Once días tomó el Tribunal Constitucional (TC) para pronunciarse respecto de la admisibilidad de los requerimientos que presentó la oposición para volver a frenar la aplicación de la Reforma Laboral. La decisión se tradujo en una estrecha votación, al punto que los reclamos terminaron con votos divididos, de cinco a cinco, debiendo ser zanjado el trámite por el voto dirimente del presidente del organismo, Carlos Carmona.

Se trata de una facultad legal garantizada en el artículo 8 letra g de la Constitución, donde se precisa que es atribución del presidente “dirimir los empates, para cuyo efecto su voto será decisorio”. En el mundo legal explican que esta modalidad es bastante común, especialmente en la fase de controles obligatorios que deben cumplir todas las leyes.

Según informó ayer el secretario del TC, Rodrigo Pica, la decisión de declarar inadmisible el requerimiento de Chile Vamos estuvo marcada porque fue presentado fuera de plazo. “La discusión acerca de la admisibilidad giró en torno a la oportunidad para formular el requerimiento de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 de la Constitución (...). Los requerimientos están formulados fuera de plazo, según entendieron cinco ministros del Tribunal, incluido el presidente que hizo uso de su voto dirimente”, precisó.

Cabe recordar que tanto en el fallo que derribó la glosa de gratuidad en la Ley de Presupuestos 2016 como en el primer dictamen del TC contra la Reforma Laboral, que declaró inconstitucional la titularidad sindical y la extensión de beneficios vía afiliación, la alineación de votos de los ministros fue seis a cuatro, con inclinación hacia los postulados de la centroderecha.

Sin embargo, trascendió que en la votación de ayer se produjo el descuelgue de la ministra y ex presidenta del TC, Marisol Peña, quien habría estado por rechazar el recurso. Por la fundamentación de su voto en fallos anteriores, Peña ha sido sindicada como proclive al pensamiento de centroderecha.

Desde el órgano de control constitucional dicen que la fundamentación de la sentencia de inadmisibilidad se conocerá en los próximos días y añaden que ahora el organismo se abocará al trámite de control obligatorio de constitucionalidad, tras lo cual el proyecto quedará en condiciones de ser promulgado como ley.

Alegatos. El TC declaró inadmisible el requerimiento tras escuchar los alegatos del Gobierno y de la oposición. Durante la audiencia, el abogado de la Segpres, William García, planteó que la impugnación era extemporánea por haberse presentado después del 28 de junio, cuando a juicio de La Moneda ya se cumplían los cinco días hábiles desde el despacho del veto a la Reforma Laboral en el Congreso.

“Se trata de un caso inédito. Nunca antes se han utilizado afirmaciones que contienen acusaciones infundadas y de mala fe. Se trata además de un caso trascendente en que el TC ha de actuar con extremada responsabilidad. De lo resuelto podrá depender un cambio en las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y asimismo entre éstos y el TC (...). Los requirentes (los parlamentarios opositores) están actuando de una manera arbitraria y son víctimas de un error y pretenden que el TC se rebaje a la altura de ese error”, dijo García.

El litigante de Chile Vamos, Miguel Ángel Fernández, centró su defensa en el plazo legal planteado por el Gobierno:“Los requerimientos están perfectamente dentro de plazo y el TC debiera conocer las cuestiones de fondo de este requerimiento”.

Desde el Gobierno, el ministro vocero Marcelo Díaz valoró que el TC haya declarado inadmisible el reclamo y llamó a la oposición a que si bien “podrán no compartir la sentencia, pero deben acatarla”.

Por el lado requirente, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, acusó el revés que sufrieron: “Acatamos, pero dejamos constancia de que es un fallo absurdo y qué contradice la jurisprudencia del propio Tribunal (...) Le pido al Gobierno darle cumplimiento al fallo, ya que no lo hemos logrado hacer a través del Tribunal. Es tiempo que el Gobierno se dé cuenta que tiene la responsabilidad de evitar la judicialización a través de normas que permitan que los trabajadores no afiliados puedan negociar colectivamente porque con las normas actuales difícilmente lo podrán hacer y si lo hacen se va a producir el caos judicial”, dijo.