La reforma agraria es quizás una de las políticas públicas más polémicas que se hayan impulsado en Chile. Si bien hace 50 años, al momento de publicación de la ley 16.640 (16 de julio de 1967) que dio inicio a la reforma, la propiedad de la tierra, la capacidad productiva y la relación entre el agricultor y sus trabajadores eran diametralmente distintas a las que hoy conocemos, lo ineludible es que esta iniciativa trajo complejos cambios políticos y sociales. El gran problema de la Reforma Agraria es que fue una política pública diagnosticada, abordada e implementada desde el descontento y el enfrentamiento entre diferentes actores sociales, marcando claras diferencias entre trabajadores y propietarios, desencadenando así molestia, enfrentamiento y quiebres sociales que hasta hoy se mantienen. Evaluar intenciones, 50 años después, no es justo ni apropiado, pero es indesmentible que la mega transformación social que significó la Reforma Agraria desencadenó una división sin parangón. Ese es justamente el problema de las políticas públicas ideologizadas: cuando como país se busca hacer grandes transformaciones sustentadas en la división y el enfrentamiento social, los resultados son previsibles. La preocupación de los gobernantes y legisladores debe ser justamente lo opuesto: se debe apuntar a lograr cambios y evoluciones, pero con consensos y acuerdos que aseguren no sólo el éxito de los proyectos, sino también una visión de país de largo plazo.

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