Siempre está latente la sospecha de que los recursos públicos no se invierten bien o que existe una nebulosa en las adquisiciones que el Estado realiza, lo cual fue reafirmado por un estudio publicado recientemente por el Observatorio Fiscal que detectó que "efectivamente hay proveedores que solo venden a un gobierno y luego desaparecen cuando hay un cambio de coalición política".

Según el estudio denominado "Análisis de los proveedores exclusivos de cada gobierno", elaborado por José Mora, el monto que se destinó a estos proveedores preferentes entre 2009 y junio de 2019 resultaron en la no despreciable suma de $111.303 millones; pero si se analiza como proporción del total de lo adjudicado en el período, la cifra solo fue de un 0,3%.

No obstante ese monto representa casi lo mismo que se destinará este año a la Ley Ricarte Soto ($117.184 millones), y casi el doble de lo que costará el funcionamiento de los ministerios de las Culturas y las Artes ($59.317 millones), el de la Mujer ($59.919 millones), o el del Medio Ambiente ($63.647 millones), de acuerdo al Presupuesto 2020.

"Uno de los posibles riesgos en esta actividad es la utilización de recursos públicos para favorecer a ciertos actores del sector privado, basado en la discrecionalidad de la decisión de compra. Una de las expresiones más visibles de este riesgo es la compra a proveedores específicos, según coalición de gobierno", precisa el informe.

Chile ha avanzado en transparencia en los últimos años con la existencia del portal digital de Compras Públicas que no solo ha permitido la incorporación de más proveedores, especialmente microempresas, sino que también facilita los antecedentes para realizar un seguimiento de cómo cambian los elegidos, especialmente si "aparecen" solo con un gobierno específico. "Las compras públicas son el espacio con mayor disponibilidad de datos para analizar posibles riesgos de ineficiencia o posible corrupción (como) la utilización de recursos públicos para favorecer a ciertos actores del sector privado, basado en la discrecionalidad de la decisión de compra", advierte el informe.

El Observatorio analizó dos tiempos correspondientes al primer período de Sebastián Piñera (2010- 2014) y el segundo de Michelle Bachelet (2014- 2018), bajo la hipótesis de "que un proveedor venda a un determinado gobierno todos los años de su período, pero, cuando existe cambio de gobierno deja de ser contratado por el periodo completo. Este tipo de comportamiento podría indicar que existe un posible 'favoritismo' en la elección del proveedor".

El resultado confirmó la existencia de proveedores favoritos que se adjudicaron $49.447 millones en Piñera y $61.856 millones en Bachelet, frente a un total adquirido a No Favoritos durante esos años de $39.461.013 millones.

Mientras que en el mismo lapso hubo 158.004 proveedores No Favoritos versus 484 Favoritos para el primer gobierno; y 504 para el segundo. En ambos mandatos los proveedores No Favoritos ganaron 13,6 millones de ofertas por Mercado Público, mientras que los Favoritos fueron beneficiados en 27.402 : 12.509 oportunidades con Piñera, y 14.893 con Bachelet. "La distribución es relativamente pareja, lo que podría dar indicios de que se trata de un fenómeno transversal al color político", concluye el informe.

Empresas favoritas

Hay tres formas de adjudicar compras públicas: licitación pública, licitación con un oferente y trato directo.

La más transparente debiese ser la primera, y es precisamente por esa modalidad que se transaron más compras a Favoritos: un 58%, equivalente a $28.501 millones en Piñera 1, y un 67% , con $41.359 millones en Bachelet 2, respecto del total destinado a este grupo preferencial.

El Observatorio Fiscal realizó una lista con los mejores posicionados en este tipo de subasta, de los cuales destacan, en el caso de Piñera 1, empresas que si bien en monto no acumularon muchos recursos, sí resultaron ganadores en muchas ocasiones. El primero fue la empresa del Biobío, Modec, de Hugo y Juan Pablo Moraga, con 474 licitaciones (por $72 millones).

Con 292 licitaciones, obtenidas por $106 millones, figuró Comercial Anxial de Maipú, cuyos socios son Roberto y Manuel Antonio Centellas Silva y Miguel Neira Alvarado, dedicada a la venta de artículos de escritorio, de deportes, electrónicos, de construcción y papeleo. Y en tercer puesto, con 282 licitaciones por $301 millones, resultó la empresa de Viña del Mar EME, de Jorge Vega Vega y Juan Francisco Lillo Vega , que engloba un amplio espectro de servicios que van desde la producción de obras de teatro, venta de alimentos para mascotas, artículos eléctricos, transporte de turistas, hasta de alquiler de vehículos, sin figurar con ningún vehículo en su patrimonio.

