Siguen acumulándose los reparos de grandes empresas y gremios a la propuesta de sitios prioritarios impulsada por el Ministerio del Medio Ambiente que encabeza Maisa Rojas.

A los cuestionamientos de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y el empresario Manuel Cruzat, se sumaron ahora las críticas de sociedades mineras vinculadas a los grupos Luksic y Errázuriz, además del Grupo Aguas y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Estas observaciones fueron presentadas en el marco de los tres procesos de consulta pública que lleva adelante el Ministerio del Medio Ambiente, correspondientes a la macrozona norte, centro y sur del país.

La SNA sostuvo que “estamos ante un proceso masivo (4 millones de hectáreas) de actualización de 99 sitios en muy corto tiempo, con mucha premura respecto al plazo legal, y con poca claridad respecto de la participación efectiva de los propietarios de predios privados afectados, y la posible afectación a las actividades productivas que hoy se desarrollan”.

El gremio instó al ministerio a suspender el proceso debido a que aún no dicta el reglamento, cuyo contenido podría dar luces sobre la afectación que tendría la declaración de un sitio prioritario en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el contexto de la implementación de la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

“La implementación de los sitios prioritarios, sin un conocimiento explícito por parte del propietario del predio, podría generar conflictos de uso, inseguridad jurídica y afectaciones económicas significativas, especialmente para los pequeños y medianos agricultores”, consignó la SNA.

Al respecto el presidente del gremio, Antonio Walker, indicó que “la SNA está muy preocupada por la numerosa normativa ambiental que está surgiendo desde la aprobación de la Ley SBAP. Desde el primer reglamento que entró en consulta pública en julio de 2024, hemos estado revisando 15 documentos de alcances generales en 15 meses. Entre ellos se encuentran múltiples reglamentos, la actualización de la estrategia de biodiversidad y la declaración de sitios prioritarios”. Agregó que “compartimos la importancia del cuidado de nuestra biodiversidad, pero vemos una excesiva premura, pocas instancias de conversación con el sector productivo, y nula respuesta a nuestras inquietudes presentadas en los procesos de consulta ciudadana”.

Antofagasta Minerals (AMSA) del grupo Luksic, en representación de la Sociedad Contractual Minera El Encierro, coincidió con lo planteado por el gremio agrícola y sostuvo que “lo lógico es que se dicte previamente el reglamento al que se refiere el artículo 29 permanente de la Ley SBAP y así garantizar que el proceso al que se refiere el artículo 8° transitorio esté presidido por criterios técnicos-científicos establecidos en el reglamento y no, como se verá más adelante, en una simple resolución ministerial”.

SCM El Encierro cuenta con 56 concesiones mineras, las que se encuentran en su gran mayoría dentro del polígono propuesto para un sitio prioritario. La sociedad desarrolla un proyecto minero que se encuentra en la etapa de elaboración de permisos para la fase de prospección. Producto de actividades de sondajes mineros se ha descubierto un importante yacimiento minero con recursos estimados de 52 millones de toneladas de cobre, oro y molibdeno.

AMSA destacó que la declaración de sitio prioritario en las concesiones mineras de SCM Encierro las hacen incompatible con su desarrollo y recordó que la concesión minera está protegida constitucionalmente por el derecho de propiedad consagrado en la Constitución.

En la macrozona centro, minera Los Pelambres —también parte del grupo Luksic, a través de AMSA— advirtió que “existe un conflicto evidente de uso entre el sitio propuesto y las instalaciones actuales y proyectadas de la compañía. Por una parte, el sitio se superpone con 62,93 hectáreas destinadas al botadero de estériles Hualtatas, obra autorizada ambientalmente mediante la RCA N°38/2004 y que, según las Bases Metodológicas del propio Ministerio, constituye un uso intensivo e irreversible. Por otra, se superpone con 158,83 hectáreas correspondientes a la ampliación del botadero, obra del proyecto ‘Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres’, actualmente en evaluación ambiental desde diciembre de 2024”.

