Hace poco más de una semana, el gobierno de José Antonio Kast puso fin al contrato de obras para la construcción de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral. “La situación presupuestaria no permite solventar el contrato asociado a la obra”, fue la justificación del Ejecutivo.

El proyecto, que tenía un plazo de ejecución de 750 días, pretendía ampliar la superficie actual del GAM de 22 mil a 37 mil metros cuadrados, con la construcción de un nuevo edificio que contendría una gran sala para espectáculos, además de recintos para artistas, talleres, bodegas y zonas de servicios.

Detrás de ese proyecto había dos empresas. El contrato había sido adjudicado a un consorcio formado por las empresas constructoras Moller & Pérez Cotapos, que tenía el 50,1% de la sociedad conjunta, y De Vicente Constructora (DVC), con el porcentaje restante.

Moller es una de las principales constructoras del país, que nació en la década de los 60, inicialmente enfocada en proyectos de infraestructura, ingresando posteriormente a viviendas. Está ligada a la familia Selume Aguirre, la familia Varela y los empresarios Fernando Frías y Ramón Yávar. En su memoria 2025, la empresa destacaba que este proyecto ascendía a $ 114.488 millones y relataba que “durante el primer trimestre de 2026 se cumplieron las gestiones administrativas previas a la entrega de terreno”.

De Vicente Constructora es el brazo constructor del Grupo Flesan, que tiene presencia en Chile y Perú. Se fundó en el año 2007 por Tarek Chahuán y los hermanos Emilio y Esteban Salgado, quienes controlan el grupo. DVC además tiene como socios a Michel Chahuán, Rodolfo Terrazas y Luis Alberto Camus.

Aunque autoridades de gobierno han resaltado que el proyecto fue adjudicado en las postrimerías del gobierno de Gabriel Boric, el consorcio Moller DVC relata el cronograma completo del proyecto, detenido en 2018.

“La licitación se extendió por un año y medio aproximadamente. Se inició con un proceso de precalificación en agosto de 2024, en el marco de un registro especial, a partir del cual cinco empresas resultaron precalificadas, tres de ellas extranjeras. Sin perjuicio de ello, al momento de la presentación de las ofertas técnicas y económicas, en junio de 2025, solo Consorcio GAM Moller DVC SpA presentó propuesta”, dice el grupo.

“Con ocasión de dicha oferta, el proyecto y su nuevo presupuesto fue aprobado entre julio y diciembre de 2025 por cuatro ministerios (MOP, Desarrollo Social y Familia, Culturas y Hacienda). Como resultado de este proceso, la resolución de adjudicación fue dictada a fines de diciembre de 2025, tomada de razón por la Contraloría General de la República el 21 de enero de 2026, comenzando a regir el contrato desde el día siguiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas. La entrega efectiva del terreno se realizó el 27 de febrero de 2026”, comentan desde el consorcio.

Paralización de Obras

El MOP ha cuestionado el sobreprecio de la obra. “Este contrato fue licitado por $72 mil millones y adjudicado por $114 mil millones, bastante más, a pocas semanas del cambio de gobierno”, dijo el Ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.

El ministro de cultura, Francisco, Undurraga precisó a T13 que los pagos serían durante 3 años: $40 mil millones el primer año, otros $40 mil millones en el segundo año y $34 mil millones el tercero. Undurraga aseguró que los fondos “no estaban garantizados ni en el primer año y, desde luego, hacia adelante”. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, dijo que Cultura contaba con solo $20 mil millones para el primer año. “Hay necesidades más urgentes que pagar un sobre costo de $40 mil millones”, justificó Balmaceda.

La resolución de adjudicación asume que la única oferta recibida supera en casi un 60% el presupuesto oficial, lo que se explica “por las alzas en los precios unitarios, especialmente de las partidas de terminaciones, instalaciones y escenotécnia, debido a costos de importación, y la complejidad técnica del proyecto que se ejecutará, teniendo en consideración además las variaciones del tipo de cambio, dado que en su mayoría son materiales y equipos importados, junto con los riesgos asociados a la terminación de una obra inconclusa”.

Desde el consorcio señalaron que el monto presentado en la oferta se debe a que se “asumió un riesgo técnico y constructivo especialmente relevante, al tratarse de una obra inconclusa, producto del término anticipado derivado de la insolvencia del contratista anterior, en el año 2018. El contrato implicaba hacerse cargo de una estructura en etapa de obra gruesa, con incertidumbres propias respecto del estado de los hormigones, armaduras y condiciones generales de la obra, la que además había sido afectada históricamente por diversos siniestros”.

Un ejemplo de esto último fue la inundación del 2016 tras el desborde del río Mapocho. El proyecto, con ocho años paralizado, hasta el momento tenía un avance de 42% correspondiente principalmente a la obra gruesa.

Según el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, “el término anticipado del contrato dará derecho al contratista a recibir una única indemnización de un porcentaje del valor líquido a que alcance la disminución del valor primitivo del contrato. Para este cálculo deberán considerarse los aumentos y disminuciones parciales de obras que éste haya tenido”.

El subsecretario Balmaceda admitió que deberán compensar a las empresas constructoras. “Si hay que pagar una multa es parte de la seriedad. Son contratos, estamos obligados legalmente a ello”, dijo esta semana el abogado, ex socio de Barros Errázuriz.

En el consorcio había decepción por la decisión gubernamental y personas ligadas a la empresa dicen que había ya equipos contratados, materiales ya solicitados y gastos realizados. “Es una disrupción grande”, dice alguien cercano al grupo, que calcula que el MOP deberá pagar mucho más que los $ 4 mil millones que han circulado como compensación.

Oficialmente, el consorcio respondió así a La Tercera. “El contrato establece la forma en que el MOP debe proceder respecto de instalación de faenas, obras y otros, gastos que ya realizamos con recursos propios, por lo que esperamos recuperar esa caja con prontitud. Al respecto, cabe señalar que la propia estructura del contrato genera un desfase entre el desembolso de recursos iniciales ya materializado por el consorcio y su acreditación administrativa”, concluyó GAM Moller DVC.