La encrucijada de la SMA por Quintero

ENAP se ha transformado en un dolor de cabeza para la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). De hecho, la frase que más se escucha al interior de la SMA cuando se consulta por el proceso contra la petrolera es "Quintero es un tema complejo". Es que el organismo que hoy lidera Rubén Verdugo aún no sanciona a la estatal, a un año de la mayor crisis ambiental que ha vivido en su historia la zona de Quintero y Puchuncaví, y a cuatro meses de haberse cerrado la investigación por parte del fiscalizador ambiental.

El 5 de septiembre de 2018, el organismo ambiental inició un proceso sancionatorio contra la empresa debido a la intoxicación masiva que afectó a los habitantes de la zona entre los días 21 y 23 de agosto del año pasado, y que provocó que más de 300 personas recurrieran a los centros de salud de la V Región.

Los involucrados esperaban la sanción para julio pasado, sin embargo, todavía no se tiene una fecha clara, y una de las razones, revelan fuentes que conocen el avance del proceso, es que la resolución de la SMA exculparía a la petrolera de ser la responsable de la contaminación, pero sí la sindicaría de realizar una mala gestión en el tratamiento de sus riles del terminal de Quintero. Este vuelco en el análisis generaría que la estatal obtenga solo una sanción por operar de forma distinta a la establecida en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y una multa que podría superar levemente los $ 100 millones.

Este resultado sería uno de los factores que estarían demorando el cierre del proceso sancionatorio, lo que se uniría a que formalmente la SMA indica que aún hay diligencias pendientes. Las fuentes consultadas dicen que el documento con la sanción para ENAP ya estaría listo e informado al Ministerio de Medio Ambiente, organismo que ha estado atento al avance del proceso debido a la alarma pública que se generó en la zona. De hecho, a días de ocurrido los eventos, la propia titular de la cartera, Carolina Schmidt anunció sanciones, "caiga quien caiga", identificando a ENAP como la principal sospechosa. La gravedad de los hechos ocurridos en agosto del año pasado y el impacto que generó en la población hizo que Schmidt le diera un plazo de 48 horas a la SMA para buscar un responsable, y en ese lapso el organismo identificó a ENAP, se abrió un proceso sancionatorio y formuló cargos. El 10 de octubre del año pasado la empresa presentó sus descargos y la superintendencia inició una investigación, la que culminó el pasado 8 de mayo, según se desprende de la resolución exenta número 9 Rol F 030-2018 que está en la página web del organismo.

El documento, de cuatro páginas, detalla las diligencias que se realizaron durante los ocho meses que se extendió la investigación. En ella se destaca la solicitud de información que hizo la SMA respecto a los indicios de que ENAP habría recibido petróleo iraní con un alto contenido de ácido sulfhídrico, respuesta que la petrolera les entregó en enero. Esta arista está siendo investigada, paralelamente, por la Fiscalía, organismo que busca un nexo con los sucesos de contaminación ocurridos en Quintero.

En el resumen que hace la SMA, se indica que la estatal "no reconoce deficiencia alguna en el sistema de tratamiento de riles", principal cargo levantado por la superintendencia y que sustentaría su tesis principal que consiste en que el mal uso de los riles por parte de ENAP provocaron una exposición de grandes cantidades de hidrocarburos a la intemperie, lo que generó, a la vez, una emisión de compuestos orgánicos volátiles en condiciones tales que afectó significativamente la salud de la población de Quintero.

En el informe que da por cerrada la investigación, la SMA indica que en vista de los antecedentes recogidos, "no se identifican diligencias en relación a los hechos investigados, ni a las responsabilidades relacionadas a los cargos formulados, que se encuentren pendientes o que sean imprescindibles para la propuesta que hará este instructor. Por lo tanto, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 53 de la LO-SMA, se emitirá un dictamen en el cual se propondrá la absolución o sanción que se estime corresponda aplicar".

Sin embargo, hoy la SMA indica que existen diligencias pendientes y que es por ese motivo que la sanción o absolución correspondiente todavía no se pronuncia.

"La investigación todavía no concluye, toda vez que para ello es necesario que se hayan realizado todas las diligencias, existiendo todavía gestiones pendientes. Por lo mismo, mientras estas no se lleven a cabo, no nos es posible determinar cuándo estemos en condiciones de dictar la resolución que ponga fin al procedimiento sancionatorio", explica Rubén Verdugo, superintendente del Medio Ambiente (S).

