Nuevas propuestas para enfrentar la crisis económica generada por el Covid-19

El deterioro de la economía que está provocando el coronavirus se tomó el debate público. Además de las medidas adoptadas por el Gobierno, en las últimas horas han surgido planteamientos tendientes a extender los beneficios y a ampliar el esfuerzo fiscal. El viernes se conoció el documento del Colegio Médido bajo el alero de la mesa social. En ese mismo contexto, se suman las de las universidades de Chile y Católica. Horizontal también le hizo llegar sus ideas al Ministerio de Hacienda.


El próximo viernes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, asistirá a la mesa social Covid-19. Si bien esta intancia conformada por autoridades de gobierno, alcaldes, académicos y profesionales de la salud no había abordado temáticas relacionadas con las medidas económicas para hacer frente a la crisis, ya existen dos propuestas concretas sobre la mesa.

La primera que se conoció públicamente fue la que presentó el viernes el Colegio Médico, que fue realizada por los economistas José De Gregorio, Andrea Repetto, Rodrigo Valdés, Claudia Martínez, Claudia Sanhueza y Sebastián Edwards. Y ahora se suma la realizada por académicos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Ambas con distintas medidas, coinciden en que existe espacio para un plan mucho más ambicioso en término de gasto fiscal, poniéndole presión a la estrategia de Hacienda de contener gasto y guardar reservas para los próximos meses. Los dos documentos serán debatidos el próximo viernes en una nueva reunión de dicha mesa. Horizontal, por su parte, también elaboró un documento con propuestas que ya fue entregado al gobierno.

Universidades plantean que el fisco emita US$15 mil millones

El rector de la UC, Ignacio Sánchez, cuenta que la propuesta fue presentada el viernes a la mesa social Covid-19. Menciona que el trabajo aborda distintas materias económicas, como el apoyo a grandes empresas, pero también el impacto que tiene el desempleo en la salud mental.

Crisis económica en tiempos de pandemía por Covid-19, un aporte de las universidad del país frente a la crisis”. Así se llama un documento que se elaboró para ser socializado en la discusión de la mesa social por coronavirus el próximo viernes y entrega una serie de propuestas económicas en línea con las que presentó el Colegio Médico el viernes. El texto se divide en tres capítulos. El primero aborda la temática de desempleo y medidas para grandes empresas. El segundo ahonda en la política económica en tiempos de Covid 19 , mientras el tercero se cnfoca en cuarentenas, crisis econonómica, desempleo y salud mental. En el documento participaron los académicos de la Universidad de Chile y Universidad Católica, José De Gregorio, Manuel Agosín, Claudio Sapelli, Luis Felipe Céspedes, Rodrigo Álvarez, Claudia Martínez, J. Rodrigo Fuentes, Regina Funk, Alejandro Micco, José Miguel Sánchez, Raimundo Soto, Agustín Molina, Fernando Abel y Rodrigo Fuentes.

En el desglose de su propuesta mencionan que el paquete de medidas de gasto público adicional del gobierno (es decir, más allá de las reasignaciones presupuestarias) previsto para mitigar los efectos de la pandemia "es relativamente pequeño y asciende, hasta ahora, a un 0,5% del PIB". Por esta razón, afirman que "es posible hacer un esfuerzo mayor en este ámbito a través de un mayor endeudamiento público, aprovechando el bajo premio por riesgo actual de Chile en los mercados internacionales y dados los relativamente bajos niveles de deuda pública en relación con los prevalecientes en las economías más desarrolladas".

Bajo esos argumentos recomiendan que “el Fisco haga una fuerte emisión de bonos soberanos de unos US$ 15.000 millones (5% del PIB), para así tener un colchón de divisas con las cuales financiar las medidas de mitigación de la pandemia. Una parte pequeña de este endeudamiento adicional ya ha tenido lugar en los últimos días".

En cuanto a la liquidez de la economía, se propone que, en caso de necesidad y de manera excepcional, el Banco Central, si lo considera necesario, sea facultado para entregar liquidez a través de la compra de deuda pública en el mercado secundario.

Sobre el apoyo a las empresas de distintos tamaños, el documento sostiene que "para ir en ayuda de las empresas grandes (aquellas cuyas ventas superan un millón de UF), el gobierno debe definir prontamente un protocolo transparente que identifique cuáles empresas pueden ser beneficiarias de la ayuda; cómo se va a materializar esta ayuda; y cómo y cuándo el sector privado va a devolver los recursos al Fisco". En este documento se propone que en dicho protocolo se incluyan variables como: solvencia de la empresa (con referencia a su situación al 30 de septiembre de 2019), situación de liquidez, rol que cumpla en la cadena productiva y su relación con el empleo directo e indirecto que genera, y acceso a financiamiento externo. En ese caso, se sugiere que las empresas solventes con problemas de liquidez puedan contar con una garantía estatal para colocar bonos a cinco años en el mercado nacional o en los mercados internacionales. En caso de que la empresa tenga que hacer uso de la garantía, el Estado convertiría el saldo insoluto en acciones preferentes al precio que prevalecía al momento de la emisión de los bonos. Esto asegura que sólo aquellas que no pueden conseguir un crédito por sí mismas y que estén dispuestas a pagar el costo de la garantía se acojan al mecanismo.

