "no se justifican aumentos de grado en la misma función". Con todo, plantean que pueden haber "asignaciones complementarias previamente establecidas".

Finalmente, la mesa de trabajo indica que todas las reformas planteadas deben ser implementadas en forma paulatina, "para no afectar a los actuales funcionarios, pero velando por brindar de mayor transparencia y legitimidad el empleo público".