"Una causa importante de los disturbios es la ira de los chilenos ante la corrupción y la impunidad", dice un comunicado de Transparencia Internacional del 30 de octubre, a solo 12 días de producido el estallido social, dando cuenta de que una de las fuentes del enardecimiento de una parte de la población estaba enraizada en actos de corrupción que no fueron sancionados con dureza y a tiempo.

Chile debe adoptar medidas urgentes para mejorar los estándares con que reaccionamos ante estos casos. No son errores administrativos o malas prácticas, sino delitos tipificados en cuerpos legales vigentes. Las recientes declaraciones del presidente de la CPC, en el sentido de demandar sanciones de cárcel para delitos económicos, refrendan la importancia de que la ciudadanía no perciba que hay tolerancia con el delito de cuello y corbata, pero máxima severidad con el delito común.

Transparencia Internacional (TI) recomendó adoptar medidas para reforzar la protección del denunciante de la corrupción. Según cifras del Ministerio Público, en Chile, los casos por corrupción representan apenas el 0,2% del total de denuncias tramitadas lo que puede significar dos cosas: o que la prevalencia efectivamente es muy baja o que no se están detectando todos los casos.

Me inclino por la segunda tesis, ya que una de las debilidades que TI destaca es la poca protección que nuestra legislación ofrece a los denunciantes. Chile Transparente firmó un convenio con el Ministerio Público este año para facilitar el funcionamiento de un Sistema de Protección de Víctimas de Corrupción de modo de entregar asistencia legal a los testigos.

Con la dictación de la Ley 21.121 sobre cohecho, soborno entre particulares y administración desleal, Chile avanzó enormemente, pero la tarea no está terminada. Aún falta asumir un compromiso mucho más profundo y decidido con la adopción de programas preventivos de cumplimiento e integridad por parte de todas las organizaciones, sean públicas o privadas.

Lo esencial es que el Estado, el mundo privado y también la justicia, den una señal de tolerancia cero a la corrupción, ya que está demostrado que la proliferación de casos y la sensación de impunidad, han actuado como acelerante del descontento social. La primera línea que hay que establecer es contra los actos corruptos y de protección a aquellos que se atreven a denunciar y aportar con transparencia e integridad a un modelo que necesita legitimidad de manera urgente.