“Lo más importante es que las propuestas que salgan sean razonables y que también le hagan sentido a los funcionarios, porque es lo medular”, planteó este martes en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el economista y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Matías Acevedo, uno de los doce expertos que integran la Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público anunciada el lunes por el gobierno.

El exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera se mostró optimista sobre el trabajo de la instancia, pero enfatizó en la necesidad de que “tenga un amplio consenso”.

¿Por dónde van las directrices para el trabajo de la comisión?

-Cualquier propuesta debe tener un norte superclaro: cómo logramos que la ciudadanía pueda recibir el mejor servicio del Estado. Ese diría que es el mandato general. También, que se concentra en el gobierno central, por lo que excluye al mundo municipal.

Ya ha habido otros intentos, ¿por qué cree que ahora sí podría funcionar?

-Me ha tocado en los últimos cuatro años trabajar con organismos internacionales en reformas al empleo público en otros países. Estas reformas son muy complejas y si no se hacen bien, tienen una alta probabilidad de que cuesten mucha plata y de que en el tiempo se puedan revertir. Por ejemplo, si este gobierno se embarca en una reforma al empleo público después de esta comisión, no afectaría en lo medular a los empleados que hoy tienen un contrato -hay otras cosas que pueden ser accesorias, pero tú no les puedes cambiar las condiciones actuales, es algo de respetar el derecho- y, por lo tanto, la transición va a empezar a regir para aquellos que se incorporan al mundo público. Y si esas condiciones no tienen un amplio acuerdo, o no son bien entendidas, eso va a generar una tensión que se traspasa al gobierno de turno. En el próximo gobierno podría haber una demanda de un grupo que se sienta menoscabado para que esa reforma se revierta. Por eso es tan importante que tenga un amplio consenso. Yo no conozco una reforma al empleo público que haya sido exitosa en el mundo, que no haya tenido un acuerdo relevante con los mismos trabajadores, con los mismos funcionarios públicos. En general, las reformas en que no ocurre eso, terminan fracasando en el largo plazo.

El Estatuto Administrativo se instauró hace 37 años, ¿por qué el momento de cambio puede haber llegado esta vez ?

-La política siempre rehace estos cambios porque los funcionarios públicos tienen un contacto directo con la ciudadanía. (...) Todos los políticos tienen alguna sintonía con algún tipo de sector dentro del sector público. También, una reforma difícil se deja siempre para el final, lo que calza con las elecciones y ahí sí que nadie va a estar dispuesto, o habrá menos incentivos a una reforma que afecte a los funcionarios. Entonces, que se comience a hacer esto en forma temprana es un elemento que ayuda al éxito. Pero lo más importante es que las propuestas que salgan sean razonables y que también le hagan sentido a los funcionarios, porque es lo medular. Más del 50% de los trabajadores públicos tiene un contrato que termina en diciembre de cada año. También se ha creado jurisprudencia, la confianza legítima, pero al final del día hay incertidumbre. En ese sentido, hay un espacio para que en esta comisión se proponga una forma distinta de contrato y eso, eventualmente, pueda tener cuerda. Todo esto lo digo a título personal.

Dice que se requiere acuerdo con los trabajadores, pero la Anef ya acusó que no se avisó a los funcionarios...

-Le genera incertidumbre a cualquiera que le digan que, eventualmente, le van a cambiar las condiciones sin ningún marco. Lo veo como una reacción de libro, los grupos de interés se ven afectados. Hay algunas cosas que les van a gustar más y otras que no, es parte del equilibrio. Me parece natural que en la discusión parlamentaria se discuta un proyecto sensato que, eventualmente, tome cosas que se acuerden de esta comisión. (...) Tengo la esperanza de que si se hace una buena propuesta, también se sumen sectores de la oposición. Ellos (los funcionarios) tienen varios incentivos a sumarse a este acuerdo.

¿Qué sería lo medular y lo accesorio de un posible proyecto?

-Hay un área a explorar en lo referente a los contratos que vencen a fin de año. También con el sistema de desempeño. Hoy traer talento al sector público no es fácil. El Estado es burocrático, sus trabajadores tienen condiciones diversas y no tienen los incentivos adecuados para entregar un buen servicio. Todas esas consideraciones estarán sobre la mesa. Al final, si uno quiere estabilidad y un contrato estable, no solo debe haber mérito en la entrada, sino también un sistema que pueda identificar a aquellos funcionarios que lo hacen bien, y destacarlos, y a los que no lo hacen tan bien. Eso hoy no existe.

¿Cómo evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores públicos en una eventual reforma?

-Parto de la base de que cualquier reforma que se presente respetará sus derechos adquiridos.

En desacuerdo con alertas del CFA

En otro tema, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) alertó este lunes por el riesgo de incumplimiento en la meta fiscal del gobierno de Kast, pidió medidas adicionales para contener el gasto y que el aumento del precio del cobre no se traduzca en mayor gasto. ¿Qué opina al respecto?

-Estoy en desacuerdo con las tres alertas. El gasto en el último mes creció 0%. Si uno proyecta de aquí a fin de año los ingresos y los gastos, hay una alta probabilidad de que el gobierno cumpla su meta. Así como en los años anteriores teníamos información objetiva de que los ingresos estaban sobreestimados y que no cumplían la meta, hoy haciendo el mismo análisis la probabilidad de que se cumpla es bastante alta. Lo del cobre es muy interesante: calculaba que con un precio de US$5,3 la trayectoria fiscal probablemente se iba a cumplir. Es evidente que hay una parte que es transitoria, pero me hubiera gustado que plantearan cuál precio del cobre logra equilibrar las cuentas fiscales.