Industriales reavivan cuestionamientos a Ley de la Jibia tras decisión de Pacific Blu

Lo habían anunciado en abril de este año y lo concretaron este viernes: Pacific Blu, una de las mayores productoras de jibia, informó del cierre definitivo de su planta productora de jibia y la paralización de una de sus embarcaciones pesqueras. La decisión la atribuyeron directamente a la denominada Ley de la Jibia, que entrará en vigencia el próximo 16 de agosto. Dicha modificación a la Ley de Pesca excluye al sector industrial de la captura del recurso, dado que solo se consideran como válidas para su extracción la potera y línea de mano como artes de pesca, prohibiendo el uso de cerco y la pesca de arrastre de media agua. "Dada la imposibilidad legal de volver a pescar jibia en los próximos años, nos vemos en la obligación de iniciar un proceso de reducción de nuestro personal, en todas las áreas de la compañía, para adecuarnos a esta nueva realidad", indicó Pacific Blu a través de un comunicado. En conversación con Pulso, el gerente general de la compañía, Marcel Moenne, afirmó que la decisión "es cien por ciento ley de la jibia", dado que habían podido pescar con normalidad hasta el fin de la temporada, que se produjo hace dos días. A juicio del ejecutivo, la ley que entrará en vigencia en los próximos días "no tuvo, tiene ni tendrá sustento técnico" y que es "insólito, incomprensible y desmoralizante que se haya convertido en ley de la República una ley que no tiene ningún fundamento técnico y en que nadie gana nada con dejarnos afuera". Moenne agrega que en el parlamento "no hubo ánimo de escuchar argumentos técnicos" y cuando se pidió audiencia con los diputados, esta fue rechazada. Además, responsabilizó al gobierno de haberse involucrado "tarde y mal" a la tramitación del proyecto y de no haber concretado ninguna de las acciones que había anunciado, como recurrir al Tribunal Constitucional. En la industria lamentaron la decisión de Pacific Blu. Macarena Cepeda, presidenta de Asipes comentó que "son días muy tristes para la pesca industrial de la Región del Biobío, son jornadas de duelo porque muchos de nuestros colaboradores no podrán seguir en las empresas de Lota, Coronel y Talcahuano, producto de esta Ley de Jibia. Es un golpe devastador para estas 1.700 familias que han comenzado a ser notificadas de sus despidos. Hicimos múltiples gestiones, a todo nivel, para alertar de lo que ocurriría al entregar la jibia a una cooperativa de pescadores artesanales, pero no fuimos escuchados". En la misma línea, el gerente general de Sonapesca Héctor Bacigalupo, sostuvo que "los potenciales efectos negativos de esta norma no solo afectarán a industriales y artesanales cerqueros, sino que también a Chile, pues hoy el sector artesanal solo ha extraído el 3% de la cuota a la que tiene derecho (…) Ante este escenario, es esperable que la ORP, cuando comience a asignar cuotas de pesca para este recurso, le otorgue a Chile menores cuotas de jibia y que este mismo recurso comience a ser explotado por otros países en aguas internacionales". Por ello, como gremio, proponen la creación de una mesa de trabajo con autoridades de gobierno y del Congreso, además de científicos y representantes del mundo artesanal y del industrial "para abordar este tema y buscar soluciones que beneficien la sustentabilidad de toda la actividad, ambiental y social. Aunque parece ser tarde, siempre hay tiempo para conversar y buscar acuerdos sobre fundamentos, sobre todo por el alto impacto que puede no tener no volver a intentarlo". Desde Landes, otra de las empresas que participa del negocio de la jibia, también lamentaron la situación y comentaron que en su caso son 250 las desvinculaciones entre personal de planta, flota, mantención y áreas de apoyo. A esto se suma la paralización de 2 de las 4 embarcaciones que poseen. "Calculamos que en la Octava Región se perderán en cerca de 2 mil empleos", indicó Carla Sánchez, subgerente de Asuntos Corporativos de Landes. Las críticas también vinieron desde el gobierno. A través de un comunicado, La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) lamentó profundamente las desvinculaciones y reiteró el desacuerdo con la tramitación de la iniciativa, al restringir por la vía legal la captura de la jibia solo al uso de potera, impidiendo que la flota cerquera artesanal y la industria pudiesen continuar con su actividad. "Las autorizaciones respecto de los diversos artes o métodos de pesca son materias eminentemente técnicas y corresponde sean resueltas a nivel administrativo". El martes, la Cámara de Diputados analizará en sala el proyecto de ley que busca postergar en dos años la entrada en vigencia de la ley de la jibia, el que fue rechazado en la comisión de Pesca de la Cámara. Ante esto, "la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura reitera su plena voluntad para mantener el diálogo con todos los sectores pesqueros, y a la vez llama a los parlamentarios a informarse adecuadamente previo a la votación del martes, para los efectos de la eventual postergación de la entrada en vigencia de la ley". Pacific Blu tiene tres líneas de negocio: jibia, merluza y productos apanados a través de la marca El Golfo. Sin embargo, la jibia representa la mitad de la pesca y de las ventas, por lo que su reemplazo como línea de negocio no es factible. En tanto, el negocio de la merluza, al estar las cuotas asignadas por ley, no ofrece oportunidades de crecimiento, a lo que se suma el impuesto específico de 10%, lo que corresponde al margen del negocio "por lo que el otro negocio importante no genera rentas, lo que nos deja en una posición muy compleja", afirmó Moenne. La única vía de crecimiento para la compañía es la de los productos apanados. Recientemente lograron un acuerdo como proveedor de Junaeb y tienen proyectos para el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafés). Si bien es un negocio que por ahora les da aire, todavía es de un volumen pequeño, comparado con las otras líneas.

Industriales reavivan cuestionamientos a Ley de la Jibia tras decisión de Pacific Blu

La empresa concretó este viernes el cese definitivo de su planta procesadora del recurso y la desvinculación de 367 trabajadores.

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