Si el ranking se revisa por recursos obtenidos, el más Favorito en este mandato fue Constructora Confe Ltda. con $3.079 millones y 36 licitaciones. Esta firma de Francisco Casas Cordero y Juan Eduardo Brunett, con asiento en Puerto Varas, se dedica a obras de ingeniería y construcción de edificios.

El segundo fue Meta Proyectos, con $1.658 millones y 6 licitaciones, sociedad que entrega servicios personales, de publicidad, de apoyo a las empresas, con domicilio en Recoleta e integrada por Juan Pablo Grez, Juan Pablo Ramírez, Juan Pablo Atias, Josefina Silva Edwards y otras sociedades ligadas al primero. Cabe recordar que la prensa consigna que hace unos años, diputados de la DC solicitaron que Meta Proyectos fuera indagada por Contraloría por haber obtenido la licitación del Ministerio de Deporte para las fiestas bicentenario, sin cumplir con los requisitos, según ellos.

Durante este gobierno los 20 proveedores favoritos acumularon el 40% de todos los recursos adjudicados en licitaciones públicas a favoritos, y en el caso de Bachelet representaron el 61% de todos los recursos.

En este segundo mandato de la actual encargada de derechos humanos de la ONU, la empresa Kiruka Medical Services figuró con 584 adjudicaciones mediante licitación pública, por $921 millones. La firma de la Región Metropolitana que se dedica a servicios de atención de la salud humana, con venta de equipos científicos y quirúrgicos, hasta apoyo a otras empresas, pertenece a Felipe Bofill Arredondo, Benjamín Kalm Laub, Rodrigo Sillano Poduje, y otras sociedades de inversión.

La segunda en situarse, con 128 concursos ($96 millones en total), fue Cidimat, de propiedad de Ramón Reyes Espejo y Paloma Contreras Villalobos, que vende todo tipo de materiales: para construcción, partes de vehículos, artículos de ferretería, gasfitería, calefacción y electrónicos para el hogar. Y en tercer lugar, con 58 licitaciones ganadas por $265 millones, se situó Fahp Import, cuyo dueño, Alexis Fernández Morán, incursiona tanto en venta de partes y accesorios de vehículos, como en limpieza de edificios y venta de bebidas y tabaco en ferias.

Si el ranking se observa por montos, quienes lideraron fueron las empresas Constructora Inmobisur, de Puerto Montt, con $7.397 millones en 10 licitaciones, de propiedad de Rino Caiozzi Canto, Francisco Caiozzi Canto y Vivian Pinilla Lagos; y Consultora Alazan, con $4.323 millones en una licitación. Esta firma, que realiza servicios de forestación, prevención, extinción de incendios, y apoyo a la silvicultura, está integrada por Ricardo Rivera Ibáñez, Ricardo Rivera Calvo y varias sociedades con socios como Jean Pierre Lasserre, Rodrigo Alarcón Pardo, Sergio Guzmán Rojas.

En este plano de licitaciones aparece un proveedor en la época de Bachelet del cual no existen pistas, ya que figura solo con el nombre de Sergio. Este proveedor, sin embargo, encabezó el ranking de aquellos que ganaron licitaciones como oferentes únicos al obtener $1.428 millones en 19 subastas; pero además apareció en tercer lugar en las licitaciones públicas con competencia, con 28 adjudicadas por $1.644 millones.

"Algo que llama la atención es que en el caso de los top 20 de proveedores favoritos, adjudicados en licitaciones públicas, se trata en general de empresas nacionales y no transnacionales o pertenecientes a grandes conglomerados, lo que aumenta el riesgo de que efectivamente pudiera haber conflicto de interés. De hecho, este comportamiento se repite al poner la lupa sobre los 20 favoritos en oferente único", recalca el estudio.

En tanto, en la modalidad trato directo, el Observatorio encontró que en el gobierno de Piñera 1 se contrataron servicios por $14.719 millones, un 30% de todo lo que se distribuyó entre Favoritos; mientras que en Bachelet 2, $12.754 millones fueron otorgados por esta vía, equivalente a un 21%.