Añade Verdugo que en relación a ENAP, "lo que tenemos actualmente en curso es un proceso sancionatorio que se inició con una formulación de cargos, a la cual le siguió una etapa indagatoria que todavía se encuentra pendiente de resolución por existir diligencias pendientes que nos permiten abarcar todas las aristas del caso, incluso aquellas que se han ido develando con el tiempo".

Enfatiza además que procesos sancionatorios como el iniciado en contra de la petrolera "tienen un grado de mayor complejidad producto de la cantidad de antecedentes levantados". Detalla que luego de los incidentes, el organismo realizó cerca de 150 actividades de fiscalización adicionales a las programadas anualmente para esa región y formuló cargos contra cinco titulares que operan en dicho núcleo industrial.

"Adicionalmente, y como es de conocimiento público, a partir del mes de abril de este año, instalamos una delegación exclusiva de dos fiscalizadores en la comuna de Quintero, acción que forma parte de la estrategia territorial establecida por la SMA para el período 2019", destaca Verdugo.

En el Ministerio del Medio Ambiente ponen paños fríos a la dilatación del proceso por parte de la superintendencia y hoy indican que son respetuosos de la institucionalidad ambiental. "La Superintendencia del Medio Ambiente y la Fiscalía tienen investigaciones abiertas, por lo tanto, no podemos referirnos a los procesos de investigación que se encuentran en etapa de desarrollo. Creemos en la autonomía de las instituciones para desarrollar sus procesos investigativos, y por supuesto, siempre hemos colaborado y lo seguiremos haciendo en todo lo que seamos requeridos", indica la seremi de Medio Ambiente de la V Región, Victoria Gazmuri.

Una de las diligencias que se realizó con posterioridad al informe de cierre del proceso, fechado en mayo, fue la solicitud de un nuevo estudio, adicional al que ya había realizado la SMA, encargado en julio al Dictuc, organismo que regularmente es consultado por la autoridad ambiental para sustentar sus sanciones. Las fuentes consultadas destacan que, efectivamente, el Dictuc entró en el proceso y que fue contactado por la superintendencia "en los últimos meses".

El documento, cuyas conclusiones ya estarían en manos del fiscalizador ambiental, no es público y no se encuentra individualizado en el sitio web del organismo que detalla las diligencias que se han realizado en el proceso. De hecho, después de mayo no hay ninguna diligencia adicional informada.

Según indican las fuentes consultadas, el análisis que realizó el Dictuc se trataría de modelaciones climatológicas que se contrastaron con las mediciones de las estaciones de monitoreo que existen en la zona e incluso con las estaciones que las empresas tienen en Quintero. Y en base a esos análisis, se habría establecido que es "técnicamente imposible" que la "pluma" emanada de las piscinas donde la petrolera almacena el combustible llegara hacia Quintero y que fuera la causante de los malos olores y de la intoxicación masiva que afectó a la población en agosto de 2018.

Al ser consultada formalmente, la SMA indica que "toda clase de antecedentes y todos los tipos de pruebas están siendo analizados y serán ponderados en su mérito, existiendo todavía diligencias pendientes por realizar", enfatiza Rubén Verdugo.

El resultado del análisis que realizó el Dictuc coincidiría con la investigación interna que hizo la SMA -la que tampoco es pública- y también con la conclusión que arrojó el estudio hecho por el académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, Francisco Cereceda, y que fue presentado por ENAP en el proceso investigativo y que sindica a Gasmar como una de las empresas responsables de los elementos contaminantes.

Durante el período de investigación, la Superintendencia del Medio Ambiente inspeccionó a las más de 15 instalaciones de gran escala que existen en la bahía de Quintero-Puchuncaví. En las dos semanas siguientes a los episodios de agosto del 2018, el organismo fiscalizador tuvo a 15 personas trabajando en exclusiva en el caso. Tras eso, la SMA formuló cargos contra cinco titulares que operan en el núcleo industrial de la V Región. Tres de ellos fueron GNL Quintero, y los terminales marítimos de Copec y de Oxiquim, quienes presentaron programas de cumplimiento que fueron aprobados ambientalmente para su implementación. También se sancionó a Gasmar Quintero, empresa que pagó una multa de $ 83 millones y se levantaron cargos contra ENAP.

En la petrolera se adelantan a la resolución de la SMA, pues indican que es difícil encontrar a un solo culpable y se habla de un problema multisistémico. Ese fue el mensaje que el gerente general de ENAP, Andrés Roccatagliata, entregó en la comisión de Medio Ambiente del Senado, el pasado lunes 2 de septiembre, donde indicó que "francamente va a ser imposible detectar un culpable, porque siendo responsables, acá lo somos todos".