La minera sostuvo que la propuesta excede las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente establecidas en el artículo octavo transitorio de la Ley SBAP. Dicha norma solo faculta a la cartera para dictar un decreto supremo que confirme los sitios prioritarios ya identificados en la Estrategia Nacional y en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, no para modificarlos o ampliarlos. Sin embargo, en este caso se propone un sitio prioritario con una superficie de 1.060 hectáreas, superior a las 647,5 hectáreas registradas, lo que implica una expansión cercana al 60%.

Aguas Andinas

El Grupo Aguas, integrado por las concesionarias de servicios públicos sanitarios Aguas Andinas, Aguas Cordillera y Aguas Manquehue, a través de un escrito manifestó sus reparos y preocupaciones sobre la iniciativa.

En el marco de la consulta de la macro zona centro, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, y el representante de las otras dos, Eugenio Rodríguez, presentaron un escrito en el que valoraron que el Ministerio del Medio Ambiente acogiera parcialmente la petición de excluir de los polígonos de sitios prioritarios parte de la infraestructura del holding que se encarga de proveer agua potable. Sin embargo, plantearon que “actualmente subsiste la superposición de 58 instalaciones críticas del Grupo Aguas —incluyendo captaciones de agua cruda, pozos, acueductos, plantas de tratamiento de agua potable, plantas elevadoras de agua potable, matrices de agua potable, colectores de aguas servidas, plantas elevadoras de aguas servidas, plantas de tratamiento de aguas servidas, descargas de aguas servidas tratadas, entre otros— con los polígonos definidos”.

“Esta situación mantiene el riesgo regulatorio previamente advertido, en particular frente a la aplicación de la prohibición de intervención física de humedales declarados sitios prioritarios contenida en el artículo 41 de la Ley N° 21.600 (en adelante Ley SBAP), lo cual podría comprometer la continuidad del servicio público sanitario y, con ello, el ejercicio efectivo del derecho humano al agua y al saneamiento, y de otros derechos fundamentales”, según el documento.

Grupo Errázuriz

En paralelo, el Grupo Errázuriz, a través de siete sociedades mineras, expuso sus reparos a la iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente. En algunos caso, incluso, el conglomerado solicitó que determinados terrenos sean excluidos del listado de sitios prioritarios.

Ejemplo de ello es la carta que envió Sociedad Contractual Minera Copiapó, en el que manifiesta “la oposición respecto a la determinación de inclusión como Sitio Prioritario SP1-047 por existir una afectación con las concesiones mineras que actualmente posee SCM Copiapó donde existen trabajos mineros hace mas de 20 años y que actualmente se encuentran en operación”.

Por su parte, Sociedad Contractual Minera Alhué-Chancón advirtió que la declaración de sitio prioritario en la zona de Alhué, Buin, en la provincias de Maipo y Melipilla, “genera incerteza jurídica, no existiendo un procedimiento reglado de participación que permita ejercer derechos de defensa”.

La empresa minera detalló que las pertenencias afectadas por la propuesta de declarar sitio prioritario son áreas donde se realizan exploraciones y explotaciones mineras desde hace más de 40 años. Estos trabajos cuentan con Resoluciones de Proyectos de Explotación y Planes de Cierre aprobados por Sernageomin, además de contratos de arriendo con pirquineros locales. También indicó que las patentes mineras del distrito se pagan cada año, como exige la ley, desde hace más de 20 años.

El Grupo Errázuriz, que también desarrolla actividades en el sector agrícola, a través de Inversiones Las Damas S.A., solicitó la exclusión del sitio prioritario SP2-168 (Navidad–Tanumé). ¿El motivo? La existencia de planes de explotación forestal autorizados por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), junto con actividades agrícolas y ganaderas —principalmente el manejo de ovinos y bovinos— que cuentan con autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y se realizan en la zona hace más de 20 años.