US$422 millones era lo que Puerto Rico debía pagar ayer a sus acreedores; sin embargo, tras un anuncio realizado por el goberanador de la Isla, Alejandro García Padilla, ésta cayó en el primer impago masivo de su historia, en medio de una crisis de liquidez que arrastra hace una década.

“Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa, que francamente hubiese preferido no tomar”, pero “la crisis humanitaria se hace cada día más profunda”, explicó García en un mensaje público a la ciudadanía, en el que acusó a Estados Unidos de no ayudarlos a tiempo.

Según explicó, el sábado firmó la orden ejecutiva que autoriza una moratoria temporal en el pago de la cantidad parcial de la deuda de US$422 millones de las notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Gobierno de Puerto Rico.

El compromiso de Puerto Rico con los bonistas, es parte de una deuda pública que sostiene con acreedores por más de US$70 mil millones; sin embargo, el mismo García ha señalado que no es factible que ésta sea saldada en los términos que fue acordada.

De hecho, pese a que el anuncio del impago fue realizado ayer a través de una cadena televisada, ya el miércoles de la semana pasada había señalado a los medios que no había opciones de hacer frente al pago.

“El próximo lunes hay un impago. Lo estoy diciendo hoy”, indicó en la ocasión.

Según ha señalado el gobernador, no está dispuesto a sacrificar servicios para la población a cambio de pagar la deuda.

“Nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia, en vista de que el Congreso (federal) no ha actuado. Una de esas medidas es poner en vigor la Ley de Moratoria, que busca proteger el pago de los servicios básicos a nuestra gente, mientras Puerto Rico continúa luchando para superar la peor crisis fiscal y humanitaria que ha enfrentado en su historia”, indicó ayer.

En un marco en que los esfuerzos que ha hecho la isla para crear un mecanismo legal que les permita manejar una reestructuración financiera no han dado frutos. El tribunal federal de Estados Unidos en San Juan declaró inconstitucional la ley aprobada en la isla para permitir que el municipio y las corporaciones públicas se declaren en quiebra.

“No queremos un rescate financiero. Ni nos lo han ofrecido. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de EEUU. Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable”, argumentó.