Ya en la madrugada del domingo y luego de otra larga jornada de negociaciones, finalmente el gobierno y la oposición, al menos una parte relevante de ella (la DC, el PPD y el PS), lograron sellar el acuerdo que habían comenzado a construir hace más de 10 días, sobre un plan de emergencia para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia del Covid-19.

Cediendo todos en sus posiciones iniciales, pactaron un programa de medidas a 24 meses plazo, por un monto total de hasta US$12 mil millones y que tomará la forma de un fondo del cual se girarán los recursos para ayudar a suplementar los ingresos de la población y aliviar la situación de las empresas y de sus trabajadores. Así, el plan tiene disposiciones de acción inmediata para el actual momento de contención del virus que se vive en el país, pero también de más largo aliento apuntando a la etapa de reactivación que debe venir posteriormente.

El símbolo de este paquete de apoyo y principal punto de conflicto que demoró el pacto entre las fuerzas políticas fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que ya existía, pero que cambia su diseño y amplía su cobertura al 80% más vulnerable. Al final, este quedó fijado en $100 mil por persona para una familia de hasta cuatro integrantes (de ahí hacia arriba decrece el aporte por cada miembro extra), la que recibirá $400 mil por al menos dos meses, y luego, un 80% del beneficio al tercer mes, aunque con la posibilidad de subir al 100% dependiendo del estado de las condiciones sanitarias. El Ejecutivo espera enviar y aprobar esta semana el proyecto de ley de esta iniciativa, de tal modo de iniciar su pago ya a fines de junio.

Desde todos los sectores se reconoce que esta mejora en la protección de los ingresos de las personas, junto a otras que considera el plan, resulta clave y urgente en la estrategia de conseguir que la gente se quede en sus hogares y respete las cuarentenas y restantes medidas de restricción a la movilidad, de modo de disminuir la tasa de contagios de coronavirus en el país. Y también hacia adelante, todo lo que tiene ver con la recuperación económica y del empleo.

Por lo mismo, es muy importante y meritorio el acuerdo al que el mundo político logró arribar, porque además lo hizo considerando y respetando ciertas bases técnicas en lo que tiene que ver con el marco fiscal y la disponibilidad de recursos con que cuenta Chile, demostrando que técnica y política sí pueden y deben conversar en la búsqueda de las soluciones que requiere el país. En eso también ayudó un grupo transversal de expertos que asesoró al Ministerio de Hacienda y que consensuó una propuesta que destrabó el diálogo entre gobierno y oposición.

Ojalá lo anterior abra el inicio de una nueva etapa, donde lo sanitario, social y económico comience a caminar más de la mano, de modo de atisbar una luz al final del túnel de la actual pandemia.