Reflexiones del empresariado sobre el 18-O, a un año del estallido

Cuatro empresarios entregan su visión de la crisis social que se desató en Chile a partir de octubre de 2019 y que precipitó el proceso constituyente que está a días de dar su primer paso con un plebiscito de entrada. Reconocen falencias históricas, pero, al mismo tiempo, remarcan que se instauró un periodo de incertidumbre, acrecentado además por la pandemia.




Guillermo Tagle, presidente de Credicorp Capital: “Puso sobre la mesa la urgencia por desarrollar una relación mucho más cercana con la comunidad”

¿Cómo cambió el estallido social la imagen que muchos tenían internamente del país?

-Pasamos de estar en un país en que creíamos que ya iba camino al desarrollo y con estabilidad hasta la primera mitad de 2019, cuando nos preparábamos en Chile para alojar mega encuentros internacionales y visitas de presidentes de todo el mundo con la APEC y la COP. Era un camino donde se veía el progreso como bastante seguro, pero de pronto nos encontramos con un movimiento social que manifestó todas las insatisfacciones e imperfecciones que hemos tenido históricamente y que no han logrado ser resueltas.

Estábamos en una discusión de país semirrico, de cómo nos repartíamos lo que generaba el Estado y el mundo privado, de recaudación de impuestos. Pero (ahora) con el coronavirus, de pronto nos vimos enfrentados a una pobreza creciente, un aumento de la vulnerabilidad y de gente que no tiene trabajo y de qué vivir.

¿Cree que el estallido social contribuyó a generar una mayor conciencia respecto a la desigualdad en el país?

-Lo que ocurrió el 18-O pasado fue un remezón para toda la institucionalidad, mundo privado y estatal, respecto de cómo se fue quedando un grupo de gente a mitad de camino, en un país que parecía en que todos progresábamos, pero la verdad es que el progreso había dejado de llegarle a mucha gente.

¿Influyeron el desempeño económico de los últimos años y los casos de abusos de mercados?

-Tengo la sensación de que en Chile estábamos en un nivel de actividad económica calibrado para crecer a tasas mucho más altas de las que mostramos en los últimos años. Lo mismo en el nivel de endeudamiento. Cuando se frena la economía, empieza a hacer agua por todas partes.

Entremedio surgieron todas las dificultades de malas prácticas en el mercado, que no fueron debidamente denunciadas y castigadas. Un sistema de mercado libre tiene que tener todos los cuidados para que no haya abusos en él. Quedó en evidencia que hay una necesidad de generarle mucho más protección al mercado para que tengamos una economía que funcione, que sea libre y que realmente genere bienestar y oportunidades en forma equitativa para todos.

En su opinión, ¿Qué es lo positivo y lo negativo que dejó el 18-O?

-Lo positivo es que puso sobre la mesa la urgencia por desarrollar una relación mucho más cercana con la comunidad desde el mundo empresarial, el incorporar muchos más elementos de análisis en las decisiones que se toman. El hacer el ejercicio de pensar en una segunda derivada en los incentivos que las empresas ofrecen, por ejemplo, en el incentivo de venta de productos financieros a clientes que no tengan una adecuada solidez económica.

Lo segundo es la vinculación de las empresas con la comunidad, como lo que hizo la CPC juntando casi US$ 200 millones para ayudar en la emergencia a distintas organizaciones sociales. Hay que dar más para que el país se pueda desarrollar de manera más equitativa.

En la parte negativa, evidentemente que la incertidumbre, temor, sensación de inseguridad que provoca la violencia y la destrucción de infraestructura, nos generó un retroceso gigante como país. Sectores de la periferia quedaron desabastecidos, sin transporte público y afloró la odiosidad. La pandemia puso en el congelador toda esa rama del conflicto, pero está comenzando a bullir nuevamente. Un país y una sociedad no tienen ninguna posibilidad de progresar en un ambiente de incertidumbre como la provocada con la violencia que se vio.

Aún hay incertidumbre con respecto al funcionamiento de la convención constituyente, por lo que nos podemos pasar un año y finalmente puede que no haya humo blanco. La sensación de falta de gobernabilidad también genera incertidumbre, el que no haya orden público respetado por la ciudadanía y que haya fuerzas políticas importantes que no rechacen la violencia extrema.

Herman Chadwick, presidente de Enel Chile: “Estábamos acostumbrados a políticas sociales para la pobreza, pero se nos olvidaron las dirigidas hacia la clase media”

A un año del 18-O, ¿cree que el país saldrá fortalecido?

-El que crea eso, cree en el Viejo Pascuero. El país saldrá rasguñado, habrá que reconstruir gran parte de él y habrá que reactivar el comercio y el turismo. Se vienen dos años muy difíciles.

¿Le parece que Chile es un país injusto y desigual?