Por último, dicen que una condición para que las empresas accedan a cualquier ayuda pública es que se les prohíba el pago de dividendos mientras dure el apoyo del Estado. También plantean extender los beneficios a empresas de menor tamaño, así como a las grandes sin acceso a la bolsa.

Con respecto a las medidas que apuntan a resguardar el ingreso de las personas ante el el alza del desempleo, el texto señala que “las actuales propuestas de mitigación del desempleo omiten todo tipo de medida complementaria de salud mental. Esto es una debilidad que debe ser enfrentada y subsanada. Aparte de los efectos directos en salud mental, este tipo de medidas apoya el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, cuarentena y evitación de contagios”. En sus cálculos prevén que el desempleo llegará al 17%, totalizando 1,7 millones de personas.

Sí hay espacio fiscal. El documento menciona que existe espacio fiscal para aplicar nuevas medidas. La deuda pública neta del gobierno general alcanzó 8,5% del PIB a fines de 2019 (cifras del FMI). A modo de comparación, dice el informe, los países emergentes del G20 tenían una deuda pública neta promedio de 39% del PIB en 2019. “Es decir, el nivel de la deuda pública neta no parece ser una limitante para la implementación de medidas económicas transitorias”. Por esta razón, el documento plantea que un endeudamiento de 5% del PIB y un mayor gasto de entre 3% y 5% del PIB son posibles de implementar, en la medida que su alcance sea transitorio.

Horizontal propone rebaja transitoria de impuestos

El documento ya fue entregado al Presidente Sebastián Piñera y al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Entre sus principales medidas está el reducir los gravámenes a las empresas como forma de impulsar la inversión. Establece como horizonte un plazo de 18 meses.

Los centros de pensamientos ligados a los partidos políticos no se quieren restar del debate sobre nuevas medidas económicas. Y este es el caso de Horizontal, asociado a Evópoli, que elaboró la propuesta Apoyo a las familias y recuperación económica, por una hoja de ruta que incluya apoyo a las familias, un mejor gasto público y un plan de reactivación económica, que fue entregada ayer al Presidente Sebastián Piñera y al ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En documento, junto con valorar la estrategia de Teatinos 120 de ir generando las condiciones para enfrentar el peor escenario, pone como horizonte un plazo de 18 meses, similar al plazo propuesto por economistas bajo el alero del Colegio Médico. Sin embargo, la propuesta de Horizontal dice que se deben agregar algunas dimensiones.

“La agenda debería incluir una rebaja transitoria en los impuestos a las empresas para promover la inversión y el empleo, y al mismo tiempo creemos que el aumento del gasto público debe ir acompañado de un Presupuesto base cero que permita mejorar en forma estructural el impacto social del gasto público”, subraya el documento.

La propuesta tiene cuatro grandes ejes: modernización del Estado, apoyo a las familias, reactivación económica y sustentabilidad con el medioambiente. En el detalle de ellas se menciona que para el primer eje se busca agilizar y volver más eficiente el gasto público y el aparato estatal. “En concreto, proponemos redirigir recursos públicos de programas mal evaluados para que lleguen en forma directa y sin intermediarios a las familias que lo necesitan”. El segundo eje tiene como foco una profundización y extensión “en el tiempo de la batería de programas sociales y económicos de ayuda que ha implementando el gobierno”.

El tercero aborda la reactivación económica con políticas de apoyo a las empresas que se encuentra en situación crítica, y con estímulo e incentivos a la inversión pública y privada para impulsar la recuperación que permita volver a crecer económicamente a tasas significativas, de manera inclusiva. Y el último eje propone que “debe existir prudencia con las condiciones en las que se entregará el país a las futuras generaciones, lo cual cobra especial relevancia considerando la creciente destrucción del entorno natural y de disponibilidad de recursos naturales (como el agua), asociadas al cambio climático global y a las políticas nacionales”.

En el plano fiscal, el documento subraya en la necesidad de resguardar hoy la capacidad fiscal futura si la crisis se extiende y profundiza. Y para ello plantean que “se debe comprometer el acceso a endeudamiento público externo en los mercados privados y/o con instituciones financieras internacionales, en condiciones pre negociadas”. Además, refuerzan la idea de profundizar la repriorización del gasto fiscal actual (2020), reduciendo gastos en partidas y programas de baja efectividad o impacto social y económico. En esta línea, implementar un Presupuesto de base cero, que busca imprimir una mayor eficiencia y mejor orientación del gasto público, que proponemos que se refleje en el Presupuesto público para 2021”. También se plantea aprobar con sentido de urgencia la ley de apoyo a independientes que boletean a honorarios, y complementar los programas actuales de emergencia mediante el apoyo condicional y selectivo de grandes empresas, evitando la masiva pérdida de empleos de calidad, directos e indirectos, que generarían sus quiebras. "Esto significa, primero, evaluar y, luego, implementar algunos de los mecanismos que se podrían utilizar disponibles, entre ellos capitalización, entrega de créditos directos y entrega de garantías estatales a créditos bancarios", afirma el texto.

El senador de Evópoli, Felipe Kast, sostuvo que “lo relevante es poder definir en el largo plazo un horizonte que permita hacernos cargo de una crisis que al parecer será más profunda y larga de lo que se anticipó, y por eso valoramos la mirada que ha tenido Hacienda de tener una estrategia que apunte en esa dirección”.

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