La política pública en movilidad eléctrica, iniciada en 2017 con la Estrategia Nacional de Electromovilidad, revisada y perfeccionada en el tiempo, se ha basado en generar las condiciones habilitantes para el despliegue gradual de la movilidad eléctrica, en la medida que sea una solución costo eficiente, lo que ya se ha evidenciado para el transporte público y el de última milla.