-Es desigual, pero no es injusto, porque hay posibilidades de surgir y porque si se miran las cifras de lo que era el país hace 20 o 30 años, versus lo que tenemos hoy, se puede ver que Chile ha caminado por una buena ruta, que por cierto, se puede corregir. Eso es lo que hay que hacer, pero sin olvidarse de los niveles de pobreza de hace 30 años contra los actuales, de ingresos de la clase media, de los beneficios de las personas, calidad de vida y la libertad que da tener un automóvil propio. Este país ha avanzado, puede hacerlo mejor, pero no es fácil.

Pero tres de cuatro pesos que entran en una familia promedio son destinados a pagar deudas…

-Por eso se ha provocado desigualdad, por el apremio y angustia de las personas. Pero el asomarse y participar de la vida del consumo trae endeudamiento. Una gran parte de la clase media que antes no participaba del consumo hoy lo hace, lo que la lleva a cambiar la mirada del país: exigir más, pedir mejores salarios, ayuda y que el endeudamiento funcione. Pero en el fondo, están ya viviendo lo que es una vida del consumo. Otros, a raíz del 18 de octubre y la pandemia han vuelto atrás, y uno nunca tiene que volver atrás. Hay que volver a hacer que se asomen al consumo y que vivan el consumo.

¿Ha visto a la gente sin vivienda en los parques o plazas?

-Obviamente, yo camino en Santiago. Por supuesto que hay gente en esa situación. Hay que construir viviendas y sacar a la gente de las calles, porque no tienen por qué estar con carpas en las calles, mostrando una imagen mala del país, cuando pueden estar todos ubicados en un lugar.

¿El país está al debe en políticas sociales?

-Creo que estamos al debe, pero no tanto como la gente piensa. Estábamos acostumbrados a políticas sociales para la pobreza, pero se nos olvidaron las dirigidas hacia la clase media. Esa es la deuda.

¿Cómo evalúa al gobierno?

-El gobierno ha hecho todo lo que ha podido dentro del aparato antiguo y burocrático que es el Estado. Cuando dicen que el Estado tiene que crecer, yo digo, ¿qué Estado es el que vamos a dejar crecer? ¿La salud y la educación pública son mejores que las privadas? Hay que atraer a jóvenes al Estado, hay mucho que hacer. Tienen que terminar las máquinas políticas de los gobiernos de turno, donde se tranca mucho la administración del Estado.

El descontento social da cuenta de una sensación de que el gobierno no está teniendo un buen manejo…

-El país está muy dividido entre gobierno y oposición. Todo lo que el gobierno haga jamás la oposición lo va a reconocer, siempre se declara como mal hecho.

¿Considera que al gobierno le ha faltado más calle en el manejo de la crisis social?

-Hay sectores del gobierno a los que les falta mucha calle.

José Antonio Guzmán, expresidente de la CPC: “(Con el caso de Julio Ponce) la gente siente que la justicia no es ecuánime (...) Los gremios han sido débiles en condenar”

¿Qué reflexiones le dejó el 18 de octubre del año pasado?

-Sin duda que ese día generó un impacto nacional en el sentido de despertar una conciencia de que había problemas no resueltos y que no habían sido debidamente considerados por la sociedad. Se ha tomado conciencia de varios problemas y se han empezado a abordar soluciones. Lamentablemente, todo se vio contaminado por la violencia de ese estallido, que generó y sigue generando temores, porque en este aniversario se podría dar el mismo problema.

¿Cuáles fueron las demandas más concretas que usted percibió del estallido social?

-Reclamaron por desigualdades, cosa que es cierta. Otros por razones de carácter moral. Pero el mayor problema venía por una insatisfacción económica, especialmente por el endeudamiento pesado que arrastra la sociedad.

¿Se han hecho esfuerzos suficientes para empezar a atender dichas demandas?

-Creo que sí, se han hecho enormes esfuerzos para ir en ayuda de las personas, lo que se vio acrecentado por la pandemia. El esfuerzo fiscal ha sido gigantesco, lo que probablemente va a afectar al país por muchos años. Va a costar volver a tomar el ritmo de desarrollo que traía el país. Como empresario noto que mis pares han hecho esfuerzos muy importantes para mantener a su gente vigente, por reintegrarlos. Creo, desde el punto de vista de la inversión, que las empresas no han detenido sus proyectos, solamente los han retrasado un poco.

¿Ve al país más pobre?

-Las consecuencias del 18 de octubre, aumentadas por la pandemia, han vuelto a generar pobreza y a retroceder en esa materia.

Dentro del descontento popular, también está la sensación de poca equidad en la justicia. Por ejemplo, en lo que se refiere a Julio Ponce en el caso Cascadas, donde si bien se le consideró culpable de distintos delitos, se le rebajó sustancialmente la multa.

