Principal Compañía de Seguros de Vida de Chile siguió el mismo camino que Penta Vida y Renta Nacional y ahora enfrenta al Fisco en tribunales por uno de los coletazos que dejó la política de retiros de fondos previsionales implementada durante la pandemia.

El 17 de abril, la aseguradora —filial del Grupo Principal de Estados Unidos— presentó una demanda de indemnización de perjuicios ante el 3º Juzgado Civil de Santiago en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En la acción judicial, notificada el martes de la semana pasada, la compañía exige una compensación de 592.357 UF Unidades de Fomento, equivalentes a $23.180 millones.

Las demandas de Penta ($28.212 millones), Renta Nacional ($6.455 millones) y Principal ($23.180 millones) suman así ahora $57.847 millones. Y fuentes consultadas señalan que podrían venir otras más.

En su presentación, Principal cuestionó directamente la labor del Congreso Nacional, señalando que fue a través de sus acciones —impulsadas por diputados y senadores— que se aprobó, promulgó e implementó la Ley N° 21.330. Esta normativa modificó la Constitución y estableció un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales y de adelanto de rentas vitalicias.

La aseguradora argumenta que “el legislador le impuso obligaciones desproporcionadas, afectando gravemente su capacidad para responder de sus obligaciones en un mercado altamente regulado, imponiéndole, con cargo exclusivo de su patrimonio, el cumplimiento de fines sociales, sin compensación económica alguna. Esto se tradujo en una vulneración a derechos que la Constitución Política de la República”.

La compañía sostiene que la figura del “retiro” en el caso de rentas vitalicias es errónea, ya que en la práctica se trató de un traspaso forzoso desde su patrimonio. Así lo explica en su demanda: “Utilizamos la expresión ‘retiro’ porque así lo emplea la Ley N°21.330. Sin embargo, dicha expresión es errada, porque técnicamente, el ‘retiro’ consiste en un préstamo forzado con cargo de su patrimonio".

Principal sostuvo que esta imposición legal configuró una responsabilidad directa del Estado. En palabras del escrito: “La compañía no tiene la obligación jurídica de soportar estas ablaciones patrimoniales y, por ende, surge para el Estado la obligación de indemnizar todos los perjuicios que se hubieren irrogado como consecuencia necesaria de dicha vulneración”.

Críticas

En su presentación, la compañía sostuvo que “Chile internacionalmente es un país que se caracteriza por su respeto irrestricto a la institucionalidad, prueba de ello son los múltiples Tratados de Libre Comercio suscrito con varios países de todos los rincones del mundo”.

“Esta particular característica ha permitido una apertura del país a los mercados extranjeros, así como también lo ha transformado en un lugar atractivo para la inversión extranjera, precisamente por la alta seguridad jurídica que existe. Fueron estas características las que motivaron a Principal (compañía de capitales extranjeros) a invertir en el país y desarrollar una actividad económica tan importante y beneficiosa para la sociedad chilena, como lo es el sistema de jubilación a través de rentas vitalicias”.

“En este sentido, la acción del Estado encaminada a crear las expectativas legítimas que Principal depositó en el país, cuando decidió invertir en Chile, se configuran por los diversos cuerpos normativos, dentro de esos, la propia Constitución Política de la República, el DL 3500 en incluso el Código Civil, que establecen claramente y de forma sumamente regulada, los derechos y obligaciones propios de este tipo de contratos”, acotó.

Costos

Según la demanda, la implementación de la Ley N° 21.330 obligó a la firma a desplegar diversos equipos internos y asumir gastos operacionales extraordinarios para cumplir con las nuevas exigencias normativas. En concreto, se activó el equipo de inversiones para preparar la estrategia de liquidación de activos, minimizar impactos en la cartera y asegurar el cumplimiento futuro de obligaciones contractuales.

El documento también detalla que debieron participar otras áreas clave de la compañía, incluyendo el equipo actuarial —encargado de los cálculos para cada pensionado y los impactos en reservas técnicas— y el área de marketing, que gestionó las comunicaciones externas y el rediseño del sitio web. En paralelo, según la demanda, se movilizó al equipo de tecnología (TI) “para poder ejecutar el pago de los anticipos en los plazos establecidos por la norma”, mientras que el servicio de atención al cliente tuvo que ser reforzado mediante la contratación de más personal.

En cuanto al impacto económico, el escrito precisa que los costos operacionales en los que incurrió Principal por la implementación de la ley alcanzaron un total de 15.191 Unidades de Fomento, equivalentes a más de $593 millones al valor actual. El desglose incluye 5.124 UF en adecuaciones tecnológicas, 521 UF en asesorías legales, 1.366 UF en soporte a clientes, y 8.179 UF por el uso intensivo de personal interno. “Lo cual será oportunamente acreditado en la etapa procesal pertinente”, concluyó la demanda.