En fallo dividido, el pasado 27 de junio, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar inconstitucional la aplicación del artículo 4 inciso final de la Ley 19.983, que sanciona con indemnización -a beneficio del prestador- de entre dos y hasta cinco veces, el monto de una factura, a las empresas compradoras de bienes y servicios que no estampan el recibo de dicha factura dentro de los ocho días establecidos en la ley.