-Me amarga esto. Fui un gran detractor de estos hechos cuando fui presidente de AFP Habitat, pero al menos quedé con la tranquilidad de que la justicia finalmente lo declaró culpable de haber generado un esquema para defraudar a los accionistas minoritarios, entre ellos los fondos de pensiones. Evidentemente que es ridículo el costo que le significó pagar. Mi principal molestia es que queda en evidencia que si alguien no tiene una conciencia ética importante, vale la pena defraudar, dado que el costo es muy inferior al beneficio obtenido. Hay una tarea pendiente en mejorar las multas. Con esto la gente siente que la justicia no es ecuánime.

¿Falta que los empresarios condenen rápido y con más fuerza estos delitos?

-Los gremios que tienen a SQM como afiliada han sido débiles en condenar. En un momento se ampararon en esperar el resultado de la justicia. Bueno, ahora la justicia resolvió, por lo que los gremios empresariales tienen que tomar medidas en esta materia.

Pese al estallido social no se ha concretado una reforma a las pensiones. ¿A qué lo atribuye usted?

-No ha habido una reforma, porque hay intereses diversos. Por ejemplo, hay quienes quieren borrar el sistema de capitalización individual y volver al sistema de reparto y que el Estado se haga cargo de los ahorros previsionales. Han pasado años desde que de distintos sectores han acordado aumentar el ahorro con un aporte adicional del 6% de las cotizaciones y aún no pasa nada. La responsabilidad la tiene el sector político.

¿Incluiría mejoras en el tema de pensiones en una nueva Constitución?

-Desde luego que se puede mencionar el tema, como un derecho a la pensión para las personas que no hayan tenido la capacidad de ahorrar para una pensión digna.

¿Qué le parece el proceso constituyente?

-A la Constitución actual hay que hacerle reformas, porque ha quedado obsoleta en algunos puntos. Pero el procedimiento no está claro hasta dónde nos va a conducir, lo que puede provocar un problema de vacío de poder y vacío de expectativas en el país por dos o tres años, lo que no es aceptable.

Ricardo Massu, presidente de Tanner: “El gobierno tiene que ponerse con las lucas. Deuda, rescate de fondos soberanos o vender el 10% o 20% de Codelco a las AFP”

¿Qué conclusiones saca a un año del estallido social?

-Que la sociedad ya está bastante inmune a las protestas y que éstas no tienen el mismo efecto e impacto que tuvieron el año pasado. Igual cosa ocurrió con los gilets jaunes en Francia, con las protestas en Hong Kong y con los disturbios con la consigna “Black Life Matters” en Minnesota. El efecto e impacto de estos movimientos ya no es y no será el mismo.

¿Qué acciones serían nocivas para el desarrollo del país?

-Me interesa que no haya otro retiro de las AFP. Sería un desastre. Y lo digo reconociendo que, sorprendentemente, el retiro del 10% no fue tan malo, porque tuvo sus beneficios y puntos positivos. Por ejemplo, desde que se concretó la medida, no he escuchado más “no más AFP”. La gente pensaba que las AFP no funcionaban, que no era cierto que tenían los dineros de las personas, pero esto demostró lo contrario y validó a las AFP. El mercado de capitales es tremendamente importante para Chile, el desarrollo de las empresas y de las fuentes de trabajo, por lo que las AFP no debieran seguir siendo cuestionadas. Hay que seguir para adelante y que se llegue a un acuerdo en aumentar la cotización previsional en 6%. No toquemos más a las AFP, y si se hace, que sea para ayudarlas a invertir en cosas que puedan solucionar problemas.

¿Qué otros aspectos le sorprendieron del retiro del 10%?

-En Tanner nos sorprendió particularmente cómo se pusieron al día varios deudores morosos. Fue sorprendente. La cartera de créditos automotrices, que tenía un porcentaje de mora con los tiempos que se viven, se puso totalmente al día. Al contrario de lo que se pensaba, que la gente no iba a pagar con esto de la crisis o que se iban a hacer los lesos, se pusieron al día. Es una muy buena señal el comportamiento que se vio de los chilenos.

¿Y si les siguieran faltando recursos a las personas en la crisis?

-El gobierno tiene que ponerse con las lucas. Deuda, rescate de fondos soberanos, emisiones especiales o, mejor aún, vender el 10% o 20% de Codelco a las AFP. Si todo el dinero que se recaude con ello fuera a repartir, es probable que los parlamentarios empujen eso. Ese porcentaje hipotéticamente vendido a las AFP pertenecería a todos los chilenos y las administradoras estarían más validadas. Conjuntamente con eso, se impulsaría a que Codelco sea más competitivo y tenga un gobierno corporativo que lo haga bien y sea más transparente -a propósito del caso de fraude en los seguros que tuvo la estatal-. Se legitimaría más la administración de Codelco.

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